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| EL ENCUADRE SISTEMÁTICO DEL FRAMING MEDIÁTICO, CONCEPTO QUE REFIERE A UNA PRÁCTICA PERIODÍSTICA QUE CONSTRUYE UN MARCO NARRATIVO PARA DAR LUGAR A UNA POSICIÓN CORPORATIVA. IMAGEN: V3RTICE.COM |
Elecciones en Colombia /
Diario
RedCuando el método periodístico se disfraza de neutralidad mientras ejerce un interrogatorio punitivo / En esta segunda parte de la investigación Mercenarios de la comunicación, desde Diario Red desvelamos el encuadre sistemático del framing mediático, concepto que refiere a una práctica periodística que construye un marco narrativo para dar lugar a una posición corporativa.
Diana Carolina Alfonso 22/05/26 | 10:00
Un ejemplo de esta práctica se dio el 22 de mayo, cuando el periodista Félix de Bedout entrevistó al presidente Gustavo Petro en Caracol Radio. "¿Qué hizo usted en Manta, presidente? ¿Con quién se reunió en Manta? ¿Conoció [al narcotraficante] alias Fito?", inquirió el periodista ante el silencio de sus compañeros, a lo cual el presidente respondió enojado: “Hermano, por favor respéteme, yo no soy un bandido... ustedes hacen la pregunta con esa intención”.
► À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR
El mandatario explicó que el gobierno ecuatoriano lo invitó, que llevaba escoltas colombianos y ecuatorianos, que la trama de un supuesto encuentro con alias Fito era técnicamente imposible: "Entonces el señor Fito pasó por todos los círculos de la policía colombiana y ecuatoriana y habló conmigo? (...) ¿Por qué Noboa habla de eso? Porque yo dije que había un preso político en Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas, un ciudadano colombiano".
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| PROGRAMA DE GOBIERNO 2026-2030 |
En este caso de framing, el entrevistador es un fiscal, el entrevistado un acusado, y el público nunca escucha la presunción de inocencia porque el encuadre ya la eliminó.
Graves precedentes mediáticos
El 27 de noviembre de 2018 en el Senado se debatía el escándalo de Odebrecht. El fiscal general uribista Néstor Humberto Martínez estaba acorralado por un escándalo que indicaba que el proyecto Ruta del Sol II, otorgado en el gobierno de Uribe, había sido adjudicado con coimas. Tres semanas antes del debate, Jorge Enrique Pizano, testigo clave del escándalo, había muerto de un infarto y su hijo falleció envenenado por cianuro días después. El Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo —que donó 2.450 millones de pesos al Centro Democrático ese año—, también estaba en el ojo del huracán.
Según documentos y grabaciones obtenidas por El País de España, el excanciller Álvaro Leyva Durán —nombrado por Petro y luego suspendido por la Procuraduría— habría viajado a Washington para reunirse con el congresista republicano Mario Díaz-Balart
En ese espinoso momento intervino la senadora y hoy candidata de la ultraderecha Paloma Valencia. Según reconstruyó La Silla Vacía, la senadora dedicó 16 minutos de su intervención a defender al Grupo Aval. En la segunda parte de su diatriba, Valencia proyectó un video donde se veía a Gustavo Petro recibiendo fajos de billetes. El video no aportaba nada sobre Odebrecht. No era el tema. Pero cumplió el objetivo al cambiar el eje del escándalo.
Dos años y medio después, la Corte Suprema concluyó que no había nada ilegal en el video. Se trató de 20 millones de pesos prestados por el arquitecto Simón Vélez para financiar la campaña de Gustavo Petro. Pero el daño ya estaba hecho. Como recordó el entonces senador Jorge Robledo: “Néstor Humberto estaba contra las cuerdas y Paloma le tiró un salvavidas... El debate se levantó y el tema en los medios cambió por completo”. Recordemos que el Grupo Sarmiento Angulo envuelto en este escándalo es dueño de una de las mayores casas editoriales del país: El Tiempo.
