lundi 27 avril 2026

EL PRESUPUESTO COMO ARMA DE CLASE: UNA LECTURA MARXISTA DEL OFICIO CIRCULAR N°16

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El Siglo
El presupuesto como arma de clase: una lectura marxista del Oficio Circular N°16 / 
abril 26, 2026  Prensa el Siglo / Es ( ) un ejercicio gramático de hegemonía: presenta la destrucción del Estado social como “equilibrio fiscal”, el desmantelamiento de programas como “eficiencia”, y el congelamiento del gasto como “responsabilidad”. Nadie que lo lea se imagina que está leyendo un acto de guerra de clases. Ese es, precisamente, el éxito ideológico del documento. El oficio reivindica con orgullo la instalación de un “nuevo paradigma”: la primacía del mediano plazo sobre el corto plazo en la gestión presupuestaria. Habla de “coherencia entre planificación, presupuesto y resultados”, de “alineación con prioridades estratégicas”, de “resultados verificables”. Nada de eso es nuevo. Es el lenguaje del New Public Management, la teoría de gestión pública diseñada en los años ochenta para aplicar la lógica del mercado y la empresa privada al Estado. Lo que en Chile experimentó como laboratorio de choque en los años setenta, el mundo neoliberal fue exportando como “modernización” durante las siguientes décadas.

Daniel Jadue  26/4/2026.

EX ALCALDE DANIEL JADUE

Las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas dominantes; es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante”. Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana (1846).

FACSÍMIL PÁGINA 1/4

► Para leer también:     KAST LANZA PLAN ECONÓMICO: CÓMO HACER MÁS RICOS A LOS RICOS

I. Cuando la tecnocracia habla, el capital actúa.

Un documento de cuatro páginas, firmado el 21 de abril de 2026 por el Ministro de Hacienda Jorge Quiroz Castro y dirigido a todos los ministerios del gobierno Kast, ha inaugurado lo que probablemente sea el proceso de desmantelamiento más sistemático del Estado social chileno desde los tiempos de Chicago. El Oficio Circular N°16 es, en toda la extensión del concepto marxista, un instrumento de clase: la forma jurídica-administrativa que adopta la voluntad del capital financiero para reorganizar el Estado a su imagen y semejanza.

Sería un error leer este oficio como un simple ejercicio de contabilidad pública. Marx nos enseñó que el Estado no es una entidad neutral flotando por encima de los conflictos sociales, sino la condensación de la correlación de fuerzas entre las clases. El presupuesto público es, en ese sentido, la expresión más concreta y material de cuál clase manda. Toda decisión de asignación de recursos es una decisión política, y toda decisión política tiene un sujeto beneficiario y un sujeto perjudicado. La pregunta no es si el Oficio Circular N°16 tiene consecuencias distributivas, las tiene sin duda, y son devastadoras, sino a quién beneficia y a quién perjudica.

El documento se presenta a sí mismo como una respuesta técnica ante una “situación desafiante y compleja de las finanzas públicas”. Pero esa presentación es, ella misma, ideología en el sentido marxista: la representación fetichizada de relaciones sociales de poder como si fueran relaciones entre cosas, entre números, entre “techos presupuestarios” y “marcos de mediano plazo”. Detrás de esos conceptos intencionadamente asépticos late una pregunta política brutal: ¿quién paga la crisis del capital y quién se beneficia del ajuste?

Las finanzas públicas son el único método políticamente admisible de transferir recursos a los grupos dominantes sin que ello aparezca como una transferencia directa de la clase trabajadora a la clase propietaria”. James O’Connor, La crisis fiscal del Estado (1973).

 ILUSTRACIÓN  RAMIRO ALONSO

II. El ajuste permanente: acumulación por desposesión en el Estado

El corazón del Oficio Circular N°16 es la implantación de un “límite máximo de gasto” que ninguna institucionalidad pública podrá superar: el presupuesto ejecutado en 2026, descontados los dos ajustes fiscales ya implementados en marzo y abril de ese año. Traducido al lenguaje de la lucha de clases: el Estado se encoge, y ese encogimiento se congela para los próximos cinco años (2027–2031). No es un ajuste transitorio. Es un ajuste estructural y permanente, diseñado para que ninguna correlación de fuerzas futura, ni siquiera un gobierno posterior, pueda revertirlo fácilmente sin romper el marco jurídico que esta arquitectura presupuestaria va instalando.

David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” al proceso mediante el cual el capital, cuando agota sus vías de expansión internas, recurre a apoderarse de los bienes comunes y servicios públicos que habían sido conquistados por la clase trabajadora en décadas de lucha. La privatización, la liberalización financiera, la supresión de los derechos sociales: todas son formas de esta acumulación. Lo que hace el gobierno de Kast con este oficio es algo más sofisticado: no privatiza directamente, sino que destruye por inanición. Al congelar el gasto nominal, en un contexto de inflación, envejecimiento de la población y demandas sociales crecientes, el resultado práctico es un recorte real y progresivo del Estado cada año del período. El mercado avanza no porque se lo hayan entregado, sino porque el Estado se ha retirado.

La minuta técnica adjunta al oficio lo deja en evidencia sin siquiera ruborizarse: los ministerios deben “encontrar en niveles restrictivos de gasto los espacios que les permitan financiar las iniciativas gubernamentales, y no esperar crecimientos permanentes respecto de los años anteriores”. Que se traduzca: el único crecimiento que se financia es el que beneficia al programa político del gobierno. El resto se estrangula. La educación pública, la salud preventiva, los programas de acceso de los sectores populares a la universidad: esos deben achicarse para que quepan los compromisos ideológicos de la derecha radical.

El “techo de gasto” no es una restricción técnica. Es una decisión política disfrazada de matemática. Toda restricción presupuestaria es, en última instancia, una afirmación sobre quién debe cargar el costo de la reproducción social.

III. El “cambio de paradigma” o la larga sombra de Pinochet

El oficio reivindica con orgullo la instalación de un “nuevo paradigma”: la primacía del mediano plazo sobre el corto plazo en la gestión presupuestaria. Habla de “coherencia entre planificación, presupuesto y resultados”, de “alineación con prioridades estratégicas”, de “resultados verificables”. Nada de eso es nuevo. Es el lenguaje del New Public Management, la teoría de gestión pública diseñada en los años ochenta para aplicar la lógica del mercado y la empresa privada al Estado. Lo que en Chile experimentó como laboratorio de choque en los años setenta, el mundo neoliberal fue exportando como “modernización” durante las siguientes décadas.

