samedi 30 mai 2026

CUANDO EL CAPITAL SE QUITA LA MÁSCARA

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El Ciudadano

ANÁLISIS / Cuando el capital se quita la máscara: Nick Land, los 2 primeros meses de Kast y lo que la izquierda no puede seguir postergando / "La izquierda que dice solo 'no toquen el PAE' [Programa de Alimentación Escolar (PAE)] tiene razón, pero no tiene proyecto. La izquierda que dice 'la alimentación escolar no debería depender del presupuesto de Quiroz sino del derecho constitucional a la alimentación gestionado socialmente' tiene razón y además tiene dirección. Esa diferencia es toda la diferencia". [ Tras la victoria de la extrema derecha en Chile, la sombra de Donald Trump]

Por Daniel Jadue Santiago de Chile, mayo de 2026

I. La pregunta que muchos votantes se están haciendo

EX ALCALDE
DANIEL JADUE

Hay una pregunta que circula con creciente incomodidad entre quienes votaron por José Antonio Kast en diciembre de 2025: ¿Por qué está haciendo esto? Es la pregunta más honesta que puede hacerse alguien que lo votó convencido de que la seguridad sería lo primero, que la inmigración irregular sería expulsada, que los beneficios sociales no se tocarían.

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Kast lo dijo en octubre de 2025, en pleno debate presidencial, con una claridad que no dejaba espacio para la interpretación: «No vamos a cortar ningún beneficio social que hoy exista». 2

Dos meses después de asumir, el Ministerio de Hacienda, conducido por Jorge Quiroz, envió un oficio a todos los ministerios identificando 142 programas sociales a eliminar o reducir drásticamente, con proyección de ahorro de 5,4 billones de pesos chilenos hasta 2031, unos 6.000 millones de dólares. 3

En la lista estaba el Programa de Alimentación Escolar que cada día entrega casi cuatro millones de raciones a 1,6 millones de estudiantes en situación de vulnerabilidad. Estaba el control de salud del niño sano. Estaba la atención odontológica pública. Estaban las becas vocación de profesor, los fondos para salud mental en atención primaria, los programas de cuidado para adultos mayores. Estábamos ante el desmantelamiento programático del Estado social chileno.

Cuando la filtración produjo el escándalo público, el propio Kast corrió a desmentirlo. «Nosotros no tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños», dijo.

Y sobre la promesa de expulsar a 300.000 migrantes irregulares desde el primer día, la misma con la que obtuvo el 58% de los votos en segunda vuelta, dijo que fue una «metáfora» mal entendida por quienes la interpretaron de manera literal. El 76% de los encuestados la había entendido como un compromiso concreto. Según Criteria, su desaprobación alcanzó el 53% a mediados de mayo, el nivel más alto desde el inicio del mandato. Cadem lo ubicaba en 36% de aprobación. 4

La pregunta de quienes lo votaron es legítima y merece una respuesta honesta. No la respuesta que da la izquierda de manera refleja, «los engañó durante la campaña», que, aunque verdadera, es insuficiente. La respuesta de fondo está en un libro que no necesita haber sido leído por Kast para explicar su gobierno. Se llama La Ilustración Oscura, lo escribió Nick Land en 2012, y el programa de gobierno reproduce con notable precisión la racionalidad política que ese texto sistematiza.

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II. Lo que el libro dice

Land es un filósofo formado que conoce a Hobbes y a Hayek, que ha leído a Deleuze y a Gramsci, que sabe usar el vocabulario de la teoría crítica para demoler la teoría crítica.

Su argumento central en La Ilustración Oscura es que la democracia y la libertad son incompatibles. Lo dice con la candidez del que ya no necesita disfraces: «Ya no creo que la libertad y la democracia son compatibles», afirmó Peter Thiel, su principal financista, en 2009, y Land construye el andamiaje teórico para sostener esa tesis.

La lógica es la siguiente. La democracia tiene una dirección estructural inevitable hacia la redistribución. Ganar elecciones requiere comprar votos, y el Estado resultante tiene un incentivo irresistible de crecer, redistribuir y regular hasta asfixiar la acumulación privada, y este es el verdadero problema.

El político democrático, dice Land apoyándose en Hoppe, es un administrador temporal que no tiene ningún incentivo para preservar el capital social a largo plazo porque su sucesor político se lo apropiará de todas formas, afirma. Mejor destruirlo que dejarlo al adversario. La democracia produce entonces, en su lectura, degeneración sistemática de la civilización.

La solución que Land y su co-teórico Moldbug proponen se llama neo-cameralismo. El Estado debe ser gestionado como una corporación que maximiza el valor para sus accionistas. Los ciudadanos no son soberanos; son clientes. Si el servicio es insatisfactorio, se llevan el negocio a otro lugar. Los modelos son Singapur, Hong Kong, Dubái. Zonas de acumulación sin restricción democrática, sin sindicatos con poder real, sin estados de bienestar que carguen sobre la tasa de ganancia.