La operación Leyva y el rumor de adicción
El 30 de junio de 2025, Diario Red publicó la investigación Traición a la Patria: así reaccionaron las fuerzas políticas al fracasado golpe de Estado en Colombia. Según documentos y grabaciones obtenidas por El País de España, el excanciller Álvaro Leyva Durán —nombrado por Petro y luego suspendido por la Procuraduría— habría viajado a Washington para reunirse con el congresista republicano Mario Díaz-Balart, conocido por su beligerancia contra los gobiernos progresistas de la región. Según los audios, Leyva exploraba reemplazar a Petro por la vicepresidenta Francia Márquez.
En ese contexto de intento de desestabilización, que el gobierno calificó como "traición a la patria", un delito que según el artículo 455 del Código Penal puede alcanzar los 30 años de prisión, la periodista María Jimena Duzán había publicado días atrás una carta abierta en Cambio que rezaba: “Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele”. “Hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones... tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción”. El rumor había tomado aire meses atrás en los pasillos del pasquín de ultraderecha Semana.
Nunca hubo una sola prueba. De hecho, en las diligencias realizadas por la justicia, el promotor de esos rumores, Álvaro Leyva, ha tenido que admitirlo. Pero el encuadre ya estaba sembrado. La oposición uribista propuso exámenes médicos obligatorios en el Congreso y, lejos de recular, la periodista Duzán inquirió contra el mandatario: "Déjese tratar, presidente, que el país y su proyecto político están de por medio".
Ninguno de los tres periodistas ha preguntado a Paloma Valencia por los abusos cometidos por su abuelo, el expresidente Guillermo Valencia: impulsor del paramilitarismo a través del decreto 3398
El miedo comunista: un fantasma fabricado
El framing ha sido más explícito contra el candidato Cepeda. La palabra “comunista” se emplea en este framing mediático como una marca de ilegalidad, miedo y sospecha: un atajo hacia el descrédito.
El 17 de mayo, en Noticias RCN, el entrevistador le preguntó al candidato del Pacto Histórico: “Me dijeron que Iván Cepeda radical, dogmático, es un fanático de izquierda extrema, ¿usted es así?”. El mismo encuadre usaron en sus respectivas entrevistas María Jimena Duzán y Daniel Coronell, expresidente de Univisión Noticias. Nótese la construcción. No es el periodista quien dice que Cepeda es un fanático o un enemigo comunista, es “la gente”. Una “gente” anónima, sin rostro, sin encuesta que lo respalde, que existe solo en este marco narrativo inquisitorial.
Que quede claro que ninguno de los tres periodistas ha preguntado a Paloma Valencia por los abusos cometidos por su abuelo, el expresidente Guillermo Valencia: impulsor del paramilitarismo a través del decreto 3398; responsable del Plan Lazo por cual surgieron las guerrillas como respuesta al terrorismo de Estado; la imposición de prácticas contrainsurgentes estadounidenses en las que se torturó, desapareció y desplazó a miles de campesinos, etc. La construcción de esa estructura histórica de poder ha sido expuesta meticulosamente en este medio.
HondurasGate y la red internacional
El 15 de mayo, Cuestión Pública publicó El 'pirata digital' de Paloma: estratega de presidentes salpicados en el HondurasGate trabaja para la candidata del Centro Democrático. La investigación reveló que Luís David Duque, asesor mediático de Paloma Valencia, fue uno de los estrategas que asesoró a Nasry Asfura en su cuestionada carrera hacia la presidencia. Al respecto, el presidente Petro denunció la operación sobre el software electoral por parte de la empresa ASD, filial de Thomas Greg &' Sons, la misma firma que ha impedido la veeduría al programa que se encarga del recuento de votos.
¿Qué hacía Luís David Duque? Según la investigación de Cuestión Pública, Duque fue señalado de coordinar acciones de desinformación a través de bots, cuentas falsas y páginas web para posicionar narrativas favorables al Partido Nacional del candidato Asfura y del narcotraficante y expresidente Juan Orlando Hernández. Ya en octubre de 2021, Contracorriente denunció una red de páginas y medios falsos que difundieron narrativas negativas sobre Xiomara Castro, hoy presidenta de Honduras. Meta eliminó 12 cuentas de Facebook, 172 páginas y 11 cuentas de Instagram que habían invertido 285.000 dólares en publicidad. Twitter suspendió 1.379 cuentas el día de las votaciones.
