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jeudi 29 septembre 2022

NUEVA CONSTITUCIÓN: COALICIÓN DE GOBIERNO PRESENTA PROPUESTA CONSTITUCIONAL

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FOTO RAÚL ZAMORA, ATON

La propuesta de los partidos oficialistas incluye un órgano convencional 100% electo y bordes institucionales como el carácter unitario del Estado.

por Benjamin Aguayo

FOTO EL CLARÍN

Este miércoles, un bloque de partidos políticos, conformado principalmente por las coaliciones de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático presentaron su propuesta para una nueva constitución, en el marco de la continuidad del proceso constituyente.

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El bloque firmante reúne a 11 partidos políticos: Partido Por la Democracia, Revolución Democrática, Partido Radical, Federación Regionalista Verde Social, Partido Demócrata Cristiano, Partido Liberal, Partido Socialista, Partido Comunes, Partido Comunista, Convergencia Social y Acción Humanista

Órgano 100% electo

Se mantendrá el carácter 100% electo del órgano constitucional, tal como lo mandata el plebiscito de octubre de 2020.

«La soberanía se expresa cuando es la ciudadanía la que define libremente quiénes son las personas mandatadas a la redacción de un nuevo texto que responda a sus propias necesidades y expectativas», explica el texto.

Paritario, con participación de pueblos indígenas e independientes

La paridad es una condición democrática que debe sostenerse, y para ello el carácter representativo del órgano debe cumplirla tanto en la etapa de elección de sus representantes como en la composición total del órgano constitucional.

consagrar su participación colectiva mediante escaños reservados en el órgano democrático, en un número proporcional al registro indígena de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

La participación de personas independientes debe garantizarse mediante mecanismos electorales que posibiliten ser elegidos dentro de las listas en conjunto con los partidos.

Principios institucionales

Carácter unitario del Estado de Chile, como también su condición de república y su régimen democrático. Esto quiere decir que se respetará la existencia, autonomía e independencia plena del poder judicial, legislativo y ejecutivo

Se respetarán las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

En este sentido, la nueva Constitución respetará todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile, donde encontramos, entre otros, el derecho a la libertad de religión, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la propiedad y el derecho a la igualdad.

La nueva Constitución respetará y conservará el Himno Nacional y los emblemas patrios

Proceso constitucional participativo

Se propone incorporar procesos que permitan a las personas involucrarse en el debate constitucional, informarse sobre sus contenidos y la priorización de sus temas, mediante una fuerte articulación con organismos como municipios y gobiernos regionales, entre otros.

Bajo esta línea,  se menciona acoger las propuestas de participación del municipalismo, como la presentada por la Asociación Chilena de Municipalidades.

Comité técnico de expertos y expertas

Este equipo de expertos y expertas estaría abocado a la preparación de la instalación del órgano constitucional mediante la sistematización de insumos y del acompañamiento permanente del debate en todas sus fases. El Congreso Nacional deberá definir la integración del comité técnico, respetando estrictos criterios de idoneidad profesional.

Estaría conformado con carácter paritario y no deliberativo, resguardando el mandato soberano de las personas electas por la ciudadanía para esos fines.

Incluiría como insumos de los últimos proyectos constitucionales: como el la ex Presidenta Bachelet, la propuesta de texto de la ex Convención Constitucional, los insumos de las consultas ciudadanas realizadas por las municipalidades el 2019 y el trabajo de la academia.

Itinerario constitucional

Buscando dar prontas certezas, el texto propone un itinerario constitucional que considere la elección de representantes durante abril 2023, el funcionamiento del órgano durante un plazo no mayor a 6 meses, además de un plebiscito de salida en diciembre de 2023  con voto obligatorio.

«Para que esto sea posible, el reglamento de funcionamiento del órgano democrático deberá ser aprobado como parte de la reforma que habilite el proceso constitucional».

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FE DE RATAS / el pinochetista vergonzante

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PANTALLAZO
El ex Vicepresidente de España, Pablo Iglesias y uno de los fundadores de Podemos, no demoró en contestar el ataque José Antonio K4st en Twitter, político reconocido de la extrema derecha chilena y con una historia familiar ligada al régimen nazi.

CORTE DE SAN MIGUEL CONFIRMA CONDENAS DE MILITARES Y POLICÍAS (R) POR SECUESTROS CALIFICADOS EN PAINE

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PODER JUDICIAL

La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la sentencia que condenó a tres oficiales en retiro del Ejército, un oficial en retiro de Carabineros y un oficial en retiro de la Policía de Investigaciones, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de 11 campesinos, ilícito cometido a partir de octubre de 1973, en la comuna de Paine y sectores aledaños.

por El Clarín De Chile

MEMORIAL CONMEMORATIVO DE PAINE

en fallo unánime la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Carolina Vásquez Acevedo, María Catalina González Torres y Celia Catalán Romero– ratificó la sentencia impugnada, dictada por la ministra en visita extraordinaria Marianela Cifuentes Alarcón, que condenó en calidad de autores de los delitos a los entonces miembros del Ejecito Iván de la Fuente Sáez, Alfonso Faúndez Norambuena, Sergio Heriberto Ávila Quiroga y al otrora integrante de la Policía de Investigaciones Roberto Arcángel Rozas Aguilera a 18 años de presidio; en tanto, el oficial de Carabineros en retiro Julio Cerda Carrasco deberá cumplir 15 años y un día de reclusión.