El neorreaccionarismo es una corriente política con genealogía precisa, financiamiento real y representantes identificables en cuatro continentes. Su fundador intelectual es Curtis Yarvin, quien bajo el seudónimo Mencius Moldbug desarrolló el concepto de neo-cameralismo en su blog «Unqualified Reservations» entre 2007 y 2013.

Land tomó el análisis de Yarvin y le dio el ropaje de la filosofía continental, haciéndolo presentable en los círculos académicos y más peligroso en los políticos. Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, la empresa de análisis de datos que provee infraestructura de vigilancia a los gobiernos de medio mundo, es el principal financista del ecosistema: su declaración de 2009 de que «la libertad y la democracia son incompatibles» es la frase fundacional del movimiento.

La traducción de la filosofía a la política sigue un patrón reconocible. En Estados Unidos, Elon Musk encarna el modelo neo-cameralista aplicado: la adquisición de Twitter para convertirla en plataforma de amplificación de la ultraderecha global, y su rol al frente del DOGE para reducir el Estado federal desde adentro con la lógica del consultor corporativo que elimina «ineficiencias», son exactamente lo que Land prescribe cuando habla del capital que prescinde del consenso.

Marc Andreessen formalizó la versión optimista del mismo proyecto en su «Manifiesto Tecno-Optimista» de 2023: la tecnología como fuerza que debe liberarse de las restricciones regulatorias que la democracia impone. JD Vance y su red en torno a Peter Thiel son el puente entre la filosofía del blog y el poder ejecutivo norteamericano.

En Europa, Viktor Orbán construyó la «democracia iliberal» húngara, que NRx celebra como el modelo de gobierno eficiente que dispensa con los controles democráticos mientras mantiene las formas electorales. En América Latina, Javier Milei es Land sin filosofía continental, el mismo programa con motosierra y retórica libertaria de escuela primaria. Kast es Milei con modales institucionales, traje y corbata, y el aparato del Estado chileno como vehículo.

Lo que diferencia a toda esta constelación del conservadurismo tradicional es exactamente lo que distingue a Kast de Piñera: no la nostalgia por un orden pasado sino la aceleración hacia una forma de acumulación que prescinde de los pactos sociales que el siglo XX construyó y que luego de la caída de la URSS, ya no son necesarios.

Piñera quería crecer dentro del pacto social. Kast quiere disolver el pacto para crecer. Esa diferencia es toda la diferencia, y el libro de Land es el mapa intelectual de ese proyecto.

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III. El plan: neo-cameralismo en acto

El lector que conoce el programa del Ministerio de Hacienda de Quiroz, con sus 142 programas a eliminar y sus 6.000 millones de dólares de recorte, reconoce inmediatamente la lógica. Es exactamente lo que Land prescribe: reducir el Estado social al mínimo compatible con la acumulación, liberar la tasa de ganancia de las cargas que las mayorías democráticas le impusieron, y construir las condiciones para la ‘salida’ del capital hacia zonas de gestión corporativa.

El «Plan de Reconstrucción Nacional» que Kast presentó en cadena nacional el 15 de abril contiene en su corazón tres medidas que Land habría reconocido sin dificultad como la traducción legislativa de su programa: la rebaja gradual del impuesto de primera categoría de 27% a 23%, la reintegración del sistema tributario que permite a los dueños de las empresas imputar el 100% del crédito fiscal pagado por la empresa contra sus impuestos personales, y la reinstalación de la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes proyectos de inversión.

Este último instrumento no es nuevo: es el Decreto Ley 600 que rigió Chile entre 1974 y 2016, introducido durante la dictadura de Pinochet para atraer capital extranjero con garantías que ningún gobierno democrático pudiera modificar. 5

El ministro de Hacienda Quiroz ideó una reforma fiscal que costaría unos 4.000 millones de dólares en ingresos al erario, como resultado de bajar en 4 puntos la carga tributaria a las grandes empresas.

La aritmética del modelo es la siguiente: se recortan 6.000 millones de dólares en programas sociales según el documento de Hacienda y simultáneamente se reducen 4.000 millones en recaudación tributaria de grandes empresas. Los trabajadores que votaron por seguridad y orden pagarán dos veces: primero con la pérdida de los programas que financiaban su reproducción social, después con la menor inversión pública que produce la menor recaudación. Land lo llamaría eficiencia. Marx lo llamó acumulación.

La desregulación ambiental es el tercer pilar del plan y el que más claramente revela la lógica neo-cameralista. El proyecto reduce de dos años a seis meses el plazo para impugnar permisos sectoriales, modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para incluir mecanismos de tramitación acelerada, restringe las medidas cautelares contra proyectos con Resolución de Calificación Ambiental favorable y limita temporalmente su aplicación.

El SEA podrá desestimar observaciones de servicios públicos que «no estén fundadas o excedan sus competencias», y las modificaciones no sustantivas en proyectos ya aprobados no deberán someterse a nueva evaluación ambiental. Las comunidades aledañas a proyectos mineros, forestales o energéticos, que habían conquistado el derecho a impugnar resoluciones ambientales como resultado de décadas de organización, pierden ese derecho. Los inversores ganan certeza jurídica de 25 años. En el modelo neo-cameralista de Land, eso es el diseño, precisamente lo que el capital global necesita para sostener y aumentar su tasa de ganancia.

