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| LAS FFAA REALIZARON ESPIONAJE POLÍTICO INTERNO |
A través de los correos electrónicos filtrados a partir del hackeo al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, se sabe de accesos a documentos de organizaciones sociales y sindicales, seguimientos de movilizaciones y actuaciones de partidos políticos, y de análisis de la situación política nacional. Se comprueba que los militares no hacen Inteligencia hacia partidos de derecha o gremios empresariales, pero sí hacia organizaciones sociales y colectivos de izquierda.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 24/09/2022.
El hackeo de 400 mil correos electrónicos de la base documental del Estado Mayor Conjunto (EMCO), mostró, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas (FFAA) siguen realizando labores de Inteligencia sobre organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda, monitorean manifestaciones y actividades civiles, y efectúan análisis de coyuntura política, algo que formaría parte de la planeación de labores comprendidas dentro de la tesis de “
un enemigo interno” para la seguridad nacional.
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De acuerdo a los documentos filtrados, se supo que hubo labores de espionaje de los militares en el velatorio del cantautor Patricio Manns, en marchas de movimientos sociales, sobre actividades políticas y comunitarias en La Araucanía, sobre la Mesa de Unidad Social, respecto a supuestos planes del Partido Comunista, y de “partidos de extrema izquierda”.
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Desde el Estado Mayor Conjunto se hicieron análisis políticos y descripciones sobre las actividades de sectores sociales y de la sociedad civil, así como de seguridad pública, entregando opiniones políticas al Gobierno de Sebastián Piñera, en particular a su ministro de Defensa, Baldo Prokurica.
Esta sería una práctica alejada de las funciones institucionales de las FFAA, entidad que debe encargarse de asuntos de Defensa y relacionados con ámbitos militares externos. De hecho, lo referente a seguridad pública debe estar alojado en Carabineros y la Policía de Investigaciones. Además, se podría inferir que el Estado Mayor de la Defensa se metió en actividades que le corresponden a la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia).
En los correos no hay ninguna revelación de que los militares hayan realizado seguimiento o vigilancia a partidos de derecha, a orgánicas ultraderechistas o gremios empresariales, lo que contrasta respecto a organizaciones populares, partidos de izquierda y grupos definidos como “de ultraizquierda”.
Llamó la atención que conocido este caso de hackeo que habría expuesto documentación sobre ciberseguridad, comunicaciones, fronteras, seguridad nacional, entre otros, representantes de la derecha, medios de prensa afines a los altos mandos militares, legisladores e incluso autoridades de Gobierno no hayan hecho, hasta el momento del cierre de esta nota, comentarios sobre la revelación de labor de Inteligencia y análisis de los militares sobre asuntos políticos y sociales internos.
Información política interna
Hay varios ejemplos de la actividad de Inteligencia militar sobre sucesos políticos y sociales, que sirvieron como insumo para el Ejército, la Armada y la Fach, así como para el Gobierno de Sebastián Piñera.
Un reporte conocido gracias a la filtración, es sobre la Mesa de Unidad Social, conformada en el marco de las manifestaciones populares en octubre de 2019. Se describe quiénes la conformaron (Central Unitaria de Trabajadores, Coordinadora No+Afp, Anef, Confech, Confusam, Fenpruss, Colegio de Profesores, Fenats, Cones, trabajadores portuarios y la Federación de Trabajadores del Cobre, entre otras) y cuáles serían sus objetivos: “Exigen principalmente que el Presidente Sebastián Piñera termine con el Estado de Excepción, atienda los problemas que generaron la crisis social, y la creación de una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución Política, entre otros”.
Según lo conocido ahora, Inteligencia militar definió que la conducción del estallido social, a días de producirse, estaba precisamente en manos de la Mesa de Unidad Social. Se sostuvo que “a diferencia de días anteriores, en la cual la autoridad enfrentaba una protesta social sin un interlocutor definido, a contar del día de hoy esta situación cambió, pasando a tener un claro y organizado frente que asume ese vacío”, con la MUS.
