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KAST DIO EL PRIMER MENSAJE EN CADENA NACIONAL EN LO QUE VA DE SU MANDATO.
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El proyecto de “Reconstrucción Nacional”: cuando el lenguaje de la emergencia cubre el negocio de siempre / Daniel Jadue. Arquitecto y Sociólogo. 19/4/2026. Hay que tomarse en serio el lenguaje antes de tomarse en serio las medidas. El proyecto se llama “de Reconstrucción Nacional” y esa palabra, reconstrucción, convoca la imagen de un país dañado por una catástrofe natural, de escombros que hay que levantar, de heridas que hay que sanar con urgencia y sin demasiadas preguntas sobre sus causas. Cuando el lenguaje de la emergencia se aplica a la economía, suele servir para hacer pasar como inevitables o urgentes medidas que, en condiciones normales, encontrarían más resistencia.[1]
Daniel Jadue
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| EX ALCALDE DANIEL JADUE |
Lo que este proyecto propone, detrás del manto de la reconstrucción, es una agenda que cualquier analista honesto reconocería como estructuralmente tributaria del modelo que lleva cuarenta años concentrando la riqueza en Chile: rebaja del impuesto a las empresas, estatuto de invariabilidad tributaria para los grandes inversores, eliminación del impuesto a las ganancias de capital, amnistía tributaria para capitales en el exterior, exención de IVA a la construcción inmobiliaria, y restricción de la gratuidad universitaria. Si a esto le sumamos la eliminación de la franquicia SENCE y el recorte de dotación en el sector público, tenemos el cuadro completo: más beneficios tributarios para el capital y más ajuste fiscal que recae sobre el trabajo y los derechos sociales.
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Digo esto sin ánimo de simplificar. El proyecto contiene medidas puntuales que son necesarias y justas, como la exención de contribuciones para los adultos mayores en su primera vivienda, la extensión del fondo de emergencia para los damnificados de los incendios de Ñuble y Biobío, las facilidades de pago para personas y Pymes endeudadas. Pero esas medidas no definen el centro de gravedad del proyecto: son el empaque. El contenido es otro.
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La rebaja tributaria al capital: el viejo argumento con nombre nuevo
El corazón tributario del proyecto tiene tres piezas que deben leerse juntas porque juntas constituyen un sistema. La primera es la rebaja del Impuesto de Primera Categoría, presentada como un incentivo a la reinversión y a la “competitividad” de Chile frente a otros destinos de inversión.[2] La segunda es el estatuto de invariabilidad tributaria, que blindaría a los grandes inversores frente a cualquier modificación legislativa futura por períodos extendidos.[3] La tercera es la eliminación del impuesto del 10% a las ganancias de capital, presentada como una medida para “profundizar el mercado de capitales”.[4]
Analicemos esto con honestidad. El argumento de que Chile pierde competitividad porque su tasa de impuesto a las empresas es alta frente a la OCDE es un argumento que lleva treinta años circulando en los pasillos del empresariado chileno y en los documentos de los organismos financieros internacionales. En esos treinta años, cada vez que se ha aplicado -y se ha aplicado varias veces- el resultado ha sido el mismo: las utilidades de las empresas han crecido, la inversión productiva no ha seguido el ritmo prometido, la desigualdad no se ha corregido y los trabajadores han seguido esperando que el crecimiento «gotee» desde arriba. El problema es que el argumento ya fue probado y no funcionó.
La invariabilidad tributaria es, en este contexto, algo más que una medida técnica: es una declaración política. Les dice a los inversores -y al Congreso y a cualquier futuro gobierno-que las decisiones democráticas sobre la estructura tributaria tienen un techo. Que hay un espacio donde la soberanía popular no puede entrar. Que el capital tiene derechos adquiridos que se superponen a los derechos legislativos de la ciudadanía. El DL 600 de Pinochet decía exactamente lo mismo. Que un gobierno que ganó prometiendo transformaciones lo proponga es la confesión más elocuente de hasta dónde llega el fetichismo institucional cuando se confunde la cancha del adversario con la propia.[5]
La amnistía de los que evaden: declaración de capitales y FUT
Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la combinación de la declaración de capitales en el exterior con el impuesto sustitutivo al FUT, el FUR y los retiros en exceso. Ambas medidas tienen la misma lógica: ofrecer a quienes no han pagado lo que debían una salida más barata que la que correspondería si el fisco los persiguiera por las vías ordinarias. Se presenta como recaudación urgente. Técnicamente lo es. Políticamente, es una señal que el sistema envía con precisión milimétrica: si tienes suficiente dinero para evadir o para acumular utilidades durante décadas sin distribuirlas, el Estado eventualmente te ofrecerá condiciones especiales para regularizar tu situación.