El nombre «Plan de Reconstrucción» merece una nota aparte. Los incendios de Ñuble y Biobío fueron una catástrofe real que afectó a miles de familias y que exigía respuesta urgente del Estado.

El proyecto agrupa más de 40 medidas tendientes a reedificar 4.000 viviendas afectadas y reactivar la economía mediante incentivos tributarios, la generación de empleo y la aceleración de permisos medioambientales. Pero usar la urgencia humanitaria como vehículo para pasar la reforma tributaria más regresiva en décadas es exactamente el mecanismo que Naomi Klein describió como doctrina del shock: el capitalismo que aprovecha el desastre para imponer las reformas que en condiciones normales encontraría resistencia organizada.

Los incendios de Ñuble y Biobío produjeron una urgencia emocional legítima que bloqueó el debate sobre el contenido real del proyecto: mientras la opinión pública miraba las imágenes de las casas quemadas, la Comisión de Hacienda aprobaba a las cinco de la mañana la rebaja del impuesto de primera categoría, la reintegración tributaria y la invariabilidad por 25 años. 6

El desastre fue la cobertura; la reforma fiscal fue el objetivo.

Hay una ironía en la invariabilidad tributaria de 25 años que merece llamarse por su nombre. El gobierno que llegó al poder prometiendo que Chile recuperaría la soberanía sobre sus fronteras, sobre su seguridad, sobre su destino, está proponiendo simultáneamente renunciar a la soberanía democrática sobre el sistema tributario por un cuarto de siglo.

Ningún gobierno electo podrá modificar las reglas que el capital tiene garantizadas. Los ciudadanos podrán votar cada cuatro años; los inversores tendrán certeza de 25. En el vocabulario de Land, eso se llama «salida»: el capital se reserva el derecho de retirarse de cualquier jurisdicción que no le convenga, y el Estado que quiera atraerlo debe renunciar anticipadamente a la capacidad de regularlo.

Es la jaula de oro ofrecida al revés: no al ciudadano que acepta la comodidad a cambio de obediencia, sino al capital que acepta invertir a cambio de inmunidad política permanente.

IV. El miedo como tecnología: la Catedral invertida

Pero si el programa económico landiano explica lo que Quiroz hace, no explica por qué una parte de la ciudadanía chilena lo votó masivamente. Para eso hay que leer otro concepto central del texto de Land: la Catedral.

La «Catedral» es el complejo académico-mediático-burocrático que produce el sentido común progresista hegemónico.

Land tomó la estructura del análisis gramsciano de la hegemonía, que describe cómo la clase dominante naturaliza su dominio produciendo consenso cultural, y la invirtió: en la versión landiana, la clase dominante no es el capital sino la burocracia redistribucionista que lo limita. Las universidades, los medios progresistas, las ONG, la clase política de centroizquierda: todos conspirando contra la acumulación libre.

En Chile, esa inversión adquirió su versión local con el migrante como amenaza existencial. El migrante irregular fue el equivalente funcional de la «Catedral» en el relato kastiano: el enemigo externo que explica todo lo que va mal, que produce la inseguridad, que carga sobre los servicios públicos, que desplaza al trabajador chileno.

La promesa de expulsar a 300.000 personas en el primer día fue exactamente lo que Land llama el gesto de la «salida» llevado a la política electoral: la nación como corporación que se deshace de los clientes que generan pérdidas.

El primer día de gobierno, Kast firmó los decretos que ordenaban la construcción de zanjas y muros en la frontera norte, el despliegue de tres mil efectivos militares y policiales, la creación de centros de internación. El 16 de marzo comenzaron las excavaciones. Era el espectáculo de la soberanía mostrando su fuerza antes de ejercerla, que es exactamente el mecanismo que Hobbes describió como fundamento del Leviatán: el miedo como arquitectura del orden.

Dos meses después, el 61% de los encuestados considera «imposible de cumplir» la promesa de expulsar a 300.000 personas. El 65% cree que la mayoría de los migrantes irregulares seguirá en Chile a fines de 2026. Pero el miedo ya hizo su trabajo: legitimó el gobierno, produjo el consenso inicial, y entregó el tiempo necesario para ejecutar el programa económico que los recortes a los programas sociales expresan.

V. Lo que Land leyó bien, y lo que eso revela

La crítica landiana a la democracia liberal tiene un núcleo que cualquier marxista reconoce, porque contiene una observación que el marxismo hizo mucho antes. La democracia formal puede coexistir perfectamente con la explotación. El sufragio universal en un sistema donde el dinero compra medios, partidos y legislación, no es la superación de la dominación de clase sino una de sus formas más estables. Eso lo sabíamos desde Marx, desde Lenin, desde Luxemburgo. No es un descubrimiento de Land.

Lo que Land añade, y aquí está el momento que lo delata, es una conclusión que el marxismo nunca extrajo. Donde la tradición socialista concluye que la democracia burguesa es insuficiente y debe ser superada por formas más radicales de autogobierno popular, Land concluye que es excesiva.