Lo que en realidad significa este “cambio de paradigma” es el traslado de la soberanía presupuestaria desde el Congreso Nacional, que debe aprobar el Presupuesto año a año, hacia un Marco de Mediano Plazo (MMP) definido por el Ejecutivo y por la Dirección de Presupuestos. En la práctica, las decisiones sustantivas sobre el nivel y la composición del gasto se toman en el MMP, y el Presupuesto anual es apenas su primera columna. La deliberación democrática se desplaza, la función política se debilita hasta hacerla irrelevante; el capital obtiene lo que siempre ha querido: certeza sobre el rumbo del Estado por cinco años, independientemente de lo que vote la ciudadanía. Es la constitucionalización del neoliberalismo por vía presupuestaria.

Gramsci tenía razón cuando sostenía que la hegemonía burguesa no se sostiene solo por la fuerza, sino fundamentalmente por el consenso: la capacidad de hacer aparecer los intereses particulares de la clase dominante como los intereses generales de toda la sociedad. El Oficio Circular N°16 es, en ese sentido, un ejercicio gramático de hegemonía: presenta la destrucción del Estado social como “equilibrio fiscal”, el desmantelamiento de programas como “eficiencia”, y el congelamiento del gasto como “responsabilidad”. Nadie que lo lea se imagina que está leyendo un acto de guerra de clases. Ese es, precisamente, el éxito ideológico del documento.

La hegemonía es la capacidad de una clase de presentar sus propios intereses como los intereses de toda la sociedad, de tal modo que otras clases los acepten como naturales e inevitables”. Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel (1929-1935)

► Para leer también:     LA HEGEMONÍA IDEOLÓGICA DE LA ULTRADERECHA 

IV. La educación como mercancía: lo que el anexo realmente dice

Si el cuerpo del oficio circular es ideología en estado puro, el Anexo del Ministerio de Educación es materialismo histórico aplicado: aquí se puede leer, con una nitidez perturbadora, el proyecto de clase del gobierno Kast para la educación chilena. El documento propone descontinuar o recortar el 53,9% de los programas educativos del Estado. Es una declaración de intenciones, no un error de cálculo.


Revisemos lo que ese 53,9% significa en la vida concreta de los hijos e hijas de la clase trabajadora. El Programa de Alimentación Escolar (PAE), con más de un billón de pesos ejecutados en 2025, aparece en la lista de programas a descontinuar. No a recortar. A eliminar. Es el programa que garantiza que una niña de La Pintana, cuya madre trabaja como asesora del hogar y cuyo padre está en la construcción, tenga algo que comer en el colegio. Ese programa no sobrevive el “análisis de eficiencia” del capital. El PACE, el sistema que permitía a estudiantes sobresalientes de liceos vulnerables acceder a la universidad más allá del puntaje PSU, también se recomienda eliminar. En el lenguaje del documento: “descontinuar”. En el lenguaje de las familias populares: cerrar la puerta a la educación superior a los hijos de la clase trabajadora.

El Capital de Marx comienza su análisis con la mercancía: esa forma particular en que el trabajo humano se objetiva y se somete al intercambio. Lo que el gobierno Kast hace con la educación es, exactamente, someterla a esa misma lógica: todo programa que no demuestre “resultados verificables” y “relación costo-efectividad” debe eliminarse o reducirse. Pero ¿cómo cuantificas el valor de que un niño llegue nutrido al colegio? ¿Cómo mides el “costo-efectividad” de que la hija de un obrero llegue a estudiar medicina? Esos valores no caben en la lógica de la mercancía. Por eso el capital los elimina: porque no son cuantificables en términos de rentabilidad, y porque garantizarlos implica redistribuir el excedente desde los sectores más ricos hacia los más vulnerables.

FOTO MUSEO DE LA EDUCACIÓN 

El Programa de Alimentación Escolar alimenta a más de un millón y medio de niñas y niños cada día. Eliminarlo es una decisión política sobre quiénes merecen comer.

El CAE: el capital financiero en el corazón del sistema

Pero quizás el dato más revelador del anexo es otro. El Crédito con Aval del Estado (CAE), ese instrumento que ha endeudado a más de 700.000 familias chilenas por décadas, ejecutó m MMás de$ 899.379 en 2025. El documento lo califica de “ajuste presupuestario”: una reducción del 15%, sí, pero el programa subsiste. El CAE no se descontinua. El CAE se protege. Hay una lógica implacable detrás de esa asimetría: el PAE, que le da de comer a los niños pobres, no tiene lobby. El CAE, que le garantiza ganancias a la banca privada, sí. Lo que el anexo del Ministerio de Educación revela es la jerarquía real del gobierno Kast: primero los acreedores, después la infancia.

“El capital es trabajo muerto que solo se reanima, al modo del vampiro, absorbiendo trabajo vivo, y tanto más vive cuanto más trabajo vivo chupa”. Karl Marx, El Capital, Libro I (1867)

 V. El “Estado mínimo”: a quién le sirve realmente

Existe una contradicción estructural en el discurso del “Estado mínimo” que el gobierno Kast propugna y que este oficio implementa. El Estado nunca es mínimo en términos absolutos: cuando se reduce para los trabajadores, se expande para el capital. Cuando se recorta la Subvención de Gratuidad universitaria (recomendada para ajuste), el mercado universitario privado gana terreno. Cuando se descontinua el PACE, los colegios particulares pagados consolidan su monopolio sobre el acceso a la educación superior. Cuando se elimina el PAE, los concesionarios privados del servicio de alimentación escolar que sobrevivan al recorte operarán con menos competencia.

Friedrich Engels tenía una formulación precisa para esto: el Estado como “comité de negocios de la burguesía’. No en el sentido simplista de que los capitalistas llamen por teléfono a los ministros y les den órdenes, aunque eso también ocurre, sino en el sentido estructural de que el Estado capitalista está organizado de tal manera que, cualquiera sea el gobierno, tiende sistemáticamente a defender las condiciones de reproducción del capital. Lo que Kast hace no es sino llevar esa tendencia a su expresión más descarnada: un Estado que abandona explícitamente su función redistributiva y se dedica a garantizar el equilibrio presupuestario que los mercados financieros demandan para prestarle al Estado a tasas razonables.