Que estas juzgadoras comparten íntegramente las motivaciones vertidas en el fallo que se revisa, tanto en la ponderación de la prueba y sus conclusiones en torno al establecimiento de los hechos y su tipificación, así como de la determinación de los hechos que sustentan la calificación asignada a la participación de cada uno de los condenados en los hechos investigados”, sostiene el fallo.

Comparten, asimismo, lo resuelto en torno a la calificación de crímenes de lesa humanidad y la improcedencia de las alegaciones de cumplimiento del deber, obediencia debida, aquellas relativas a los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar, amnistía, prescripción de la acción penal así como de la denominada media prescripción”, añade.

En la resolución de primera instancia ratificada, la ministra Cifuentes Alarcón dio por establecidos los siguientes hechos:

“1° Que el día 13 de octubre de 1973, a partir de las primeras horas de la mañana, un contingente militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo, acompañado de un funcionario policial del Retén Pintué de Carabineros de Chile y de un civil del sector, realizó allanamientos y detenciones selectivas en diversos asentamientos campesinos de la Reforma Agraria, situados en las inmediaciones de la laguna de Aculeo, en la comuna de Paine, entre ellos, Mansel Alto, Patagual y Rangue.

2° Que, en ese contexto, los militares detuvieron, sin derecho, a obreros agrícolas que detentaban cargos directivos en los referidos asentamientos campesinos: José Manuel Díaz Inostroza, Presidente del asentamiento Mansel Alto; Francisco Javier Lizama Irarrázaval y Jorge Manuel Pavez Henríquez, Presidente y Tesorero, respectivamente, del asentamiento El Patagual y los hermanos Juan Manuel Ortiz Acevedo y Luis Celerino Ortiz Acevedo, Presidente y Vicepresidente del asentamiento Rangue.

3° Que, acto seguido, los detenidos fueron trasladados al campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, situado en el cerro Chena, lugar en que fueron encerrados y sometidos a interrogatorios y malos tratos.


4° Que el día 20 de octubre de 1973, a partir de las primeras horas de la mañana, un contingente militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo llevó a cabo nuevos allanamientos y detenciones selectivas en los asentamientos campesinos de la Reforma Agraria, situados en las inmediaciones de la laguna de Aculeo, entre ellos, El Vínculo, Huiticalán y El Patagual, oportunidad en que condujeron hasta el lugar a los hermanos Juan Ortiz Acevedo y Luis Ortiz Acevedo, a quienes mantenían aún bajo su custodia.

5° Que, en ese contexto, los militares detuvieron, sin derecho, a directivos de los referidos asentamientos campesinos: Pedro Juan Meneses Brito, Presidente del asentamiento El Vínculo y Luis Osvaldo González Mondaca, Presidente del asentamiento Huiticalán y a los obreros agrícolas Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres.

6° Que, luego, los detenidos fueron trasladados al campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, en el cerro Chena, lugar en que fueron encerrados y sometidos a interrogatorios y malos tratos.

7° Que los contingentes militares que llevaron a cabo los allanamientos y detenciones antes referidos actuaron bajo el mando del Mayor Iván de la Fuente Sáez, el Capitán Francisco José Rojas Martínez y los tenientes Julio Cerda Carrasco y Alejandro Valdés Visintainer.

8° Que, por otra parte, en la época de los hechos, el campo de prisioneros del cerro Chena estuvo a cargo del Capitán de Ejército Víctor Raúl Pinto Pérez, actualmente fallecido y el Teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena.

9° Que, en ese período, se desempeñaron como interrogadores en el referido campo de prisioneros: el Teniente de Ejército Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, el Teniente de Carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga y los oficiales de la Policía de Investigaciones Óscar Hernán Vergara Cruces y Roberto Arcángel Rozas Aguilera.

10° Que los detenidos, en lugar de ser puestos a disposición del tribunal competente, fueron ejecutados mediante disparos con arma de fuego y sus cuerpos inhumados ilegalmente o abandonados.

11° Que, de ese modo, el 23 de octubre de 1973, en la ribera del río Maipo, a la altura del puente Maipo, se encontraron los cadáveres de José Manuel Díaz Inostroza –detenido el 13 de octubre de 1973– y de Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Luis Osvaldo González Mondaca y Pedro Juan Meneses Brito –detenidos el 20 de octubre del mismo año–.