Su problema con la democracia no es que incluya demasiado poco a las mayorías en las decisiones reales. Es que las incluye, según él y todos sus seguidores de la ultra derecha, demasiado.

El texto es el manifiesto ideológico de una fracción específica del capitalismo global que ha llegado a la conclusión de que el contrato social del siglo XX, con el derecho internacional, con el estado de derecho, con sus sindicatos y sus estados de bienestar, costó demasiado y ya no es necesario. Que la acumulación puede sostenerse sin el acuerdo de las mayorías que la hace posible, porque tienen el poder total y no existe alternativa.

Kast no citó a Land en su campaña. Tampoco necesitaba hacerlo. La filosofía continental que Land usa para vestir a Moldbug es decorativa; la estructura de poder que describe funciona igual con acento chileno-alemán.

La cena que Kast organizó en el Palacio de La Moneda para sus excompañeros de la Facultad de Derecho, investigada por la Contraloría mientras se recortaban programas de alimentación escolar, es la expresión más descarnada de ese modelo. En el neo-cameralismo, el palacio pertenece al CEO, no al público. Los clientes insatisfechos pueden llevarse su negocio a otro lugar. Los niños que dependen del PAE no tienen a dónde ir.

VI. La trampa en que cayó la izquierda

Frente a todo esto, la pregunta que la izquierda chilena necesita responder no es solo ¿cómo oponerse a Kast? Es una pregunta más incómoda: ¿por qué Kast obtuvo el 58% de los votos en diciembre de 2025?

La respuesta honesta incluye algo que la izquierda no quiere decir, pero necesita decirse: porque gobernó Chile durante cuatro años sin transformar los mecanismos que producen la inseguridad, la precariedad habitacional y el deterioro del consumo colectivo que hicieron posible el voto kastiano.

Porque administró el capitalismo chileno con algo más de mayor justicia distributiva sin disputar las relaciones de propiedad que lo reproducen. Los precios del arriendo siguieron subiendo durante todo el período porque el suelo urbano siguió siendo un activo especulativo privado que ninguna política tocó en su estructura.

El sistema de AFP siguió transfiriendo el ahorro previsional de los trabajadores al mercado de capitales porque la reforma estructural que lo habría reemplazado no llegó a aprobarse, y lo que se aprobó les transfirió más dinero y poder.

La concentración del ingreso en el decil superior no se modificó sustancialmente porque las reformas tributarias quedaron a mitad de camino. Las mejoras fueron reales en términos de acceso a derechos, pero insuficientes porque no cambiaron la experiencia cotidiana del trabajador que paga el 40% de su ingreso en arriendo, que tarda dos horas en llegar al trabajo, que tiene miedo en su barrio y ve que nadie se hace cargo.

La izquierda latinoamericana lleva tres décadas en una trampa que es políticamente comprensible y estratégicamente desastrosa. Tras la caída del Muro de Berlín, golpeada y desorientada, decidió que la defensa del estado de derecho y las instituciones liberales era la tarea urgente frente a la ofensiva neoliberal.

Era correcta para ese momento. Lo que no era correcto era confundir esa táctica defensiva con el proyecto histórico. La mecánica de la trampa es precisa: la ultraderecha ataca las instituciones democráticas, la izquierda sale a defenderlas, y en ese acto de defensa pierde la capacidad de criticarlas desde una perspectiva que las supere.

El resultado es que la izquierda terminó siendo el partido del orden institucional liberal, el garante de la Constitución burguesa, el defensor del statu quo democrático-formal, de la responsabilidad fiscal, de la política de los consensos. Y el proyecto de transformación de las relaciones sociales de producción, la pregunta de quién es dueño de qué y para qué, quedó indefinidamente postergado porque siempre había una amenaza más urgente que atender.

Rosa Luxemburgo lo formuló en Reforma o Revolución con una claridad que no ha envejecido: la lucha por las reformas dentro del capitalismo es parte necesaria de la política socialista, pero solo si sabe que apunta más allá de sí misma. Cuando la reforma se vuelve el horizonte y no el instrumento, la izquierda se convierte en la fracción moderada de la administración capitalista.

Eso no significa que los cuatro años de Boric fueran idénticos al neoliberalismo: no lo fueron. Ni que los límites institucionales fueran irrelevantes: la Constitución de 1980, el Tribunal Constitucional y la ausencia de mayoría propia en el Congreso acotaron el margen de maniobra de manera real. Pero los límites institucionales explican por qué no se pudo hacer más; no explican por qué no se disputó el sentido de lo que se estaba haciendo ni por qué no se construyó el poder popular que habría permitido ampliar ese margen, con un gobierno de continuidad.

Dentro del capitalismo, las mejoras parciales sin transformación de las relaciones de propiedad producen el ciclo que vivimos: mejoran condiciones, el capital se adapta, la clase trabajadora sigue siendo vulnerable, y cuando la crisis llega, el capital llama a quien puede administrarla sin concesiones.

VII. La distinción que necesitamos recuperar

Decir que la izquierda no debe hacer de la defensa de la democracia liberal su proyecto histórico no es decir que debe ser indiferente ante los recortes al PAE, ante las zanjas en la frontera, ante el desmantelamiento del Estado social. Es exactamente lo contrario.