La minuta técnica del oficio lo dice con una franqueza casi inocente: “la trayectoria de gasto proyectada estará condicionada finalmente a la evolución del escenario macroeconómico y al cumplimiento de las metas de convergencia fiscal”. Las metas de convergencia fiscal no son leyes de la naturaleza. Son compromisos políticos con los mercados de capitales, con las agencias calificadoras de riesgo, con el FMI. Son las condiciones bajo las cuales el capital financiero internacional acepta seguir prestándole al Estado chileno. El gobierno Kast no gobierna para Chile. Gobierna para la calificación de riesgo de Chile. Y esa diferencia no es menor: determina quién come, quién estudia y quién se enferma.

Cuando el gobierno dice que “no hay plata” para alimentar niños en las escuelas, lo que en realidad dice es que los compromisos con la banca tienen prioridad sobre los compromisos con la infancia. Esa es una decisión ética y política.

 VI. ¿Qué hacer? La respuesta popular ante el ajuste

Ante este escenario, la izquierda y los movimientos sociales chilenos deben abandonar la ilusión de que el capitalismo puede reformarse mediante buena voluntad técnica o gobiernos bien intencionados dentro de las reglas del juego que el propio capital ha diseñado. No estamos ante un gobierno con prioridades equivocadas. Estamos ante un gobierno con prioridades muy claras y muy coherentes: proteger los intereses del capital financiero, desmantelar el Estado social y disciplinar a la clase trabajadora mediante la precariedad y el miedo.

La respuesta no puede ser solo electoral. El movimiento sindical, el movimiento estudiantil, las organizaciones territoriales y las comunidades educativas deben articularse en una plataforma de defensa del presupuesto público que supere la lógica reactiva. No basta con decir “no al recorte del PAE”; hay que construir el relato que permita entender que el PAE, el PACE, la gratuidad y la educación pública no son gastos, sino inversiones en la reproducción social de la clase trabajadora. Y que cuando el capital las destruye, está apropiando plusvalía de otra manera: obligándole a las familias trabajadoras a pagar de su bolsillo lo que antes financiaba el Estado con los impuestos de todos.

Rosa Luxemburgo escribió que la alternativa histórica era socialismo o barbarie. En el Chile de 2026, esa barbarie tiene nombre y apellido, firma y fecha: Oficio Circular N°16, 21 de abril de 2026, firmado por Jorge Quiroz Castro. Nuestra tarea es que la historia recuerde esa firma como el momento en que la clase trabajadora chilena se organizó, se levantó y dijo basta.

“El capitalismo es una trampa mortal en la que hemos caído. O bien los socialistas vencen al capitalismo, o bien el capitalismo arrastra a la humanidad a una nueva barbarie”. Rosa Luxemburgo, ¿Reforma o revolución? (1900)

VII. A modo de conclusión: nombrar la guerra de clases

El Oficio Circular N°16 del Ministerio de Hacienda es un acto de guerra de clases. No lo digo en sentido metafórico ni panfletario. Lo digo en el sentido estrictamente materialista y marxista del término: una clase social, la burguesía financiera y sus representantes políticos, está utilizando el aparato del Estado para redistribuir la riqueza desde abajo hacia arriba, para desmantelar las conquistas históricas del movimiento obrero, y para reconfigurar el rol del Estado de modo que sirva con mayor eficiencia los intereses del capital.

El hecho de que lo hagan con Excel, con marcos de mediano plazo, con evaluaciones ex ante y con lenguaje de gestión pública no cambia la naturaleza del acto. La violencia de clase no siempre se ejerce con fusiles. A veces se ejerce con circulares administrativas, con techos presupuestarios, con reformas tributarias para los ricos y con el silencio de los tecnócratas que saben perfectamente lo que están haciendo, pero prefieren el eufemismo de la “eficiencia” al escándalo de decir la verdad: que están quitándoles el pan a los hijos de los trabajadores para garantizarle rentabilidad a los accionistas de la banca.

La clase trabajadora chilena tiene herramientas. Tiene historia. Tiene organización. Y tiene, sobre todo, la claridad que da la experiencia vivida: sabe lo que significa que le cierren la puerta de la universidad a su hija, sabe lo que significa que su hijo llegue con hambre al colegio, sabe lo que significa endeudarse por décadas para pagar una educación que debería ser un derecho. Lo que la izquierda chilena debe hacer en este momento es politizar ese saber, devolvérselo como conciencia de clase, articularlo como programa y movilizarlo como fuerza.

Porque al final, como decía Marx, los filósofos solo han interpretado el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Marx, Karl (1867). El Capital. Libro I: El proceso de producción del capital. Siglo XXI Editores.

Marx, Karl y Engels, Friedrich (1846). La ideología alemana. Ediciones Grijalbo.

Gramsci, Antonio (1929–1935). Cuadernos de la cárcel. Edición crítica del Instituto Gramsci. ERA.

Harvey, David (2004). El nuevo imperialismo. Akal.

Luxemburgo, Rosa (1900). ¿Reforma o revolución? Fundación Federico Engels.

O’Connor, James (1973). La crisis fiscal del Estado. Ediciones Península.

Ministerio de Hacienda de Chile (2026). Oficio Circular N°16: Formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027 y Programa Financiero 2028–2031. Santiago, 21 de abril de 2026.

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 ILUSTRACIÓN  RAMIRO ALONSO

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mardi 21 avril 2026

POSTULADA ALICIA LIRA AL PREMIO DE DERECHOS HUMANOS EN CHILE

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12 DE DICIEMBRE DE 2019 / VALPARAISO ALICIA LIRA, DURANTE LA SESION
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN DONDE SE DISCUTE LA ACUSACION
CONSTITUCIONAL  EN CONTRA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
FOTO LEONARDO RUBILAR CHANDIA

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Prensa Latina

Postulada Alicia Lira al Premio de Derechos Humanos en Chile / Santiago de Chile, 21 abril  2026. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, está hoy postulada al Premio Nacional de Derechos Humanos, otorgado desde 2011 a personalidades chilenas destacadas en la defensa de las prerrogativas ciudadanas.