12° Que, seguidamente, el 13 de noviembre de 1973, en el interior del fundo San Vicente de Lo Arcaya, comuna de Pirque, fueron encontrados semienterrados y en estado de putrefacción los cadáveres de Francisco Javier Lizama Irarrázaval, Juan Manuel Ortiz Acevedo y Luis Celerino Ortiz Acevedo –detenidos el 13 de octubre de 1973– y de Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres –detenidos el 20 de octubre del mismo año–.

13° Que, finalmente, los restos de Jorge Manuel Pavez Henríquez, detenido el 13 de octubre de 1973, fueron encontrados en la tumba N° 2.476 del Patio 29 del Cementerio General”.

MEMORIAL CONMEMORATIVO DE PAINE

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mercredi 28 septembre 2022

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DECIDIÓ POSTERGAR LA RATIFICACIÓN DEL TPP11

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FOTO MARIO TELLEZ

Apruebo Dignidad festeja un inesperado triunfo. Es que el Presidente Gabriel Boric finalmente decidió postergar la ratificación del TPP11 para una vez que concluyan las negociaciones sobre los mecanismos de resolución de controversias, que encabeza el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada. El Mandatario respondió a la convocatoria de una de sus dos coaliciones de gobierno, generando molestia en el sector derrotado: un Socialismo Democrático que pedirá explicaciones, lo que podría tensar aún más las relaciones internas en el oficialismo. En la antesala de su discusión en el Senado, el trámite de este tratado internacional despierta suspicacias y alerta sobre eventuales conflictos en La Moneda.

por Raúl Espina

FOTO RADIO.UCHILE

«Vamos a darnos un tiempo para poner en vigencia el tratado ». Con estas palabras, y desde el Congreso Nacional en Valparaíso, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, sinceró la estrategia del Gobierno frente a la eventual adhesión de Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (conocido como TPP11 o CPTPP). Se trata de una materia que en las últimas semanas ha sacudido –una vez más– la convivencia interna entre ambas coaliciones oficialistas: mientras Socialismo Democrático ha pujado por su rápida tramitación y aprobación en el Senado, Apruebo Dignidad ha insistido en exigirle al Presidente Gabriel Boric que haga uso de sus facultades y retire el proyecto tal como está diseñado.

Pero, si bien en un principio todo hacía prever un nuevo triunfo político de Socialismo Democrático –totalmente empoderado tras el arribo de Carolina Tohá (PPD) y Ana Lya Uriarte (PD) a puestos clave en La Moneda–, Apruebo Dignidad movió sus piezas e inclinó la balanza a su favor, generando indignación entre diferentes bancadas de oficialismo y oposición, que demandan que el Mandatario cumpla con su compromiso de suscribir el TPP11 y el Pacto de la Unión Europea, ambos anuncios convenidos por el actual Jefe de Estado en su ascensión al cargo.

La figura clave de la negociación fue el senador y timonel de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, el mismo que por los medios de comunicación solicitó la postergación de la votación en la Cámara Alta, prevista para este miércoles. Pero detrás de aquella solicitud se tejía una estrategia más ambiciosa: conseguir el patrocinio del Primer Mandatario para prolongar las conversaciones en torno a los mecanismos de resolución de controversias, encabezadas por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada. Un plan que resultó tal como lo planeó Apruebo Dignidad, pues el TPP11 solo será ratificado después de que concluyan dichas negociaciones, por lo que el acuerdo estará listo en un plazo máximo de dos meses.

Por tanto, más allá de su eventual aprobación en el Senado, el trámite será dilatado hasta que sean respondidas las cartas bilaterales (side letters), con las que el Ejecutivo busca generar mecanismos de solución de controversias a dicho nivel, vale decir, bilateral. Al respecto, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, confirmó que "ha habido una estrategia considerada por parte de la Cancillería, que representa al conjunto del Gobierno, para llegar a estas cartas bilaterales”.

Pero el argumento en torno a las cartas bilaterales es resistido por algunos sectores de Socialismo Democrático, que manifiestan su descontento con la estrategia diseñada por Apruebo Dignidad y respaldada por el Gobierno. Una de esas voces críticas es la del senador e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, José Miguel Insulza (PS), quien sostiene que el tema relacionado con las side letters es algo más bien secundario y que ha sido utilizado convenientemente, debido a que –a su juicio– "es el último tema que queda por discutir".

En ese sentido, el parlamentario por la Región de Arica y Parinacota dice que “si alguien quiere solucionar la forma de solución de controversias, eso se hace mejor multilateralmente con países afines, que en conjunto emprendan una actividad para eso. Las side letters son acuerdos de dos países respecto de la modalidad de aplicación de alguna disposición del tratado entre ellos”.