El presidente Petro denunció la operación sobre el software electoral por parte de la empresa ASD, filial de Thomas Greg &' Sons, la misma firma que ha impedido la veeduría al programa que se encarga del recuento de votos
El asesor estrella de la candidata Valencia se autodefine como un “pirata estoico”. Ese tipo de mercenarios de la comunicación podrían estar detrás de las campañas de desinformación que han salpicado el proceso electoral como veremos a continuación.
El audio falso de las disidencias
El 15 de mayo, Noticias RCN difundió el titular “Disidencias de alias Calarcá piden apoyar a un candidato y ordenan que la gente esté carnetizada”. El audio de la nota, atribuido a alias Rogelio Benavides de las disidencias de las FARC, supuestamente instruía votar por “el compañero Iván Cepeda”. Dos días después, el 17 de mayo, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado afirmando que “los audios difundidos son extorsivos y corresponden al sujeto Jefferson Antonio Ordóñez, conocido con los alias de 'Sergio' o 'David', quien se hizo pasar por alias 'Rogelio Benavides'... Este sujeto fue capturado el 20 de mayo de 2022 por los delitos de porte ilegal de armas y extorsión, y se encuentra recluido en el Complejo Carcelario de La Picaleña, en Ibagué”. Pese al escándalo del bulo, ese mismo día, y lejos de retractarse, RCN insistió: “Contradictorias las versiones sobre audio en el que disidente pide apoyar a un candidato”.
Luis Carlos Vélez, hoy influencer de YouTube y exdirector de la emisora La FM (RCN), amplificó sin mediaciones este bulo. En su programa del 15 de mayo tituló: Techo electoral de la izquierda: ¿Mito o realidad?, y en la descripción escribió: “¿Qué dicen los audios de alias Calarcá sobre Iván Cepeda? En las grabaciones reveladas, el jefe de las disidencias instruye a las comunidades bajo su control para que apoyen la candidatura de Cepeda”.
Pese al desmentido oficial, el video sigue en su canal sin rectificación. ¿Cómo explicar la posición partidaria del influencer? La revista Al Punto destapó el 19 de abril que Vélez compró un apartamento en Bristol Tower, en Brickell Avenue (Miami), por 1,2 millones de dólares en 2021. El mismo apartamento fue ofertado por más de 3 millones. El vendedor del inmueble era Abeluci LLC, una empresa cuyos managers son Abelardo de la Espriella y su esposa Lucía Pineda.
Falsas banderas: el caso de las coronas fúnebres
“A lo largo de estos meses he recibido en distintas oportunidades información precisa sobre intentos de atentar contra mi vida” denunció Iván Cepeda el 17 de abril.
Los fotomontajes no surgieron de estructuras criminales sino de una cuenta de TikTok llamada Colombia Oscura, manejada por Carlos Marín, un perfil abiertamente uribista que apoya a Paloma Valencia
Cinco días antes, el expresidente Álvaro Uribe había publicado en sus redes sociales las fotos de dos coronas fúnebres con los nombres de sus candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Sin embargo, los fotomontajes no surgieron de estructuras criminales sino de una cuenta de TikTok llamada Colombia Oscura, manejada por Carlos Marín, un perfil abiertamente uribista que apoya a Paloma Valencia. Uribe amplificó en tiempo real el montaje dándole la dimensión nacional que sus autores buscaban. Mientras tanto, la amenaza real contra Cepeda —con informes de inteligencia de por medio, según declaró el presidente Petro en un Consejo de Ministros el 19 de mayo— quedó diluida en el ruido de las falsas banderas.
El calvario de Rosa Elvira Cely
Otro escándalo por abuso explotó en la campaña de Abelardo luego de que el candidato presionara a una periodista a mirar su miembro. “Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, dijo la periodista Laura Rodríguez. Frente al escándalo, De la Espriella aseguró: “Aquí, el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes: hay dos leyes que así lo demuestran, la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely”.