Los montos involucrados son enormes. El proyecto menciona USD 1.900 millones en FUR, USD 33.000 millones en saldo RAI susceptible de acogerse al impuesto sustitutivo, y USD 3.200 millones en retiros en exceso de FUT. Son decenas de miles de millones de dólares en utilidades empresariales que circularon o se acumularon al margen del sistema tributario vigente. No estamos hablando de pequeños ahorristas ni de Pymes en apuros: estamos hablando del estrato más alto de la pirámide de concentración económica chilena.[6]
El argumento del gobierno es que es mejor recaudar algo hoy que no recaudar nada esperando la persecución tributaria ordinaria. Es un argumento pragmático que tiene cierta lógica de corto plazo. El problema es que ese argumento se ha esgrimido en Chile y en el mundo cada vez que se aplican este tipo de amnistías, y el resultado invariable es que la amnistía no cierra el ciclo: lo reinicia. Le enseña al capital que la evasión tiene costos acotados y negociables, que el Estado siempre termina ofreciendo una salida a quienes tienen suficiente dinero para esperar. Es la pedagogía más eficaz del privilegio.
El mercado como solución al problema que el mercado creó
El proyecto propone dos medidas en materia de vivienda: la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas y la ampliación de los beneficios tributarios DFL N°2 para inversores inmobiliarios. Ambas se justifican con el argumento de que hay más de 100.000 viviendas sin vender en el mercado y que es necesario “dinamizarlo”. Lo que no dice la minuta es a qué precio se venden esas 100.000 viviendas, quiénes pueden comprarlas y por qué no se venden.[7]
Las viviendas sin vender no son viviendas que nadie quiera: son viviendas que cientos de miles de familias necesitan, pero no pueden costear porque el precio de la vivienda ha crecido en Chile a un ritmo que ningún salario puede seguir, porque el crédito hipotecario se encareció con la inflación y la política monetaria restrictiva, y porque el modelo de subsidios habitacionales del Estado no alcanza para cerrar la brecha. El problema no es la demanda: es que la demanda efectiva -la que tiene respaldo financiero real- es insuficiente para el precio al que el mercado inmobiliario decidió fijar su stock.
Reducirle el IVA al desarrollador inmobiliario para que baje el precio de lista no resuelve ese problema. En el mejor de los casos, traslada una fracción del beneficio al comprador que ya podía comprar. En el peor, el desarrollador absorbe el margen de la exención sin trasladarlo al precio final. Lo que sí haría falta para resolver el problema habitacional chileno, construir vivienda pública, fortalecer el arriendo a precio justo, reformar el sistema de subsidios para que alcance donde el mercado no llega, no aparece en este proyecto.
El ajuste que siempre recae sobre los mismos
Hay dos medidas en este proyecto que, por sí solas, bastarían para describir su verdadera orientación distributiva. La primera es la restricción de la gratuidad universitaria mediante un criterio de edad: solo podrán acceder a la gratuidad quienes se matriculen dentro de los doce años siguientes a su egreso de la enseñanza media. La justificación es la “sostenibilidad fiscal”. La segunda es la eliminación de la franquicia tributaria del SENCE, el principal instrumento de financiamiento de la capacitación laboral para trabajadores y trabajadoras, con un costo fiscal de aproximadamente $200 mil millones anuales.[8]
Pongamos estos números en perspectiva. El proyecto propone rebajar el impuesto a las grandes empresas, eliminar el impuesto a las ganancias de capital y ofrecer una amnistía tributaria para capitales en el exterior: el costo fiscal acumulado de estas medidas supera con creces los $200 mil millones que se “ahorran” eliminando el SENCE. La diferencia está en quiénes cargan con el ajuste y quiénes reciben el beneficio. Los trabajadores pierden capacitación; los grandes contribuyentes reciben exenciones. El Estado se financia recortando derechos sociales para poder regalar beneficios tributarios. Eso no es reconstrucción: es la versión actualizada del mismo modelo.
La restricción de la gratuidad merece un análisis separado porque su retórica es especialmente reveladora. La minuta dice textualmente que “introducir un criterio de edad para acceder a la gratuidad no es recortar un derecho, sino protegerlo”. Es una frase que merece leerse despacio. Afirmar que se protege un derecho restringiéndolo es exactamente la Neolengua que Orwell describió: el lenguaje invertido que el poder usa cuando no puede defender abiertamente lo que hace. La gratuidad es insostenible porque el Estado no tiene recursos; el Estado no tiene recursos porque estamos rebajando el impuesto a las empresas y eliminando el impuesto a las ganancias de capital. La cadena causal está ahí, visible, pero el proyecto la invierte: el problema es la demanda de derechos, no la estructura de la recaudación.[9]
El trabajador como variable de ajuste
Hay otra cifra que el proyecto pone en el centro de su justificación: 860.000 personas sin empleo, más de 2 millones en la informalidad. Son números que describen una crisis real y profunda. La pregunta es si las medidas propuestas responden a esa crisis o si, como ha ocurrido en Chile cada vez que se ha aplicado esta receta, la crisis del trabajo se convierte en el argumento para entregarle más ventajas al capital esperando que el empleo llegue después.