Prensa Latina abril 21, 2026 | 00:26

ALICIA LIRA
FOTO PRENSA LATINA

Alicia ha mantenido una lucha de más de 40 años por la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) e impulsó diversas demandas contra responsables de delitos de lesa humanidad.

ALICIA LIRA
FOTO UCHILE

► À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR

Originaria de Concepción, a los 14 años vino con su familia a la capital, donde trabajó en una fábrica textil, participó en las luchas sindicales y se incorporó a las Juventudes Comunistas, llamadas popularmente La Jota.

ALICIA LIRA Y SU MARIDO FELIPE RIVERA

Fue en esas tareas donde conoció al que luego sería su esposo, Felipe Rivera Gajardo, asesinado por la dictadura en 1986.

Alicia Lira participó en distintas iniciativas destinadas a la búsqueda de los más de mil detenidos que aún se encuentran desaparecidos desde la dictadura.

En 2018 la Unión Dominicana de Periodistas por la Paz le hizo entrega del Premio Paz Internacional 2017.

Mientras en 2023, en ocasión del 50 aniversario del golpe de Estado contra el Gobierno de Salvador Allende, la Universidad de Chile le otorgó la primera Medalla de Derechos Humanos y Democracia.

Ahora Sitios de Memoria, organizaciones sociales y personalidades políticas están respaldando su candidatura al premio que otorga el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Este galardón lo recibieron anteriormente Viviana Díaz Caro, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el sacerdote jesuita José Aldunate Lyon y los abogados Roberto Garretón y Fabiola Letelier.

lam/car

#Chile Derechos Humanos Premio Alicia Lira

ALICIA LIRA Y SU MARIDO FELIPE RIVERA


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lundi 20 avril 2026

LOS 2 ESTADOUNIDENSES QUE MURIERON EN EL ACCIDENTE EN MÉXICO ERAN AGENTES DE LA CIA

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UN PRESUNTO LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE METANFETAMINA
 DESCUBIERTO  EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL NORTE DE MÉXICO.
FOTO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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The New York
Los 2 estadounidenses que murieron en el accidente en México eran agentes de la CIA / 
Los dos estadounidenses murieron el domingo cuando regresaban de una operación dirigida por las fuerzas armadas de México para desmantelar laboratorios de droga en el estado de Chihuahua. / En medio de un bosque arbolado, hay un campamento con tiendas de lonas de color canela, objetos cubiertos y tanques cilíndricos. Una persona con ropa oscura y una máscara camina por un sendero de tierra. / 
Un presunto laboratorio de procesamiento de metanfetamina descubierto en el estado de Chihuahua, al norte de México.Credit...Fiscalía General del Estado de Chihuahua

Por Maria Abi-Habib Dustin Volz Adam Goldman y Paulina Villegas 21 de abril de 2026

 

Dos funcionarios estadounidenses que murieron en un accidente automovilístico cuando regresaban de una operación contra los cárteles en el norte de México la madrugada del domingo eran funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), según personas familiarizadas con el incidente, lo que plantea interrogantes sobre el papel de la agencia en la guerra contra el narcotráfico en México.

LOS AGENTES FALLECIDOS HABÍAN PARTICIPADO EL VIERNES Y EL SÁBADO EN UNA REDADA CONTRA SEIS LABORATORIOS CLANDESTINOS DE DROGAS SINTÉTICAS EN MORELOS, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA (NORTE).
 (AFP/FISCALÍA GENERAL DE CHIHUAHUA)

► À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR

Cuatro pasajeros, dos estadounidenses y dos mexicanos, murieron la madrugada del domingo al estrellarse el vehículo en el que viajaban cuando regresaban de una operación dirigida por las fuerzas armadas de México para desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetamina en las montañas, dijeron las autoridades del estado de Chihuahua, donde ocurrió el accidente.

Las personas que confirmaron la identidad de los estadounidenses hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles delicados del episodio.

UN PRESUNTO LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE METANFETAMINA
 DESCUBIERTO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL NORTE DE MÉXICO
CREDIT...PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE CHIHUAHUA, VÍA REUTERS

La CIA declinó hacer comentarios.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que su gabinete no tenía conocimiento previo de las actividades de los estadounidenses en Chihuahua e investigaría si su participación en la operación violaba las leyes de seguridad nacional de México.

“Lo que está acordado con el gobierno de Estados Unidos, y ha sido muy claro, es que se comparte información y se trabaja mucho en inteligencia conjunta que nos permita operar a las fuerzas federales en el ámbito territorial de nuestro país y a ellos en su ámbito territorial”, dijo Sheinbaum el martes por la mañana en su conferencia de prensa diaria.

“Hay mucha colaboración, mucha coordinación, pero no hay operaciones conjuntas como tales en tierra”, dijo. “De cerciorarse en esta investigación que hubo una operación conjunta, pues tendría que revisarse cuales son las sanciones correspondientes”.

La ley de seguridad nacional de México prohíbe a los agentes extranjeros, incluidos los militares y los agentes del orden estadounidenses, operar en el país sin autorización del gobierno. Si funcionarios estadounidenses trabajan directamente con las autoridades estatales sin la aprobación federal, eso constituiría una violación de la Constitución.

El gobierno mexicano ha rechazado sistemáticamente las presiones de la Casa Blanca para desplegar fuerzas estadounidenses en México para luchar activamente contra los grupos narcotraficantes, afirmando que la presencia de tropas estadounidenses violaría la soberanía del país. En cambio, Sheinbaum ha insistido en que los soldados mexicanos dirijan la lucha sobre el terreno, y que las fuerzas estadounidenses se limiten a dar apoyo, compartiendo información de inteligencia en centros de operaciones conjuntas o en calidad de adiestramiento.

Aun así, la CIA, junto con el Pentágono, ha asumido un papel más amplio en la guerra contra las drogas y los narcotraficantes desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo a principios del año pasado. Históricamente, la campaña contra los cárteles ha estado dirigida por el Departamento de Justicia estadounidense y su brazo policial, la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés).

Pero después de que el gobierno de Trump designara a unas dos decenas de organizaciones de narcotraficantes como grupos terroristas el año pasado, recurrió a los recursos más sofisticados, de alta tecnología y letales del ejército y la CIA en la batalla contra los cárteles.