El candidato se atribuyó la tipificación del feminicidio como delito autónomo en Colombia. Sin embargo, la hermana de Rosa Elvira, Adriana Cely aseguró que “Él nos trató mal. Y si tan feminista es, ¿por qué nos trató así?". Adriana recordó que De la Espriella le envió un contrato para llevar la demanda administrativa con cláusulas leoninas: no podía mostrarlo a medios, el dinero de la reparación de su sobrina entraría a una cuenta del abogado. Cuando Adriana salió de una cirugía, De la Espriella la llamó molesto ante la negativa de la mujer “¿Usted qué va a saber de justicia?”, le dijo en tono insultante. Fue grosero y violento. Le advirtió que si no firmaba, hasta ahí llegaban y cumplió su amenaza.
“Miente al decir que gracias a él se hizo la ley de feminicidio. Si de verdad tenía un enfoque de género, ¿por qué nunca utilizó el agravante del asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer?”, respondió Cely sobre la ley de feminicidio. La abogada Isabel Agatón, que lideró la redacción de la ley, aseguró que no hubo ninguna participación por parte de De la Espriella. La exministra Gloria Inés Ramírez, entonces senadora que impulsó la ley, coincidió.
De la Espriella usó el nombre de una mujer asesinada brutalmente para adornar su campaña y, por si fuera poco, en el contexto electoral la mención del caso ha puesto en alerta a la familia de la víctima: “en este momento, me da terror pensar que por hablar pueda pasarme algo a mí o a mi familia, y lo hago responsable de cualquier cosa que nos llegase a pasar”, aseguró Adriana.
Lo que ocultan los medios
Abelardo no solo es famoso por sus litigios a favor de narcotraficantes. El Espectador reveló que Carlos Suárez Rojas, el verdadero gerente de su campaña, fue abogado de Salvatore Mancuso, uno de los jefes paramilitares más sanguinarios de Colombia. Pese a toda evidencia, la prensa conservadora como El Colombiano se ha encargado de ocultar a toda costa esos vínculos paramilitares.
Lo que los grandes medios tampoco cuentan es que el sistema electoral colombiano está privatizado. En una investigación de la Revista Raya, se dio a conocer que Thomas Greg & Sons —liderada por los hermanos Bautista, con ex presidentes como Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos en su junta directiva— maneja el 91,44% de la organización electoral a través de la Unión Temporal Integración Logística Electoral (ILE), por un contrato de 2,1 billones de pesos.
El software de escrutinio —que según una sentencia del Consejo de Estado de 2018 debía ser público y auditado por el Estado— sigue siendo operado por privados. Indra, la multinacional española en la que el Estado español tiene participación, consolida los resultados nacionales. Grupo ASD, señalado de fraude en Honduras, salió de la unión temporal solo después de que el presidente Petro lo denunciara en una alocución. Y JAHV McGregor, la firma auditora, certificó sistemas que, según la Misión de Observación Electoral y la Fundación Karisma, fueron auditados de manera opaca.
Las corporaciones privadas de la comunicación que cubren a la derecha y sus candidatos, además de ocultar información, se muestran incapaces de enfrentar las propuestas delirantes de sus candidatos. Por ejemplo, De la Espriella propone reducir el Estado en un 40%, aun cuando el 93% del gasto público es inflexible. Por supuesto, hasta el momento ningún medio conservador destacó esta locura.
La ley de encuestas: el doble rasero de la Silla Vacía
El 15 de mayo, La Silla Vacía publicó La ley de encuestas ahoga los estudios de opinión en plena campaña. El medio, señalado como aliado del Proyecto Júpiter por el excanciller Jaime Bermúdez, presentó la ley de encuestas como una mordaza que estaba ahogando a las firmas encuestadoras. Lo que La Silla Vacía no dijo es que la ley fue una respuesta a décadas de manipulación encuestadora. A propósito, la revista Raya entrevistó a la estadística Hanwen Zhang, quien explicó que “antes de la nueva ley, las firmas entregaban la ficha técnica que dice: 'Nosotros hicimos esto, esto, esto'. Y pues a uno le toca creer porque no hay insumo para verificar... Ahora tienen que entregar muchos insumos adicionales”.