En algunos de los correos de finales de octubre de 2019, en el marco de la revuelta popular, se lee que “las convocatorias han ido en aumento, demostrando un mayor apoyo hacia las demandas de los movimientos Gremiales, Sociales y Estudiantiles, alcanzando un nivel de convocatoria transversal en cuanto a estratos sociales, permitiendo sumar adherentes”. Se expuso que “también se ha presentado como una de las razones de la movilizaciones en las distintas ciudades del país, demandando junto al término del Estado de Emergencia, el retiro de los militares a sus cuarteles”.
De hecho, los militares reconocen que tuvieron acceso (porque forma parte de sus investigaciones sobre el movimiento social) al documento de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), titulado “Huelga general, por el derecho de vivir en paz. Militares a sus cuarteles, fin a la desigualdad social”. En los archivos del Estado Mayor Conjunto está todo el contenido de ese texto y se resaltan las actividades programadas por la entidad de los funcionarios del Estado. En base a esos y otros correos se evidencia que hubo seguimiento a instructivos y planes de diversidad de organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles.
En una clara intencionalidad política, en su momento, desde el EMCO salió la apreciación de que la Mesa de Unidad Social “contribuiría a que continuaran los disturbios aislados a nivel nacional y principalmente en el sector céntrico de Santiago por parte de grupos violentistas, actuando de manera más radical y coordinada en las acciones de violencia callejera, atentando contra la vida de los funcionarios policiales”.
Además, que “pretenden generar las condiciones para reactivar el estado de excepción constitucional, intentando demostrar la inefectividad y pasividad política del Ejecutivo, dañando y afectando la gobernabilidad democrática del país, deslegitimando a S.E. el Presidente de la República, para lograr un cambio constitucional”.
Uno de los textos de análisis de Inteligencia sostiene que “siguiendo una planificación de convocatorias, (a) objeto mantener un clima de agitación social”, se detecta al acceder a convocatorias y documentos de organizaciones sociales y políticas. Se establece que “agrupaciones anárquicas, lumpen y organizaciones subversivas, aumentarán sus acciones violentas contra la propiedad privada, mobiliario público, infraestructuras críticas, locomoción colectiva, centros comerciales y otros, manteniendo un estado de agitación social y caos permanente”. Por cierto, no se indica cuáles son esas “organizaciones subversivas”, en una caracterización que viene de los tiempos de la dictadura.
En los documentos filtrados se hace referencia a que el Partido Comunista estaría buscando llevar a cabo una acusación constitucional contra el Presidente Piñera y el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Las cosas llegan al punto que, según los militares, “sectores más cercanos a la extrema izquierda insisten en responsabilizar al Gobierno por los hechos de violencia y muertes ocurridas” y se señala que “los partidos de extrema izquierda continuarán transmitiendo a través de grupos sociales, sindicales, estudiantiles y otros, su ideología con más fuerza, aprovechando el recuerdo del gobierno militar, objeto de justificar su causa y mantener la desconfianza social hacia los esfuerzos del Ejecutivo para restablecer el orden público, haciendo uso de las fuerzas de Orden y FF.AA.”.
Un asunto es que no se sabe a ciencia cierta cuáles son, para los militares, los “partidos de extrema izquierda”, pero dado el mapeo de colectividades políticas chilenas existentes, estos serían simplemente las organizaciones de izquierda incluso con representación parlamentaria.
En esa línea de análisis y, por cierto, inmiscuyéndose en temas políticos internos y de seguridad pública, que no tiene nada que ver con Defensa o Inteligencia externa para garantizar la seguridad nacional, los correos del Estados Mayor Conjunto de las FFAA hablan de “grupos sociales…con mayor organización, conducción y adherencia de manifestantes, con objetivos claros respecto a sus demandas sociales”.
Y los funcionarios militares se meten de lleno en el seguimiento del proceso constituyente. Hacen ver “la realización de Cabildos Abiertos” a través de los cuales se “busca maximizar la participación de adherentes y organismos sociales, a objeto de dar legitimidad ante la ciudadanía y organizaciones políticas, al reclamo de la creación de una nueva Constitución Política y Asamblea Constituyente, entre otras cosas”.