El único instrumento genuinamente dirigido a incentivar el empleo formal es el “crédito al empleo”: un crédito tributario a las empresas que contraten trabajadores. La lógica es que, si se reduce el costo tributario de contratar, las empresas contratarán más. Es una lógica que tiene cierta plausibilidad en el papel. El problema es que el empleo no depende solo del costo de contratar: depende de la demanda agregada, de la inversión pública, de la capacidad de compra de los hogares trabajadores. Un crédito tributario a las empresas en un contexto de ajuste fiscal, recorte del SENCE y restricción de derechos sociales es como intentar encender una hoguera con una cerilla mientras se le echa agua al leño.
Lo que el país necesita para crear empleo de calidad no es lo que este proyecto propone. Lo que necesita es inversión pública en infraestructura, salud, educación y cuidados; es fortalecer la negociación colectiva para que los salarios crezcan junto con la productividad; es reformar el sistema de pensiones para que no siga siendo la caja de acumulación del capital financiero; es construir las bases materiales de una economía que no dependa de la extracción y exportación de materias primas. Nada de eso está en este proyecto.
El vigilante que vigila a los de abajo
Una de las medidas que pasa más desapercibida del proyecto, y quizás por eso mismo una de las más reveladoras, es la que faculta al SII para cruzar información del Registro Social de Hogares con datos tributarios. La justificación es mejorar la fiscalización y asegurar que los beneficios lleguen a quienes corresponden. Es un argumento que suena razonable hasta que se lee junto con el resto del proyecto.
El mismo proyecto que ofrece amnistía a quienes tienen capitales no declarados en el exterior, que rebaja el impuesto a las grandes empresas y que elimina el impuesto a las ganancias de capital, propone cruzar los datos de vulnerabilidad social de las familias más pobres con el registro tributario. El mensaje es nítido: la sofisticación del Estado para fiscalizar crece hacia abajo y decrece hacia arriba. Los que evaden grandes sumas reciben facilidades; los que reciben subsidios tienen sus datos cruzados, para que no abusen de las ayudas fiscales. Es su lógica distributiva expresada con la mayor claridad posible.
La reconstrucción que hace falta
Lo que veo, en definitiva, es un proyecto que usa el dolor real de las familias que perdieron todo en los incendios de Ñuble y Biobío, y la angustia real de los cientos de miles de personas que no encuentran trabajo, para envolver una agenda de beneficios tributarios al capital que no estaba en el programa de gobierno con el que se ganó la elección. Lo que veo es un gobierno que en sus primeros días elevó el discurso de la emergencia solo para encubrir su apego a los intereses de los poderes fácticos, el empresariado, los medios concentrados y los mercados financieros, y por lo mismo va consolidando paso a paso los pilares del modelo que vino a profundizar.
La reconstrucción que Chile necesita no es la que propone este proyecto. Es la reconstrucción de un Estado que tenga recursos suficientes para garantizar salud, educación, pensiones y vivienda dignos para todos -y eso requiere una reforma tributaria que grave el capital, no que lo exima. Es la reconstrucción del trabajo decente, y eso requiere fortalecer los derechos laborales, no ofrecer créditos a las empresas para que los salarios sigan siendo una decisión unilateral del empleador. Es la reconstrucción de la soberanía democrática sobre los recursos naturales y las decisiones económicas fundamentales, y eso es exactamente lo contrario de una invariabilidad tributaria que blindan al capital frente a las decisiones de las mayorías.
Mientras ese debate no se da con honestidad, seguiremos ampliando la casa del modelo con los mismos ladrillos que nos aplastaron. Y eso no es reconstrucción: es rendición con buena prensa.
Bibliografía y fuentes
Banco Central de Chile. Informe de Estabilidad Financiera. Santiago: Banco Central, segundo semestre de 2024.
Ffrench-Davis, Ricardo. Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Santiago: LOM Ediciones, 2008.arcía-Huidobro, Juan Eduardo, y otros. La educación chilena en el cambio de siglo. Santiago: UNESCO-OREALC, 2019.
Gobierno de Chile. Minuta Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. Santiago, 2025.
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Encuesta Nacional de Empleo, cuarto trimestre de 2024. Santiago: INE, 2025.
Luxemburgo, Rosa. Reforma o revolución. Madrid: Ediciones Akal, 2015.
OCDE. Economic Survey: Chile 2024. París: OCDE Publishing, 2024.