Los derechos democráticos, la libertad sindical, el derecho a huelga, la protección social que las clases trabajadoras arrancaron en el siglo XX son condiciones de la lucha, no su horizonte. Se defienden porque sin ellos la organización popular que puede producir la transformación real es imposible. Se defienden como se defiende el terreno desde el que se combate, no como el fin para el que se combate.

Cuando la izquierda grita «defiendan las instituciones» sin decir de qué instituciones se trata ni para qué sirven, está respondiendo al relato de Kast en el terreno que Kast eligió.

La respuesta que la situación exige es distinta: que la democracia que Kast recibió era ya insuficiente, que sus instituciones estaban diseñadas para garantizar, en última instancia, la reproducción del capital que él ahora administra sin disimulo, y que lo que hay que construir no es la democracia liberal que Land impugna sino la democracia real que ni Land ni Thiel ni Kast pueden tolerar.

VIII. El proyecto que no podemos seguir postergando

El proyecto histórico de la izquierda no es la democracia liberal. Nunca lo fue. Es la transformación de las relaciones sociales de producción: la construcción de una sociedad organizada en función de las necesidades humanas antes que de la acumulación de capital privado.

Ese proyecto tiene elementos concretamente realizables hoy, en el presente, que no esperan la revolución para comenzar a existir. La producción de vivienda fuera de la lógica especulativa, mediante cooperativas y suelo público, es posible dentro del capitalismo y señala más allá de él porque impugna la premisa de que el hábitat es una mercancía.

El control colectivo sobre los recursos naturales estratégicos, el agua, el litio, el cobre, establece que hay bienes que no pueden ser gestionados como propiedad privada.

La democracia sobre el presupuesto público, ejercida en cada municipio y escalada hacia arriba, construye la disposición política de decidir colectivamente sobre lo que se produce y para quién.

No son la revolución. Son su territorio previo. Y es necesario decirlo con honestidad: la distancia entre esas victorias parciales y la transformación de las relaciones de propiedad que este ensayo propone como horizonte es enorme, y ninguna retórica puede acortarla.

Lo que sí puede hacerlo es la acumulación de organización popular que esas victorias construyen cuando se practican como demostraciones de que otro modelo es posible. Cada cooperativa de vivienda que sustrae hábitat de la lógica especulativa, cada presupuesto participativo que instala el hábito de decidir colectivamente, cada municipio que demuestra que el Estado puede proveer lo que el mercado niega, produce el sujeto político que la transformación estructural necesita.

No produce la transformación misma. Esa honestidad no es resignación: es el requisito de cualquier proyecto político que aspire a algo más que administrar expectativas.

La estrategia que eso implica tiene tres niveles que deben operar simultáneamente.

En el nivel local, disputar cada junta de vecinos, cada club de personas mayores, cada municipio, cada sindicato y cada centro de estudiantes, cada consejo regional, cada espacio institucional donde sea posible demostrar con hechos que otro modelo de gestión existe.

En el nivel legislativo, construir las mayorías que permitan avanzar en las reformas estructurales que el gobierno de Boric no pudo completar: la reforma tributaria con impuesto al patrimonio, la regulación del mercado del suelo, la transformación del sistema previsional.

En el nivel político-cultural, disputar el sentido común que Kast heredó de décadas de hegemonía neoliberal, llamando las cosas por su nombre y denunciando con exactitud lo que el capitalismo produce, quién lo produce y a costa de quién.

Esos tres niveles no se sustituyen entre sí: la victoria municipal sin acumulación legislativa produce gestiones aisladas que el siguiente gobierno deshace en un decreto. La reforma legislativa sin base organizativa popular produce leyes que el capital neutraliza en los tribunales o que revierte cada vez que le toca su turno en la tan mentada alternancia en el poder.

Y la disputa cultural sin victorias concretas produce discurso sin territorio. La izquierda que aprendió a gobernar municipios necesita aprender ahora a articular esos tres niveles en una estrategia que no confunda ninguno de ellos con el objetivo final.

La coordinación de la izquierda latinoamericana no es un llamado retórico: es una necesidad funcional. La visita inmediata de Kast a Javier Milei en Buenos Aires como uno de sus primeros hitos internacionales demuestra que la ultraderecha se coordina porque el capital que representa se coordina. Los fondos que financian su expansión global no tienen nacionalidad.

La izquierda que responde a esa coordinación exclusivamente desde proyectos nacionales dentro de los marcos institucionales que ese capital diseñó enfrenta una asimetría de escala que ninguna virtud programática puede compensar por sí sola.

IX. La paradoja que Kast no calculó

En este contexto, hay algo en lo que está ocurriendo en Chile que sus protagonistas no previeron. Al gobernar con la honestidad descarnada que Land teórizó, al recortar el PAE mientras investigan la cena en La Moneda, al llamar «metáfora» a la promesa que el 76% entendió como concreta, el gobierno de Kast le está haciendo a la izquierda el mismo favor que Land le hizo en el plano teórico: la está liberando de la obligación de defender la democracia liberal como si fuera su proyecto.