La CIA amplió un programa secreto de aviones no tripulados en México, y ha desplegado drones de vigilancia más potentes que los utilizados por el Departamento de Justicia. Al mismo tiempo, el Pentágono ha usado equipo militar letal para atacar a los narcotraficantes en el Caribe y el océano Pacífico, ataques en lo que han muerto al menos a 174 personas desde que se iniciaron esas operaciones a finales del año pasado.

En febrero, la CIA también proporcionó información crucial sobre la localización de Nemesio Oseguera Cervantes, líder durante mucho tiempo del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien se conocía como el “Mencho”. Murió en una operación de las fuerzas mexicanas.

El fiscal general de Chihuahua insistió el lunes en que personal estadounidense no participó en la operación antidroga y que fue dirigida por fuerzas mexicanas.

En cambio, “instructores” estadounidenses acudieron al lugar de la operación solo después de que se desarrollara con fines de adiestramiento, “como lo es la enseñanza en el manejo de drones”, dijo la fiscalía estatal en un comunicado. No identificó a los estadounidenses como agentes de la CIA, lo que es habitual debido a la naturaleza sensible del trabajo de la agencia.

Pero el comunicado emitido el lunes por la noche parecía contradecir los comentarios realizados por Eloy García, portavoz de la fiscalía general del estado, y los comunicados de prensa anteriores de la fiscalía.

Anteriormente, el lunes, la oficina dijo que las víctimas estadounidenses habían muerto cuando regresaban de una operación para desmantelar laboratorios clandestinos. García declaró posteriormente a The New York Times que formaban parte de un programa de formación autorizado para enseñar a sus homólogos mexicanos a manipular drogas sintéticas peligrosas.

Tradicionalmente, los agentes de la DEA han sido invitados al lugar de las operaciones antidroga después de que las fuerzas mexicanas las llevaran a cabo para formarles sobre cómo manejar las pruebas para un futuro juicio o para su uso en otros casos, según los analistas.

El incidente del domingo sugiere un papel más activo de la CIA en México, aunque la presencia de agentes estadounidenses en el escenario de una operación antidroga con fines de adiestramiento era esencial y no se salía de lo habitual, según exfuncionarios estadounidenses.

“Existe una idea equivocada sobre lo que significa entrenamiento y apoyo”, dijo John Feeley, quien fue jefe adjunto de misión de la embajada estadounidense en Ciudad de México de 2009 a 2012. “No se trata solo de estudiar en un aula. Y no todo puede aprenderse en un entorno de oficina”.

“Lo que difiere ahora de otras operaciones conjuntas similares de la Iniciativa Mérida es el nivel de transparencia al respecto”, añadió Feeley, refiriéndose a la asociación de seguridad entre Estados Unidos y México. “Esto es lo que debería estar ocurriendo, con mexicanos a cargo de la operación y estadounidenses proporcionando las habilidades que México necesita para que ambos gobiernos puedan atacar de forma más profesional y legal la producción ilegal de drogas”.

Emiliano Rodríguez Mega colaboró con reportería.

Paulina Villegas es una reportera del Times radicada en Ciudad de México, desde donde cubre organizaciones delictivas, narcotráfico y otros temas que afectan la región.

Maria Abi-Habib es corresponsal de investigación con sede en Ciudad de México y cubre América Latina.

Adam Goldman es un reportero del Times que escribe sobre seguridad global desde Londres.


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RINDEN HOMENAJE EN CHILE A COMBATIENTES INTERNACIONALISTAS

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RINDEN HOMENAJE EN CHILE A COMBATIENTES INTERNACIONALISTAS

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Prensa Latina
Rinden homenaje en Chile a combatientes internacionalistas / Santiago de Chile, 19 abril  Con un acto político cultural en el Mausoleo de los Combatientes del Amor y la Esperanza,  ueron recordados hoy en el Cementerio General de Santiago los internacionalistas chilenos caídos en Nicaragua y El Salvador.

Prensa Latina abril 19, 2026 | 19:13

Al intervenir en el homenaje, la representante de la Corporación de Familiares de Combatientes (Cofadeco), Carolina Lagos, recordó el esfuerzo que desde 1990 hicieron con el objetivo de construir el sitio, para lo cual recogieron fondos y realizaron trabajos voluntarios.

► À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR

¿Por qué lo hicimos? Porque nuestra memoria no puede faltar. Si nosotros dejamos de pensar en nuestros hermanos, ellos dejan de existir, y ellos lo entregaron todo, lucharon contra la dictadura de Somoza y otros regímenes genocidas en Centroamérica”, dijo la oradora.

Mientras, María Eugenia Puelma, dirigente del Partido Comunista de Chile (PCCh), se refirió al difícil contexto que vive hoy el mundo, marcado por el genocidio en Gaza, las agresiones de Estados e Israel contra Irán y otros países del Medio Oriente y el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba.

Puelma destacó la importancia de la unidad de los pueblos para defender la democracia.

El acto estuvo encabezado por Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del PCCh; Claudio De Negri, encargado de relaciones internacionales de esa colectividad; Catalina Lufin, presidenta de las Juventudes Comunistas; y el diputado Boris Barrera.

En el homenaje participaron internacionalistas y sus familiares, miembros de organizaciones políticas y sociales, nicaragüenses residentes en Chile e integrantes del cuerpo diplomático acreditado aquí.

Sendas ofrendas florales fueron colocadas en el mausoleo que guarda los restos de los combatientes.