Sobre la hipotética postergación de la suscripción al TPP11, Insulza agrega que "las malas señales internacionales las venimos dando hace tiempo, porque llevamos casi cinco años postergándolo. Esto se aprobó por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado cuando yo la presidía, hace tres años". Además, el senador socialista dice que este tema escapa a la simple convivencia interna de las coaliciones de Gobierno, "sino que es un problema de la situación económica del país. Por lo tanto, creo que sería la peor señal que les podríamos dar a los inversionistas, que nos estemos retirando de este tipo de tratados".

Desde su mismo partido, el senador Juan Luis Castro asegura que "las cosas no son blanco o negro, y hay diferentes posiciones al interior del oficialismo". Al respecto, el parlamentario apunta a que "más que una coyuntura específica, lo que nosotros reivindicamos es que el Gobierno tenga una posición unívoca y que eso se exprese en un planteamiento cuando se inicie el debate de este miércoles, el cual tendrá que sustentar alguien del Ejecutivo, y todo esto tiene que ver también con ganar tiempo para las negociaciones de las cartas bilaterales, y eso está en desarrollo”.

La derecha y su visión sobre el vuelco estratégico del oficialismo

Según detalló la ministra vocera Camila Vallejo, el Gobierno comunicó esta estrategia durante la jornada de este martes a las diferentes bancadas parlamentarias, por medio de la titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte. Y es que, según el diseño planeado en La Moneda, el Presidente Gabriel Boric va a jugar un rol en el diálogo con los mandatarios de los países que actualmente mantienen conversaciones con Chile por las cartas bilaterales.

“Nos interesa antes de hacer el depósito (ratificación presidencial del tratado) tener resueltas estas conversaciones y esos acuerdos bilaterales antes del trámite, que es facultativo y exclusivo del Presidente de la República”, puntualizó Vallejo, marcando la pauta de una discusión que está lejos de resolverse y que, probablemente, seguirá generando repercusiones, tanto en Socialismo Democrático como en la oposición, un sector que asegura sentirse sorprendido por esta decisión.

Precisamente, desde Chile Vamos el senador integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y timonel de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, emplazó al Gobierno en cuanto a "que ponga término a las incertidumbres y que cumpla la palabra empeñada. El Presidente Boric comprometió con los jefes de Estado, presidentes, cancilleres y primeros ministros que asistieron a su ascensión de mando, a que en octubre íbamos a tener completamente despachado el TPP11, y en noviembre el acuerdo con la Unión Europea. Hemos visto a unas coaliciones oficialistas que no han dado señales de esas certezas, y en tiempos en que la inversión se ha ido a piso, es más importante que nunca dar señales en términos de poder aprobar el TPP11 y también el acuerdo con la Unión Europea”.

Por su parte, el también senador y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma (UDI), se mostró confundido, a causa de que "el TPP11 fue una propuesta que ingresó en el Congreso la ex Presidenta Bachelet, que fue defendida por el canciller Heraldo Muñoz, y que hace algunos días el ministro Marcel nos dijo lo importante que podría ser para la economía de Chile aprobar este tratado, que ha sido aprobado en casi todos los países. Ahora nos encontramos con un sector político más ligado a la izquierda que quiere boicotear el proceso. La verdad es que no entiendo el trasfondo de esta discusión, porque creo que las cosas hay que discutirlas a largo plazo y no según la contingencia política del día a día”.

Pero la verdad es que, más allá de las críticas de la oposición, Apruebo Dignidad celebra lo que para ellos es un triunfo: conseguir que el Presidente Boric postergara la ratificación del tratado hasta que culminen los trámites por las cartas bilaterales. Si bien un sector importante del oficialismo cree que dicha estrategia solo lentifica el proceso pero sin afectar la eventual adhesión de Chile al TPP11, es visible que la grieta ideológica y programática entre ambas coaliciones que sustentan el proyecto político del Gobierno sigue ensanchándose. Ahora, fue un tratado internacional el encargado de desnudar esas diferencias, para algunos, intransables.


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mardi 27 septembre 2022

VICEALMIRANTE DE LA ARMADA SOBRE SOBRE VIOLADORES DE DD.HH: «CUMPLIERON CABALMENTE CON SU DEBER»

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VICEALMIRANTE RAMIRO NAVAJAS SANTINI

El correo enviado por el vicealmirante de la Armada, Ramiro Navajas Santini, buscaba financiar a los exfuncionarios presos por delitos de lesa humanidad.

por Benjamin Aguayo

ARPILLERA “TORTURA Y CRÍMENES
EN LA ESMERALDA” 

Un nuevo hallazgo en los correos filtrados del Estado Mayor Conjunto involucra al vicealmirante de la Armada de Chile, Ramiro Navajas Santini, quien en un correo dirigido a los altos mandos navales, aseguró que nueve exmarinos condenados por crímenes de lesa humanidad en dictadura «cumplieron cabalmente con su deber».