Orwell, George. 1984. Barcelona: Destino, 2013.
Piketty, Thomas. El capital en el siglo XXI. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2014.
Zuboff, Shoshana. La era del capitalismo de vigilancia. Barcelona: Paidós, 2020.
[1]«Reconstrucción» en el discurso de presentación del proyecto de ley ante el Congreso Nacional, marzo de 2025. El lenguaje de la «reconstrucción» no es neutral: construye un marco semántico que equipara el daño causado por los incendios a los efectos de décadas de neoliberalismo —como si ambos fueran catástrofes naturales, sin responsables, sin historia, sin estructura. El primer gesto político del proyecto es ya un gesto ideológico.
[2] Sobre la historia del DL 600 y el Estatuto de Inversión Extranjera, véase Ffrench-Davis, Ricardo, Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad (Santiago: LOM, 2008), cap. 3. La «invariabilidad tributaria» no es una novedad técnica: es la reedición de uno de los dispositivos más eficaces del modelo pinochetista para blindar al capital frente a cualquier decisión democrática futura. Que un gobierno que se define progresista la proponga es, en sí mismo, una confesión política.
[3] El Impuesto de Primera Categoría en Chile era del 27% para grandes empresas bajo el régimen semi-integrado vigente. La rebaja propuesta lo llevaría a niveles de entre 20% y 23%, según las franjas. La OCDE, en sus revisiones de Chile de 2022 y 2024, no ha recomendado rebajas de tasa sino mejoras en la base imponible y reducción de la evasión. El argumento de la «competitividad tributaria» es, como señaló Luxemburgo respecto del revisionismo, una forma de disolver el horizonte transformador bajo el peso de la administración técnica del capitalismo existente.
[4] Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de vigilancia (Barcelona: Paidós, 2020); Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2014), cap. 10. Piketty ha demostrado que las ganancias de capital son el motor central de la reproducción de la desigualdad en el capitalismo contemporáneo. Eliminar el impuesto del 10% sobre esas ganancias no es «reactivar la economía»: es desgravar la acumulación de los que ya acumulan.
[5] El Banco Central de Chile, en su Informe de Estabilidad Financiera de 2024, identificó las ganancias de capital inmobiliario como uno de los principales vectores de concentración patrimonial en los últimos quince años. La exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas beneficia principalmente a los desarrolladores inmobiliarios con stock sin vender, no a los cientos de miles de familias en déficit habitacional que no pueden acceder a crédito hipotecario independientemente del precio.
[6] Sobre el sistema de gratuidad universitaria y su historia, véase García-Huidobro, Juan Eduardo, y otros, La educación chilena en el cambio de siglo (Santiago: UNESCO-OREALC, 2019). El argumento de la «sostenibilidad fiscal» para restringir la gratuidad reproduce exactamente la lógica que Rosa Luxemburgo identificó como la trampa del revisionismo: la capitulación ante el orden existente disfrazada de responsabilidad. Si el Estado no tiene recursos para garantizar la gratuidad universal, la pregunta correcta es por qué no los tiene —y la respuesta apunta directamente a la estructura tributaria que este mismo proyecto viene a consolidar.
[7] El Registro Social de Hogares contiene datos sensibles sobre condición de vulnerabilidad, composición familiar, ingresos y situación habitacional de millones de personas. Cruzar esa base de datos con la información del SII —sin una ley específica de protección de datos robusta y sin control ciudadano efectivo— reproduce exactamente el modelo de capitalismo de vigilancia que Zuboff describió, aplicado ahora por el Estado para fiscalizar a los de abajo mientras los de arriba acceden a amnistías tributarias. La asimetría es la norma del sistema, no su excepción.
[8] Los datos sobre informalidad laboral corresponden al INE, Encuesta Nacional de Empleo, cuarto trimestre de 2024. Los 860.000 desempleados y los más de 2 millones de trabajadores informales que el propio proyecto menciona son el resultado directo de cuatro décadas de un modelo que precarizó el trabajo, destruyó la negociación colectiva y convirtió al trabajador en unidad de costo variable. Ese modelo no se corrige con créditos tributarios a las empresas: se corrige transformando las relaciones de poder en la producción.
[9] Rosa Luxemburgo, Reforma o revolución (Madrid: Akal, 2015), conclusión. La distinción luxemburguiana entre reforma y reformismo no rechaza las mejoras parciales sino su fetichización como horizonte final. Eximir de contribuciones a los adultos mayores o ampliar el fondo de emergencia para los damnificados de los incendios son medidas justas y necesarias. El problema es que forman parte de un paquete cuyo centro de gravedad no está en ellas sino en las rebajas tributarias al capital, la amnistía a los evasores y el desmantelamiento parcial del sistema de gratuidad.
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