La actividad político cultural estuvo amenizada por el cantautor Fernando López (Flopy) y el Grupo Octubre.

otf/car

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dimanche 19 avril 2026

EL PROYECTO DE “RECONSTRUCCIÓN NACIONAL”: CUANDO EL LENGUAJE DE LA EMERGENCIA CUBRE EL NEGOCIO DE SIEMPRE

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KAST DIO EL PRIMER MENSAJE EN CADENA NACIONAL EN LO QUE VA DE SU MANDATO.
FOTO PRESIDENCIA DE CHILE

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El Siglo
El proyecto de “Reconstrucción Nacional”: cuando el lenguaje de la emergencia cubre el negocio de siempre / Daniel Jadue. Arquitecto y Sociólogo. 19/4/2026. Hay que tomarse en serio el lenguaje antes de tomarse en serio las medidas. El proyecto se llama “de Reconstrucción Nacional” y esa palabra, reconstrucción, convoca la imagen de un país dañado por una catástrofe natural, de escombros que hay que levantar, de heridas que hay que sanar con urgencia y sin demasiadas preguntas sobre sus causas. Cuando el lenguaje de la emergencia se aplica a la economía, suele servir para hacer pasar como inevitables o urgentes medidas que, en condiciones normales, encontrarían más resistencia.[1]

Daniel Jadue

EX ALCALDE DANIEL JADUE

Lo que este proyecto propone, detrás del manto de la reconstrucción, es una agenda que cualquier analista honesto reconocería como estructuralmente tributaria del modelo que lleva cuarenta años concentrando la riqueza en Chile: rebaja del impuesto a las empresas, estatuto de invariabilidad tributaria para los grandes inversores, eliminación del impuesto a las ganancias de capital, amnistía tributaria para capitales en el exterior, exención de IVA a la construcción inmobiliaria, y restricción de la gratuidad universitaria. Si a esto le sumamos la eliminación de la franquicia SENCE y el recorte de dotación en el sector público, tenemos el cuadro completo: más beneficios tributarios para el capital y más ajuste fiscal que recae sobre el trabajo y los derechos sociales.

DIBUJO SERGIO LANGER

► À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR

Digo esto sin ánimo de simplificar. El proyecto contiene medidas puntuales que son necesarias y justas, como la exención de contribuciones para los adultos mayores en su primera vivienda, la extensión del fondo de emergencia para los damnificados de los incendios de Ñuble y Biobío, las facilidades de pago para personas y Pymes endeudadas. Pero esas medidas no definen el centro de gravedad del proyecto: son el empaque. El contenido es otro.

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► Para leer también:     KAST LANZA PLAN ECONÓMICO: CÓMO HACER MÁS RICOS A LOS RICOS

La rebaja tributaria al capital: el viejo argumento con nombre nuevo

El corazón tributario del proyecto tiene tres piezas que deben leerse juntas porque juntas constituyen un sistema. La primera es la rebaja del Impuesto de Primera Categoría, presentada como un incentivo a la reinversión y a la “competitividad” de Chile frente a otros destinos de inversión.[2] La segunda es el estatuto de invariabilidad tributaria, que blindaría a los grandes inversores frente a cualquier modificación legislativa futura por períodos extendidos.[3] La tercera es la eliminación del impuesto del 10% a las ganancias de capital, presentada como una medida para “profundizar el mercado de capitales”.[4]

Analicemos esto con honestidad. El argumento de que Chile pierde competitividad porque su tasa de impuesto a las empresas es alta frente a la OCDE es un argumento que lleva treinta años circulando en los pasillos del empresariado chileno y en los documentos de los organismos financieros internacionales. En esos treinta años, cada vez que se ha aplicado -y se ha aplicado varias veces- el resultado ha sido el mismo: las utilidades de las empresas han crecido, la inversión productiva no ha seguido el ritmo prometido, la desigualdad no se ha corregido y los trabajadores han seguido esperando que el crecimiento «gotee» desde arriba. El problema es que el argumento ya fue probado y no funcionó.

La invariabilidad tributaria es, en este contexto, algo más que una medida técnica: es una declaración política. Les dice a los inversores -y al Congreso y a cualquier futuro gobierno-que las decisiones democráticas sobre la estructura tributaria tienen un techo. Que hay un espacio donde la soberanía popular no puede entrar. Que el capital tiene derechos adquiridos que se superponen a los derechos legislativos de la ciudadanía. El DL 600 de Pinochet decía exactamente lo mismo. Que un gobierno que ganó prometiendo transformaciones lo proponga es la confesión más elocuente de hasta dónde llega el fetichismo institucional cuando se confunde la cancha del adversario con la propia.[5]

La amnistía de los que evaden: declaración de capitales y FUT

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la combinación de la declaración de capitales en el exterior con el impuesto sustitutivo al FUT, el FUR y los retiros en exceso. Ambas medidas tienen la misma lógica: ofrecer a quienes no han pagado lo que debían una salida más barata que la que correspondería si el fisco los persiguiera por las vías ordinarias. Se presenta como recaudación urgente. Técnicamente lo es. Políticamente, es una señal que el sistema envía con precisión milimétrica: si tienes suficiente dinero para evadir o para acumular utilidades durante décadas sin distribuirlas, el Estado eventualmente te ofrecerá condiciones especiales para regularizar tu situación.

Los montos involucrados son enormes. El proyecto menciona USD 1.900 millones en FUR, USD 33.000 millones en saldo RAI susceptible de acogerse al impuesto sustitutivo, y USD 3.200 millones en retiros en exceso de FUT. Son decenas de miles de millones de dólares en utilidades empresariales que circularon o se acumularon al margen del sistema tributario vigente. No estamos hablando de pequeños ahorristas ni de Pymes en apuros: estamos hablando del estrato más alto de la pirámide de concentración económica chilena.[6]

El argumento del gobierno es que es mejor recaudar algo hoy que no recaudar nada esperando la persecución tributaria ordinaria. Es un argumento pragmático que tiene cierta lógica de corto plazo. El problema es que ese argumento se ha esgrimido en Chile y en el mundo cada vez que se aplican este tipo de amnistías, y el resultado invariable es que la amnistía no cierra el ciclo: lo reinicia. Le enseña al capital que la evasión tiene costos acotados y negociables, que el Estado siempre termina ofreciendo una salida a quienes tienen suficiente dinero para esperar. Es la pedagogía más eficaz del privilegio.

El mercado como solución al problema que el mercado creó

El proyecto propone dos medidas en materia de vivienda: la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas y la ampliación de los beneficios tributarios DFL N°2 para inversores inmobiliarios. Ambas se justifican con el argumento de que hay más de 100.000 viviendas sin vender en el mercado y que es necesario “dinamizarlo”. Lo que no dice la minuta es a qué precio se venden esas 100.000 viviendas, quiénes pueden comprarlas y por qué no se venden.[7]

Las viviendas sin vender no son viviendas que nadie quiera: son viviendas que cientos de miles de familias necesitan, pero no pueden costear porque el precio de la vivienda ha crecido en Chile a un ritmo que ningún salario puede seguir, porque el crédito hipotecario se encareció con la inflación y la política monetaria restrictiva, y porque el modelo de subsidios habitacionales del Estado no alcanza para cerrar la brecha. El problema no es la demanda: es que la demanda efectiva -la que tiene respaldo financiero real- es insuficiente para el precio al que el mercado inmobiliario decidió fijar su stock.