Noticiero Piensaprensa

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La finalidad del correo institucional enviado por el vicealmirante Navajas, quinta antigüedad de la Armada y parte de la Corte Marcial de la institución, era realizar una colecta en ayuda de los exmarinos, hoy cumpliendo condena en Punta Peuco y Colina 1.

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El e-mail descubierto por El Mostrador, fue copiado al comandante en Jefe de la Armada, almirante Juan Andrés De La Maza, y habla sobre los exfuncionarios de la Armada, condenados por casos de secuestros calificados que involucran desde contraalmirantes a capitanes de Navío y de Corbeta, y un grupo de suboficiales condenados por un triple homicidio.

Dentro de los destinatarios del correo electrónico figuran además el vicealmirante José Luis Fernández Morales –nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto (s), en reemplazo del general Guillermo Paiva, quien renunció precisamente por el hackeo masivo de correos– y el auditor general de la institución, contraalmirante Cristián Araya Escobar, quien también forma parte de la Corte Marcial.

Informo a ustedes que actualmente hay nueve personas en condición de retiro de la Armada privados de libertad, condenados por haber participado en presuntos hechos que los relacionan a delitos que habrían afectado a los derechos humanos de civiles dentro del periodo del Gobierno Militar“, iniciaba el correo enviado por Navajas.

Se ha querido proponer esta nueva idea por los motivos ya expresados, que refuerzan con mayores bríos nuestro compromiso irrestricto con aquellos antiguos marinos que cumplieron cabalmente con su deber“, concluyó.

Los 9 exmarinos condenados

Las penas de los 9 exmarinos condenados a los que se refería el vicealmirante van desde los 5 años y un día, hasta los 13 años de presidio.

Quien cumple la mayor pena es el teniente primero Sergio Rivera Bozzo, quien tiene una condena de más de 13 años por el homicidio de José Matías Ñanco y por giro doloso de cheques.

Por su parte, el suboficial Bernardo Daza Navarro tiene una sentencia de 10 años y un día en contra por los homicidios calificados de Héctor Lepe Moraga, Miguel Ángel Catalán Febrero y Tránsito Cabrera Ortiz. Cumple la misma condena el suboficial Juan Heraldo Maldonado Sanhueza.

A ellos se les suma el suboficial José Manuel García Reyes; los capitanes de navío, José Raúl Cáceres González y Hugo González D’Arcangeli, el contraalmirante Aníbal Osses Novoa y el capitán de Corbeta Víctor Donoso Barrera. Todos ellos condenados a 5 años y un día por secuestro calificado.

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LAS FFAA REALIZARON ESPIONAJE POLÍTICO INTERNO


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COLETAZOS DE DICHOS DE VICEALMIRANTE NAVAJAS: DEFENSA ORDENA SUMARIO INTERNO EN EMCO TRAS CONOCER CONTENIDO DE CORREOS FILTRADOS

PHOTOGRAPHIE FELIPE TRUEBA / EPA

En uno de ellos -revelado por El Mostrador- el vicealmirante Ramiro Navajas calificó como "presuntos" los delitos de nueve exmarinos condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar y que actualmente se encuentran cumpliendo condena en Punta Peuco, y añadió que ellos "cumplieron cabalmente con su deber". Al respecto, la ministra de Defensa, Maya Fernández -quien participó esta jornada en una sesión secreta de la Comisión de Defensa del Senado- indicó que "se va a llevar a cabo un sumario interno a propósito del contenido de los correos y vamos a esperar tener el resultado de todas esas investigaciones administrativas para tomar todas las medidas necesarias". 

por Mesa de noticias de El Mostrador 

VICEALMIRANTE RAMIRO NAVAJAS SANTINI

La ministra de Defensa, Maya Fernández, instruyó sumarios internos dentro del Estado Mayor Conjunto (EMCO), luego de la filtración de correos electrónicos de las Fuerzas Armadas debido a un hackeo y, sobre todo, tras conocerse parte del contenido de estos.

En uno de esos -revelado por El Mostrador- el vicealmirante Ramiro Navajas calificó como "presuntos" los delitos de nueve exmarinos condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar y que actualmente se encuentran cumpliendo condena en Punta Peuco, y añadió que ellos "cumplieron cabalmente con su deber".

Al respecto, la ministra Fernández indicó que "se va a llevar a cabo un sumario interno a propósito del contenido de los correos y vamos a esperar tener el resultado de todas esas investigaciones administrativas para tomar todas las medidas necesarias".

Fernández participó esta jornada de una sesión secreta de la Comisión de Defensa del Senado, en donde ahondó en lo ocurrido y la manera de subsanarlo, de modo de evitar un nuevo hecho de estas características en un futuro.