Mientras la derecha gobernó Chile con el disimulo del consenso, la izquierda podía presentarse como defensora de las instituciones sin demasiada contradicción. Lo que Kast está haciendo es diferente: está gobernando como si el consenso fuera prescindible, como si las mayorías que lo votaron fueran clientes que pueden ser administrados con relatos y espectáculos mientras el programa económico se ejecuta en el silencio de los oficios de Hacienda.

Ese modo de gobernar produce el efecto contrario al buscado: devuelve la pregunta de fondo.

La pregunta de quienes lo votaron y hoy preguntan ¿por qué está haciendo esto? es la pregunta más valiosa de la coyuntura. No porque merezca la respuesta corporativista de «los engañó la campaña», aunque sea verdad. Sino porque es la apertura hacia una respuesta más profunda: porque este es el capitalismo funcionando exactamente como Land describió que funciona cuando ya no necesita el consenso de las mayorías ni el pacto social del siglo XX.

Y la única respuesta que vale la pena frente a eso no es restaurar el consenso anterior sino proponer la transformación que ese consenso anterior aplazó indefinidamente.

La izquierda que dice solo «no toquen el PAE» tiene razón, pero no tiene proyecto. La izquierda que dice «la alimentación escolar no debería depender del presupuesto de Quiroz sino del derecho constitucional a la alimentación gestionado socialmente» tiene razón y además tiene dirección. Esa diferencia es toda la diferencia.

El capital que gobierna sin disimulo desde La Moneda no nos asusta. Nos devuelve la pregunta que siempre debimos responder y que demasiadas veces postergamos por la urgencia de defender lo que el capital dejaba en pie. Ahora que decide llevarse también eso, la urgencia de construir lo que nunca tuvimos es la única respuesta política que merece el nombre. Socialismo o Barbarie.


Daniel Jadue


NOTAS :

1 Arquitecto, sociólogo y político chileno. Alcalde de Recoleta (2012-2024).

2 Declaración de José Antonio Kast en el debate presidencial del 21 de octubre de 2025, transmitido por TVN y Canal 13. Disponible en los archivos de ambas cadenas.

3 Oficio del Ministerio de Hacienda firmado por el ministro Jorge Quiroz el 21 de abril de 2026, filtrado a medios el 24 de abril. Reportado por El Mostrador, La Tercera y Resumen Latinoamericano, entre otros.

4 Encuesta Activa Research para Pulso Ciudadano, 13-15 de mayo de 2026. Encuesta Cadem, semana del 17 de mayo de 2026.

5 El Decreto Ley 600, Estatuto de la Inversión Extranjera, estuvo vigente desde 1974 hasta su derogación en 2016 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La invariabilidad tributaria del Plan de Reconstrucción de Kast reproduce su lógica central, aunque con un estatuto jurídico distinto.

6 La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó los artículos centrales del proyecto en sesión que se extendió hasta las 5 horas del 14 de mayo de 2026. Reportado por Diario y Radio Universidad de Chile ese mismo día.

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mercredi 27 mai 2026

EL PAÍS, CUBA Y LA NARRATIVA EMPAQUETADA EN WASHINGTON

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EL PAÍS, Cuba y la narrativa empaquetada en Washington : 
EL PAÍS, Cuba y la narrativa empaquetada en Washington/ Publicado en: Observatorio de Medios de Cubadebate / En este artículo: El País, España, Estados Unidos, Guerra mediática, Manipulación Mediática, Observatorio de Medios de Cubadebate / Un análisis de 24 artículos publicados entre el 18 y el 24 de mayo muestra cómo el diario español EL PAÍS construyó una Cuba al borde del colapso y convirtió el discurso del Gobierno de Estados Unidos en una arquitectura periodística de sentido.

Cubadebate 26 mayo 2026  

En la última semana, mientras el Gobierno de Estados Unidos escalaba su presión contra Cuba mediante sanciones, acusaciones judiciales, despliegues militares y mensajes de “nueva relación” condicionada, EL PAÍS publicó un conjunto de 24 textos donde la Isla aparece como tema directo o como telón de fondo. Leídos en conjunto, esos textos no componen una simple cobertura informativa, sino que forman una operación narrativa.

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La hipótesis inicial de esta investigación sostiene que EL PAÍS construye, durante un período de máxima agresividad de Washington contra Cuba, una narrativa hostil, sesgada y funcional a los marcos interpretativos del Gobierno de Estados Unidos. El análisis confirma esa premisa y permite precisar el hallazgo: el diario no reproduce mecánicamente la línea discursiva de Washington, sino que la procesa editorialmente, la organiza por temas, la legitima mediante fuentes y la presenta bajo los códigos del gran periodismo internacional.

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Un elemento central de esta hipótesis es la geografía de la cobertura: ninguno de sus corresponsales informa desde Cuba. Sus reporteros están ubicados fundamentalmente en Miami y Nueva York, dos enclaves decisivos en la producción política, mediática y simbólica del relato estadounidense sobre la Isla.

Esa distancia territorial condiciona las fuentes disponibles, los actores consultados, los climas de opinión recogidos y los marcos ideológicos desde los cuales se interpreta la realidad cubana.