Reducirle el IVA al desarrollador inmobiliario para que baje el precio de lista no resuelve ese problema. En el mejor de los casos, traslada una fracción del beneficio al comprador que ya podía comprar. En el peor, el desarrollador absorbe el margen de la exención sin trasladarlo al precio final. Lo que sí haría falta para resolver el problema habitacional chileno, construir vivienda pública, fortalecer el arriendo a precio justo, reformar el sistema de subsidios para que alcance donde el mercado no llega, no aparece en este proyecto.

El ajuste que siempre recae sobre los mismos

Hay dos medidas en este proyecto que, por sí solas, bastarían para describir su verdadera orientación distributiva. La primera es la restricción de la gratuidad universitaria mediante un criterio de edad: solo podrán acceder a la gratuidad quienes se matriculen dentro de los doce años siguientes a su egreso de la enseñanza media. La justificación es la “sostenibilidad fiscal”. La segunda es la eliminación de la franquicia tributaria del SENCE, el principal instrumento de financiamiento de la capacitación laboral para trabajadores y trabajadoras, con un costo fiscal de aproximadamente $200 mil millones anuales.[8]

Pongamos estos números en perspectiva. El proyecto propone rebajar el impuesto a las grandes empresas, eliminar el impuesto a las ganancias de capital y ofrecer una amnistía tributaria para capitales en el exterior: el costo fiscal acumulado de estas medidas supera con creces los $200 mil millones que se “ahorran” eliminando el SENCE. La diferencia está en quiénes cargan con el ajuste y quiénes reciben el beneficio. Los trabajadores pierden capacitación; los grandes contribuyentes reciben exenciones. El Estado se financia recortando derechos sociales para poder regalar beneficios tributarios. Eso no es reconstrucción: es la versión actualizada del mismo modelo.

La restricción de la gratuidad merece un análisis separado porque su retórica es especialmente reveladora. La minuta dice textualmente que “introducir un criterio de edad para acceder a la gratuidad no es recortar un derecho, sino protegerlo”. Es una frase que merece leerse despacio. Afirmar que se protege un derecho restringiéndolo es exactamente la Neolengua que Orwell describió: el lenguaje invertido que el poder usa cuando no puede defender abiertamente lo que hace. La gratuidad es insostenible porque el Estado no tiene recursos; el Estado no tiene recursos porque estamos rebajando el impuesto a las empresas y eliminando el impuesto a las ganancias de capital. La cadena causal está ahí, visible, pero el proyecto la invierte: el problema es la demanda de derechos, no la estructura de la recaudación.[9]

El trabajador como variable de ajuste

Hay otra cifra que el proyecto pone en el centro de su justificación: 860.000 personas sin empleo, más de 2 millones en la informalidad. Son números que describen una crisis real y profunda. La pregunta es si las medidas propuestas responden a esa crisis o si, como ha ocurrido en Chile cada vez que se ha aplicado esta receta, la crisis del trabajo se convierte en el argumento para entregarle más ventajas al capital esperando que el empleo llegue después.

El único instrumento genuinamente dirigido a incentivar el empleo formal es el “crédito al empleo”: un crédito tributario a las empresas que contraten trabajadores. La lógica es que, si se reduce el costo tributario de contratar, las empresas contratarán más. Es una lógica que tiene cierta plausibilidad en el papel. El problema es que el empleo no depende solo del costo de contratar: depende de la demanda agregada, de la inversión pública, de la capacidad de compra de los hogares trabajadores. Un crédito tributario a las empresas en un contexto de ajuste fiscal, recorte del SENCE y restricción de derechos sociales es como intentar encender una hoguera con una cerilla mientras se le echa agua al leño.

Lo que el país necesita para crear empleo de calidad no es lo que este proyecto propone. Lo que necesita es inversión pública en infraestructura, salud, educación y cuidados; es fortalecer la negociación colectiva para que los salarios crezcan junto con la productividad; es reformar el sistema de pensiones para que no siga siendo la caja de acumulación del capital financiero; es construir las bases materiales de una economía que no dependa de la extracción y exportación de materias primas. Nada de eso está en este proyecto.

El vigilante que vigila a los de abajo

Una de las medidas que pasa más desapercibida del proyecto, y quizás por eso mismo una de las más reveladoras, es la que faculta al SII para cruzar información del Registro Social de Hogares con datos tributarios. La justificación es mejorar la fiscalización y asegurar que los beneficios lleguen a quienes corresponden. Es un argumento que suena razonable hasta que se lee junto con el resto del proyecto.

El mismo proyecto que ofrece amnistía a quienes tienen capitales no declarados en el exterior, que rebaja el impuesto a las grandes empresas y que elimina el impuesto a las ganancias de capital, propone cruzar los datos de vulnerabilidad social de las familias más pobres con el registro tributario. El mensaje es nítido: la sofisticación del Estado para fiscalizar crece hacia abajo y decrece hacia arriba. Los que evaden grandes sumas reciben facilidades; los que reciben subsidios tienen sus datos cruzados, para que no abusen de las ayudas fiscales. Es su lógica distributiva expresada con la mayor claridad posible.

La reconstrucción que hace falta

Lo que veo, en definitiva, es un proyecto que usa el dolor real de las familias que perdieron todo en los incendios de Ñuble y Biobío, y la angustia real de los cientos de miles de personas que no encuentran trabajo, para envolver una agenda de beneficios tributarios al capital que no estaba en el programa de gobierno con el que se ganó la elección. Lo que veo es un gobierno que en sus primeros días elevó el discurso de la emergencia solo para encubrir su apego a los intereses de los poderes fácticos, el empresariado, los medios concentrados y los mercados financieros, y por lo mismo va consolidando paso a paso los pilares del modelo que vino a profundizar.