Los dichos de la ministra Fernández se suman a la condena emitida por la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que "es fundamental ser sumamente tajantes y claros en una cuestión que es universal; jamás, nunca, violar los DD.HH puede ser considerado como un deber de nadie y menos de un funcionario que está a cargo de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad".

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LAS FFAA REALIZARON ESPIONAJE POLÍTICO INTERNO


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lundi 26 septembre 2022

TPP11 SE VOTARÁ EN EL SENADO ESTE MIÉRCOLES: BANCADAS DE DERECHA TENDRÍAN LOS VOTOS PARA APROBARLO

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INSTALLATION DELIGHT LAB

El TPP-11 se encuentra en su última etapa de tramitación, siendo la votación en el Senado la última instancia antes de su ratificación.  

por Benjamin Aguayo

FOTO EL CLARIN

Este lunes, las bancadas de oposición consiguieron poner en primer lugar de la tabla del próximo miércoles la discusión del TPP11 (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico), el cual involucra a 11 países, y en Chile esta siendo examinado hace cuatro años .

Actualmente, El TPP11 se encuentra en su última fase de tramitación en el Senado y solo necesita una mayoría simple de 26 votos para ser aprobado; las bancadas de derecha contarían con 25.

La votación de este miércoles fue acordada por los comités del Senado, en una jugada que ya había sido advertida por el jefe de senadores UDI, Iván Moreira, quien anticipó que la oposición contaba con los votos necesarios para ponerlo en tabla.

Por lo que solo faltaría un voto, el cual, posiblemente, provendría desde los sectores de la DC, el PPD y el PS, puesto que algunos de sus representantes ya han manifestado su disposición a aprobarlo.

Recordemos que la tramitación de este acuerdo internacional ya se ha extendido por cuatro años en el Congreso, nunca exento de polémicas debido a sus lineamientos.

La Cámara de Diputadas y Diputados ya lo aprobó el 17 de abril de 2019,  por lo que solo resta su discusión en el Senado, que se dará este miércoles, para que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) se ratifique como parte de los tratados internacionales suscritos por Chile.


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samedi 24 septembre 2022

LAS FFAA REALIZARON ESPIONAJE POLÍTICO INTERNO

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LAS FFAA REALIZARON ESPIONAJE POLÍTICO INTERNO

A través de los correos electrónicos filtrados a partir del hackeo al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, se sabe de accesos a documentos de organizaciones sociales y sindicales, seguimientos de movilizaciones y actuaciones de partidos políticos, y de análisis de la situación política nacional. Se comprueba que los militares no hacen Inteligencia hacia partidos de derecha o gremios empresariales, pero sí hacia organizaciones sociales y colectivos de izquierda.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 24/09/2022. 

 FOTOMONTAJE INTERFERENCIA.CL
El hackeo de 400 mil correos electrónicos de la base documental del Estado Mayor Conjunto (EMCO), mostró, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas (FFAA) siguen realizando labores de Inteligencia sobre organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda, monitorean manifestaciones y actividades civiles, y efectúan análisis de coyuntura política, algo que formaría parte de la planeación de labores comprendidas dentro de la tesis de “un enemigo interno” para la seguridad nacional.

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De acuerdo a los documentos filtrados, se supo que hubo labores de espionaje de los militares en el velatorio del cantautor Patricio Manns, en marchas de movimientos sociales, sobre actividades políticas y comunitarias en La Araucanía, sobre la Mesa de Unidad Social, respecto a supuestos planes del Partido Comunista, y de “partidos de extrema izquierda”.

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Desde el Estado Mayor Conjunto se hicieron análisis políticos y descripciones sobre las actividades de sectores sociales y de la sociedad civil, así como de seguridad pública, entregando opiniones políticas al Gobierno de Sebastián Piñera, en particular a su ministro de Defensa, Baldo Prokurica.

Esta sería una práctica alejada de las funciones institucionales de las FFAA, entidad que debe encargarse de asuntos de Defensa y relacionados con ámbitos militares externos. De hecho, lo referente a seguridad pública debe estar alojado en Carabineros y la Policía de Investigaciones. Además, se podría inferir que el Estado Mayor de la Defensa se metió en actividades que le corresponden a la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia).

En los correos no hay ninguna revelación de que los militares hayan realizado seguimiento o vigilancia a partidos de derecha, a orgánicas ultraderechistas o gremios empresariales, lo que contrasta respecto a organizaciones populares, partidos de izquierda y grupos definidos como “de ultraizquierda”.

Llamó la atención que conocido este caso de hackeo que habría expuesto documentación sobre ciberseguridad, comunicaciones, fronteras, seguridad nacional, entre otros, representantes de la derecha, medios de prensa afines a los altos mandos militares, legisladores e incluso autoridades de Gobierno no hayan hecho, hasta el momento del cierre de esta nota, comentarios sobre la revelación de labor de Inteligencia y análisis de los militares sobre asuntos políticos y sociales internos.