Un comentario político de quienes en las FFAA elaboraron los correos y documentos señala, en el marco del escenario del 2019, que “a pesar de los esfuerzos realizados por el Ejecutivo a través de las propuestas expuestas por el Presidente de la República, se estima que seguirán los esfuerzos para generar diálogos para llegar a un mutuo acuerdo entre los actores políticos, con el propósito de satisfacer la mejor lo mejor posible la demanda social”.
En los correos electrónicos hay detallados y contundentes informes y análisis sobre la situación en La Araucanía, actividades de organizaciones mapuches, movilizaciones sociales, capacidades de grupos armados indígenas, consecuencias y caracterizaciones a partir de la implementación de los Estados de Excepción.
Se llega a decir en uno de los análisis de Inteligencia militar que se “ha generado una tensión constante entre las comunidades indígenas y el empresariado, en las regiones al sur del Bío Bío (Cañete, Alto Bío-Bío, Tirúa, Contulmo, entre otros); condiciones que han escalado gradualmente y se traducen en protestas y acciones de carácter violentistas”.
El misil del hackeo
Nadie duda que el caso del hackeo a la base digital documental del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las FFAA, con la filtración de 400 mil correos electrónicos, desde 162 cuentas de correos, con información y documentación sensible y de seguridad nacional, es un misil a las Fuerzas Armadas de Chile y coloca en una situación delicada al Ministerio de Defensa en cuanto a cómo encarar esta situación.
Las plataformas DDO Secrets y Enlace Hacktivista difundieron la base de datos que contenía los correos interceptados por el grupo de hackers Guacamaya. Se trata de 340 gigabytes como paquete de información.
Guacamaya hizo ver que esta filtración es parte de una operación informática llamada “Fuerzas represivas” y que en los próximos días publicarán de documentos de las Fuerzas Armadas y entidades policiales de México, Perú, El Salvador y Colombia.
En lo revelado hay información de seguridad regional y fronteriza, adquisiciones, planes militares, análisis e informes de situaciones políticas y sociales internas, datos de proveedores y adquisiciones, informes sobre y de agregaduría militares en el extranjero, monitoreo satelitales, mecanismo de intercepción de comunicaciones, así como antecedentes, informaciones y datos del Sistema Integrado de Inteligencia Conjunta, el Comando Conjunto Norte y el Comando Conjunto Austral de las FFAA.
Hay información sensible sobre procesos de migración en la frontera norte y las actividades en La Araucanía, que alcanza ribetes importantes debido a sucesos de violencia y atentados, y la labor de Carabineros, la Armada y el Ejército.
Junto a lo que significa la filtración de información sensible, secreta y reservada, se suma que podrían haber ocurrido actos de negligencia, irregularidades y hasta una operación fáctica (de acuerdo a algunas interpretaciones), sobre todo cuando se ha sabido que desde el año pasado ocurrieron incidentes en la plataforma digital e informática del EMCO, y al menos un “incidente de ciberseguridad”. Precisamente en 2021 se reportó que había situaciones anómalas y que se intensificarían las labores de protección de redes y áreas informáticas.
Desde el Gobierno, precisamente se estaría apuntando a que en el Estado Mayor Conjunto no se tomaron las medidas a tiempo, se vulneraron protocolos e incluso se estaría reprochando que no se entregó en tiempo y forma la información al Ministerio de Defensa.
El ahora renunciado ex jefe del Estado Mayor Conjunto, general Guillermo Paiva, (desde el Ministerio de Defensa se habría pedido su salida), dijo en una entrevista con el diario La Segunda que “no tengo mayores antecedentes (de lo ocurrido) porque no tengo la expertise técnica, pero se produjo una falla en los sistemas de seguridad que permitieron el acceso a los hackers”.
Hay que decir que la opinión pública es la que no tiene muchos antecedentes de lo que ocurrió y está ocurriendo, y si las FFAA continúan su trabajo de Inteligencia hacia movimientos sociales, partidos políticos, personalidades del mundo de la cultura y los derechos humanos, hacia el seguimiento de movilizaciones sociales y si de todo esto informa al Ministerio de Defensa.