La reconstrucción que Chile necesita no es la que propone este proyecto. Es la reconstrucción de un Estado que tenga recursos suficientes para garantizar salud, educación, pensiones y vivienda dignos para todos -y eso requiere una reforma tributaria que grave el capital, no que lo exima. Es la reconstrucción del trabajo decente, y eso requiere fortalecer los derechos laborales, no ofrecer créditos a las empresas para que los salarios sigan siendo una decisión unilateral del empleador. Es la reconstrucción de la soberanía democrática sobre los recursos naturales y las decisiones económicas fundamentales, y eso es exactamente lo contrario de una invariabilidad tributaria que blindan al capital frente a las decisiones de las mayorías.

Mientras ese debate no se da con honestidad, seguiremos ampliando la casa del modelo con los mismos ladrillos que nos aplastaron. Y eso no es reconstrucción: es rendición con buena prensa.


Bibliografía y fuentes

Banco Central de Chile. Informe de Estabilidad Financiera. Santiago: Banco Central, segundo semestre de 2024.

Ffrench-Davis, Ricardo. Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Santiago: LOM Ediciones, 2008.arcía-Huidobro, Juan Eduardo, y otros. La educación chilena en el cambio de siglo. Santiago: UNESCO-OREALC, 2019.

Gobierno de Chile. Minuta Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. Santiago, 2025.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Encuesta Nacional de Empleo, cuarto trimestre de 2024. Santiago: INE, 2025.

Luxemburgo, Rosa. Reforma o revolución. Madrid: Ediciones Akal, 2015.

OCDE. Economic Survey: Chile 2024. París: OCDE Publishing, 2024.

Orwell, George. 1984. Barcelona: Destino, 2013.

Piketty, Thomas. El capital en el siglo XXI. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2014.

Zuboff, Shoshana. La era del capitalismo de vigilancia. Barcelona: Paidós, 2020.

[1]«Reconstrucción» en el discurso de presentación del proyecto de ley ante el Congreso Nacional, marzo de 2025. El lenguaje de la «reconstrucción» no es neutral: construye un marco semántico que equipara el daño causado por los incendios a los efectos de décadas de neoliberalismo —como si ambos fueran catástrofes naturales, sin responsables, sin historia, sin estructura. El primer gesto político del proyecto es ya un gesto ideológico.

[2] Sobre la historia del DL 600 y el Estatuto de Inversión Extranjera, véase Ffrench-Davis, Ricardo, Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad (Santiago: LOM, 2008), cap. 3. La «invariabilidad tributaria» no es una novedad técnica: es la reedición de uno de los dispositivos más eficaces del modelo pinochetista para blindar al capital frente a cualquier decisión democrática futura. Que un gobierno que se define progresista la proponga es, en sí mismo, una confesión política.

[3] El Impuesto de Primera Categoría en Chile era del 27% para grandes empresas bajo el régimen semi-integrado vigente. La rebaja propuesta lo llevaría a niveles de entre 20% y 23%, según las franjas. La OCDE, en sus revisiones de Chile de 2022 y 2024, no ha recomendado rebajas de tasa sino mejoras en la base imponible y reducción de la evasión. El argumento de la «competitividad tributaria» es, como señaló Luxemburgo respecto del revisionismo, una forma de disolver el horizonte transformador bajo el peso de la administración técnica del capitalismo existente.

[4] Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de vigilancia (Barcelona: Paidós, 2020); Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2014), cap. 10. Piketty ha demostrado que las ganancias de capital son el motor central de la reproducción de la desigualdad en el capitalismo contemporáneo. Eliminar el impuesto del 10% sobre esas ganancias no es «reactivar la economía»: es desgravar la acumulación de los que ya acumulan.

[5] El Banco Central de Chile, en su Informe de Estabilidad Financiera de 2024, identificó las ganancias de capital inmobiliario como uno de los principales vectores de concentración patrimonial en los últimos quince años. La exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas beneficia principalmente a los desarrolladores inmobiliarios con stock sin vender, no a los cientos de miles de familias en déficit habitacional que no pueden acceder a crédito hipotecario independientemente del precio.

[6] Sobre el sistema de gratuidad universitaria y su historia, véase García-Huidobro, Juan Eduardo, y otros, La educación chilena en el cambio de siglo (Santiago: UNESCO-OREALC, 2019). El argumento de la «sostenibilidad fiscal» para restringir la gratuidad reproduce exactamente la lógica que Rosa Luxemburgo identificó como la trampa del revisionismo: la capitulación ante el orden existente disfrazada de responsabilidad. Si el Estado no tiene recursos para garantizar la gratuidad universal, la pregunta correcta es por qué no los tiene —y la respuesta apunta directamente a la estructura tributaria que este mismo proyecto viene a consolidar.

[7] El Registro Social de Hogares contiene datos sensibles sobre condición de vulnerabilidad, composición familiar, ingresos y situación habitacional de millones de personas. Cruzar esa base de datos con la información del SII —sin una ley específica de protección de datos robusta y sin control ciudadano efectivo— reproduce exactamente el modelo de capitalismo de vigilancia que Zuboff describió, aplicado ahora por el Estado para fiscalizar a los de abajo mientras los de arriba acceden a amnistías tributarias. La asimetría es la norma del sistema, no su excepción.

[8] Los datos sobre informalidad laboral corresponden al INE, Encuesta Nacional de Empleo, cuarto trimestre de 2024. Los 860.000 desempleados y los más de 2 millones de trabajadores informales que el propio proyecto menciona son el resultado directo de cuatro décadas de un modelo que precarizó el trabajo, destruyó la negociación colectiva y convirtió al trabajador en unidad de costo variable. Ese modelo no se corrige con créditos tributarios a las empresas: se corrige transformando las relaciones de poder en la producción.

[9] Rosa Luxemburgo, Reforma o revolución (Madrid: Akal, 2015), conclusión. La distinción luxemburguiana entre reforma y reformismo no rechaza las mejoras parciales sino su fetichización como horizonte final. Eximir de contribuciones a los adultos mayores o ampliar el fondo de emergencia para los damnificados de los incendios son medidas justas y necesarias. El problema es que forman parte de un paquete cuyo centro de gravedad no está en ellas sino en las rebajas tributarias al capital, la amnistía a los evasores y el desmantelamiento parcial del sistema de gratuidad.


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