Información política interna

Hay varios ejemplos de la actividad de Inteligencia militar sobre sucesos políticos y sociales, que sirvieron como insumo para el Ejército, la Armada y la Fach, así como para el Gobierno de Sebastián Piñera.

Un reporte conocido gracias a la filtración, es sobre la Mesa de Unidad Social, conformada en el marco de las manifestaciones populares en octubre de 2019. Se describe quiénes la conformaron (Central Unitaria de Trabajadores, Coordinadora No+Afp, Anef, Confech, Confusam, Fenpruss, Colegio de Profesores, Fenats, Cones, trabajadores portuarios y la Federación de Trabajadores del Cobre, entre otras) y cuáles serían sus objetivos: “Exigen principalmente que el Presidente Sebastián Piñera termine con el Estado de Excepción, atienda los problemas que generaron la crisis social, y la creación de una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución Política, entre otros”.

Según lo conocido ahora, Inteligencia militar definió que la conducción del estallido social, a días de producirse, estaba precisamente en manos de la Mesa de Unidad Social. Se sostuvo que “a diferencia de días anteriores, en la cual la autoridad enfrentaba una protesta social sin un interlocutor definido, a contar del día de hoy esta situación cambió, pasando a tener un claro y organizado frente que asume ese vacío”, con la MUS.

En algunos de los correos de finales de octubre de 2019, en el marco de la revuelta popular, se lee que “las convocatorias han ido en aumento, demostrando un mayor apoyo hacia las demandas de los movimientos Gremiales, Sociales y Estudiantiles, alcanzando un nivel de convocatoria transversal en cuanto a estratos sociales, permitiendo sumar adherentes”. Se expuso que “también se ha presentado como una de las razones de la movilizaciones en las distintas ciudades del país, demandando junto al término del Estado de Emergencia, el retiro de los militares a sus cuarteles”.

De hecho, los militares reconocen que tuvieron acceso (porque forma parte de sus investigaciones sobre el movimiento social) al documento de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), titulado “Huelga general, por el derecho de vivir en paz. Militares a sus cuarteles, fin a la desigualdad social”. En los archivos del Estado Mayor Conjunto está todo el contenido de ese texto y se resaltan las actividades programadas por la entidad de los funcionarios del Estado. En base a esos y otros correos se evidencia que hubo seguimiento a instructivos y planes de diversidad de organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles.

En una clara intencionalidad política, en su momento, desde el EMCO salió la apreciación de que la Mesa de Unidad Social “contribuiría a que continuaran los disturbios aislados a nivel nacional y principalmente en el sector céntrico de Santiago por parte de grupos violentistas, actuando de manera más radical y coordinada en las acciones de violencia callejera, atentando contra la vida de los funcionarios policiales”.

Además, que “pretenden generar las condiciones para reactivar el estado de excepción constitucional, intentando demostrar la inefectividad y pasividad política del Ejecutivo, dañando y afectando la gobernabilidad democrática del país, deslegitimando a S.E. el Presidente de la República, para lograr un cambio constitucional”.

Uno de los textos de análisis de Inteligencia sostiene que “siguiendo una planificación de convocatorias, (a) objeto mantener un clima de agitación social”, se detecta al acceder a convocatorias y documentos de organizaciones sociales y políticas. Se establece que “agrupaciones anárquicas, lumpen y organizaciones subversivas, aumentarán sus acciones violentas contra la propiedad privada, mobiliario público, infraestructuras críticas, locomoción colectiva, centros comerciales y otros, manteniendo un estado de agitación social y caos permanente”. Por cierto, no se indica cuáles son esas “organizaciones subversivas”, en una caracterización que viene de los tiempos de la dictadura.

En los documentos filtrados se hace referencia a que el Partido Comunista estaría buscando llevar a cabo una acusación constitucional contra el Presidente Piñera y el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Las cosas llegan al punto que, según los militares, “sectores más cercanos a la extrema izquierda insisten en responsabilizar al Gobierno por los hechos de violencia y muertes ocurridas” y se señala que “los partidos de extrema izquierda continuarán transmitiendo a través de grupos sociales, sindicales, estudiantiles y otros, su ideología con más fuerza, aprovechando el recuerdo del gobierno militar, objeto de justificar su causa y mantener la desconfianza social hacia los esfuerzos del Ejecutivo para restablecer el orden público, haciendo uso de las fuerzas de Orden y FF.AA.”.

Un asunto es que no se sabe a ciencia cierta cuáles son, para los militares, los “partidos de extrema izquierda”, pero dado el mapeo de colectividades políticas chilenas existentes, estos serían simplemente las organizaciones de izquierda incluso con representación parlamentaria.