Por eso, EL PAÍS no construye su cobertura sobre Cuba desde una observación situada en la Isla, sino desde el dispositivo político-mediático que Washington ha articulado alrededor de ella; traduce ese guion al lenguaje sofisticado del periodismo liberal occidental y lo reviste de fuentes, contexto aparente y tono analítico, mientras mantiene intacta la arquitectura ideológica de fondo.

La nube de titulares: una gramática del colapso

Figura 1. 

Figura 1. Nube de titulares publicados por EL PAÍS sobre Cuba entre el 18 y el 24 de mayo de 2026. La selección permite observar la concentración de encuadres negativos —colapso, descomposición, desesperación, sanciones, imputación, exilio y amenaza militar— y la reiteración de marcos discursivos alineados con la narrativa de presión de Washington. En rojo se destacan los titulares de mayor sesgo político, dramatización del conflicto y legitimación simbólica de la ofensiva estadounidense contra Cuba. Fuente: El País.

El primer golpe de sentido está en los titulares. De los 24 textos analizados, 16 colocan a Cuba o lo cubano de forma explícita en el encabezado. Los restantes mantienen el tema mediante sustitutos de alto poder simbólico: “Raúl Castro”, “Díaz-Canel”, “GAESA”, “Miami”, “la CIA”, “La Habana”, “Caracas” o “el ICE”.

No son titulares aislados. Son piezas de una misma cadena semántica: descomposición, colapso, desesperación, régimen, sanciones, portaviones, CIA, GAESA. La reiteración produce efecto de cierre: Cuba aparece, sin contexto, como sistema sin futuro propio, mientras Washington es representado como la fuerza que acelera, condiciona o administra el desenlace.

El punto decisivo no está solo en cuántas veces se cita a fuentes estadounidenses, sino en qué papel cumplen dentro del relato. En la cobertura, Washington no es un actor más: es quien produce acontecimientos. Sanciona. Imputa. Despliega un portaviones. Ofrece una “nueva vía”. Activa tribunales. Marca condiciones. Convierte a GAESA en objetivo. Coloca a Raúl Castro en el centro de una causa judicial. Proyecta sobre Cuba el antecedente venezolano.

Cuba, en cambio, suele quedar en posición reactiva: denuncia, advierte, resiste o es descrita por terceros. Incluso cuando se recoge la voz del Gobierno cubano, esa voz aparece muchas veces después del acto de poder producido desde Estados Unidos. El reparto de agencia es claro: Washington mueve; La Habana responde.

Ese reparto organiza la cobertura. La línea del Gobierno estadounidense —crisis interna, élite militar, sanciones selectivas, transición posible, “nueva relación” bajo condiciones— se convierte en una estructura periodística reconocible. EL PAÍS la empaqueta como secuencia: primero el diagnóstico de colapso, luego la identificación de culpables, después la presión y finalmente la promesa de una salida condicionada.

Figura 2. 

Figura 2. Distribución de los tipos de fuentes referenciadas en el corpus analizado de EL PAÍS sobre Cuba. El gráfico muestra una clara sobrerrepresentación de fuentes vinculadas a la institucionalidad estadounidense —con “EE. UU. oficial” como categoría dominante—, seguida por referencias al gobierno cubano, agencias, expertos y actores del exilio/contrarrevolución. Esta estructura de fuentes permite observar cómo la cobertura se organiza alrededor de un eje interpretativo externo a Cuba, con fuerte peso de Washington y de los circuitos políticos, mediáticos y jurídicos asociados a la política estadounidense hacia la Isla, mientras las voces sociales, comunitarias o situadas dentro del país ocupan un lugar marginal. Fuente: Observatorio de Medios de Cubadebate.

Las imágenes también editorializan

El discurso visual acompaña la misma operación. Las fotografías privilegian rostros de líderes, escenas de oscuridad, símbolos militares, archivos de conflicto, espacios de crisis urbana y representaciones de estructuras económicas bajo sospecha. La Cuba visual de la cobertura rara vez es productiva, comunitaria o institucionalmente eficaz. Es, sobre todo, una Cuba nocturna, envejecida, bloqueada, vigilada y explicada desde el conflicto.

La imagen no solo ilustra: confirma. Un apagón no acompaña una nota sobre electricidad; se convierte en metáfora de país. Un retrato de un líder cubano no solo identifica a una autoridad; funciona como rostro de una Revolución agotada. Un portaviones no solo informa sobre despliegue; introduce la posibilidad de fuerza. Una manifestación puede mostrar apoyo popular, pero si el titular la enmarca como “dos realidades” o como mensaje de muerte, el sentido visual queda reordenado por la palabra.

Figura 3. 

Figura 3. Distribución por país de elaboración de las notas sobre Cuba en el corpus analizado de EL PAÍS. La gráfica evidencia que la cobertura se produce íntegramente desde fuera de Cuba, con predominio de Estados Unidos (45,8 %) y España (37,5 %), seguidos por México (12,5 %) y Venezuela (4,2 %). La ausencia de textos elaborados desde la Isla confirma que el relato periodístico se construye desde centros externos de producción informativa y política. Fuente: Observatorio de Medios de Cubadebate.