El problema es más político que técnico. La revista Semana —que ha publicado encuestas sistemáticamente favorables a De la Espriella— contrató a Atlas Intel para un sondeo que presentó como encuesta. Según la ley 2494 de 2025, los sondeos sobre intención de voto están prohibidos. Zhang lo documentó en su cuenta de X: “La publicación de la encuesta Atlas Intel por parte de la revista Semana sería ILEGAL... No es una encuesta, sino un SONDEO. La selección de los encuestados no obedece un proceso de muestreo probabilístico”.
El Consejo Nacional Electoral abrió investigaciones contra Atlas Intel y contra Semana, pero en el encuadre de La Silla Vacía eso no es noticia de transparencia sino una mordaza a la libertad de expresión.
Diario Red recordó que esa mecánica de estigmatizar y luego silenciar, fue la que precedió al asesinato de miles de periodistas como Jaime Garzón, acribillado en 1999 por paramilitares con la complicidad del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
Bulos y persecusión a la prensa alternativa
El 7 de abril, El Espectador reconoció que un informe del presunto centro de pensamiento Digital News Assoc (DNA), según el cual Rusia pagaba a más de 1.000 periodistas para difundir desinformación en América Latina, era un posible bulo. El Espectador admitió que no existió información suficiente sobre el presunto centro de pensamiento, “ni siquiera una página web para contactarles”. El mea culpa fue tardío. El bulo ya había corrido por decenas de medios en toda la región.
Mientras tanto, la Procuraduría —bajo la dirección de Gregorio Eljach— abrió una investigación contra RTVC, el sistema de medios públicos, acusándolo de favorecer al gobierno en las elecciones legislativas del 8 de marzo. A propósito, en Diario Red publicó una investigación que evidenciaba que el delegado de la Misión de Observación de la Unión Europea, Esteban González Pons —militante del Partido Popular español, negacionista de la memoria histórica y defensor de Israel en el Parlamento Europeo—, había señalado a RTVC como un medio partidista.
El informe de González Pons, cuya propia militancia política y vínculos con casos de corrupción como el Gürtel lo descalifican para dar lecciones de democracia, sirvió de coartada para que la Procuraduría desatara una cacería de brujas contra Hollman Morris, gerente de RTVC. Acto seguido, la Procuraduría pidió información sobre los lineamientos editoriales, contratos y selección de invitados del medio público.
Diario Red recordó que esa mecánica de estigmatizar y luego silenciar, fue la que precedió al asesinato de miles de periodistas como Jaime Garzón, acribillado en 1999 por paramilitares con la complicidad del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Cómplice el que difunde
En Colombia, el sistema mediático funciona como un partido político, con sus candidatos, sus encuadres, sus operaciones de desinformación y sus intereses económicos. Con todo, detrás de los titulares que se presentan como neutrales hay apellidos que pesan más que las portadas. Luis Carlos Sarmiento Angulo controla el engranaje de Casa Editorial El Tiempo; la familia Santo Domingo domina Caracol Televisión; Ardila Lülle sostiene RCN; Valorem extiende su influencia mediática; y el sionista Jaime Gilinski, dueño de Semana, avanza sobre nuevos espacios informativos. Son cinco propietarios bajo una misma disputa: distorsionar el relato de la nación.
Con honrosas excepciones, el periodismo corporativo colombiano funciona como un poder alineado. La pregunta no es si hay un plan orquestado para tumbar a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales del 31 de mayo. La pregunta es si, en este bestiario, alguien podría llegar a la presidencia sin pasar por el aro del framing conservador. Como lo dijo la hermana de Rosa Elvira Cely cuando aseguró: “Me da terror pensar que por hablar pueda pasarme algo”. Ese terror es el que siembran las operaciones de prensa cuando dejan de informar para interrogar, desviar y fabricar miedo.
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