En esa línea de análisis y, por cierto, inmiscuyéndose en temas políticos internos y de seguridad pública, que no tiene nada que ver con Defensa o Inteligencia externa para garantizar la seguridad nacional, los correos del Estados Mayor Conjunto de las FFAA hablan de “grupos sociales…con mayor organización, conducción y adherencia de manifestantes, con objetivos claros respecto a sus demandas sociales”.

Y los funcionarios militares se meten de lleno en el seguimiento del proceso constituyente. Hacen ver “la realización de Cabildos Abiertos” a través de los cuales se “busca maximizar la participación de adherentes y organismos sociales, a objeto de dar legitimidad ante la ciudadanía y organizaciones políticas, al reclamo de la creación de una nueva Constitución Política y Asamblea Constituyente, entre otras cosas”.

Un comentario político de quienes en las FFAA elaboraron los correos y documentos señala, en el marco del escenario del 2019, que “a pesar de los esfuerzos realizados por el Ejecutivo a través de las propuestas expuestas por el Presidente de la República, se estima que seguirán los esfuerzos para generar diálogos para llegar a un mutuo acuerdo entre los actores políticos, con el propósito de satisfacer la mejor lo mejor posible la demanda social”.

En los correos electrónicos hay detallados y contundentes informes y análisis sobre la situación en La Araucanía, actividades de organizaciones mapuches, movilizaciones sociales, capacidades de grupos armados indígenas, consecuencias y caracterizaciones a partir de la implementación de los Estados de Excepción.

Se llega a decir en uno de los análisis de Inteligencia militar que se “ha generado una tensión constante entre las comunidades indígenas y el empresariado, en las regiones al sur del Bío Bío (Cañete, Alto Bío-Bío, Tirúa, Contulmo, entre otros); condiciones que han escalado gradualmente y se traducen en protestas y acciones de carácter violentistas”.

El misil del hackeo

Nadie duda que el caso del hackeo a la base digital documental del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las FFAA, con la filtración de 400 mil correos electrónicos, desde 162 cuentas de correos, con información y documentación sensible y de seguridad nacional, es un misil a las Fuerzas Armadas de Chile y coloca en una situación delicada al Ministerio de Defensa en cuanto a cómo encarar esta situación.

Las plataformas DDO Secrets y Enlace Hacktivista difundieron la base de datos que contenía los correos interceptados por el grupo de hackers Guacamaya. Se trata de 340 gigabytes como paquete de información.

Guacamaya hizo ver que esta filtración es parte de una operación informática llamada “Fuerzas represivas” y que en los próximos días publicarán de documentos de las Fuerzas Armadas y entidades policiales de México, Perú, El Salvador y Colombia.

En lo revelado hay información de seguridad regional y fronteriza, adquisiciones, planes militares, análisis e informes de situaciones políticas y sociales internas, datos de proveedores y adquisiciones, informes sobre y de agregaduría militares en el extranjero, monitoreo satelitales, mecanismo de intercepción de comunicaciones, así como antecedentes, informaciones y datos del Sistema Integrado de Inteligencia Conjunta, el Comando Conjunto Norte y el Comando Conjunto Austral de las FFAA.

Hay información sensible sobre procesos de migración en la frontera norte y las actividades en La Araucanía, que alcanza ribetes importantes debido a sucesos de violencia y atentados, y la labor de Carabineros, la Armada y el Ejército.

Junto a lo que significa la filtración de información sensible, secreta y reservada, se suma que podrían haber ocurrido actos de negligencia, irregularidades y hasta una operación fáctica (de acuerdo a algunas interpretaciones), sobre todo cuando se ha sabido que desde el año pasado ocurrieron incidentes en la plataforma digital e informática del EMCO, y al menos un “incidente de ciberseguridad”. Precisamente en 2021 se reportó que había situaciones anómalas y que se intensificarían las labores de protección de redes y áreas informáticas.

Desde el Gobierno, precisamente se estaría apuntando a que en el Estado Mayor Conjunto no se tomaron las medidas a tiempo, se vulneraron protocolos e incluso se estaría reprochando que no se entregó en tiempo y forma la información al Ministerio de Defensa.

El ahora renunciado ex jefe del Estado Mayor Conjunto, general Guillermo Paiva, (desde el Ministerio de Defensa se habría pedido su salida), dijo en una entrevista con el diario La Segunda que “no tengo mayores antecedentes (de lo ocurrido) porque no tengo la expertise técnica, pero se produjo una falla en los sistemas de seguridad que permitieron el acceso a los hackers”.

Hay que decir que la opinión pública es la que no tiene muchos antecedentes de lo que ocurrió y está ocurriendo, y si las FFAA continúan su trabajo de Inteligencia hacia movimientos sociales, partidos políticos, personalidades del mundo de la cultura y los derechos humanos, hacia el seguimiento de movilizaciones sociales y si de todo esto informa al Ministerio de Defensa.


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