El análisis por país muestra que, en el corpus completo de 24 notas, 11 fueron elaboradas desde Estados Unidos, lo que representa el 45,8 % del total; 9 desde España, equivalentes al 37,5 %; 3 desde México, que suponen el 12,5 %; y 1 desde Venezuela, equivalente al 4,2 %. En conjunto, Estados Unidos y España concentran el 83,3 % de las notas analizadas. No aparece ninguna nota elaborada desde Cuba.

Este dato refuerza una conclusión central de la investigación: la cobertura de EL PAÍS sobre Cuba no se construye desde una observación situada en la Isla, sino desde un entramado externo, articulado principalmente desde Miami, Nueva York, Washington y Madrid. La ausencia de reportería situada en Cuba condiciona el enfoque, las fuentes disponibles y los marcos interpretativos que organizan la representación del país.

A esto se suman, que la distribución de la cobertura latinoamericana en el período analizado muestra una concentración en torno a Cuba, México y Venezuela, que juntas reúnen aproximadamente el 68 % de las menciones estimadas. En el caso de Cuba y Venezuela, la presencia aparece fuertemente atravesada por la agenda de Washington, mientras México funciona como una plaza informativa estructural del diario. Argentina ocupa un segundo nivel de visibilidad, marcada por el ciclo político de Milei, y Brasil, Colombia y Chile aparecen con una presencia más fragmentaria o puntual.

Conclusiones

El análisis permite concluir que la cobertura de EL PAÍS sobre Cuba no responde a una simple acumulación de artículos, sino a una arquitectura narrativa coherente y sesgada políticamente. En el conjunto de textos analizados, Cuba aparece descrita de forma recurrente como un país al borde del colapso, sin capacidad propia de salida y sometido a una crisis cuya solución parecería depender de intervención externa.

Esa representación no se construye desde la complejidad interna de la sociedad cubana, sino desde la agenda que Washington impulsa en su política hacia la Isla: sanciones, presión judicial, amenaza militar, cuestionamiento de sus estructuras económicas y promesa de una “transición” condicionada.

El rasgo central de la cobertura es su dependencia del relato estadounidense. EL PAÍS no actúa únicamente como un medio que informa sobre decisiones de Washington, sino como un operador editorial que convierte esas decisiones en sentido periodístico. El diario toma los ejes de la política exterior de Estados Unidos, los organiza en titulares, perfiles, reportajes, análisis y gráficos, y los presenta como una lectura razonable de la realidad cubana. De ese modo, el discurso de Washington deja de aparecer como una posición política interesada y se transforma en el encuadre dominante: Estados Unidos sanciona, acusa, despliega, condiciona y propone; Cuba queda reducida, casi siempre, a ser interpretada por otros.

Esa dependencia narrativa se refuerza por la estructura de fuentes. Las voces oficiales estadounidenses, los tribunales, las agencias, los expertos estadounidenses y los actores de Miami ocupan un lugar privilegiado en la construcción del relato. Frente a ello, las fuentes nacionales cubanas —sociales, institucionales, comunitarias, académicas o populares— aparecen debilitadas, desplazadas o directamente ausentes como sujetos capaces de explicar su propia realidad. El país es narrado más como objeto de diagnóstico externo que como sociedad con actores, conflictos, respuestas y racionalidades propias.

La ausencia de reporteros en Cuba es, por tanto, un dato decisivo. No se trata solo de una limitación geográfica, sino de una condición estructural del enfoque: informar sobre Cuba sin informar desde Cuba implica depender de circuitos externos de validación, de agendas producidas fuera de la Isla y de fuentes que, en muchos casos, forman parte del propio dispositivo político de presión. Esto reduce la posibilidad de comprender el impacto real del bloqueo, las sanciones y la agresividad estadounidense sobre la vida cotidiana, y favorece una explicación unilateral donde los problemas internos se presentan como prueba definitiva del agotamiento del sistema cubano.

En síntesis, EL PAÍS construye una Cuba explicada desde Washington, narrada desde fuera y escasamente contrastada con fuentes nacionales situadas en la Isla. La cobertura no niega necesariamente problemas reales —apagones, dificultades económicas, migración, tensiones políticas o desabastecimiento—, pero los ordena dentro de una interpretación funcional al relato de colapso.

La pregunta clave, por tanto, no es solo qué dice EL PAÍS sobre Cuba, sino desde qué centros de poder lo dice, a quién concede autoridad para explicar la realidad cubana y qué intereses políticos terminan haciendo legible su cobertura.

Metodología: Análisis del discurso de 24 artículos de EL PAÍS publicados entre el 18 y el 24 de mayo de 2026 y localizados mediante búsqueda de la palabra “Cuba” en Google. Variables codificadas: titular, firma, fecha, sección, presencia de Cuba en titular, tono, criticidad discursiva, macroencuadre, fuentes citadas, país de origen y patrón visual.

Anexo: Artículos analizados


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Cuba: Preparación mediática para una invasión
👉 Así operan los criminales de guerra. Llevando hambre, enfermedad y oscuridad a todo un pueblo. 
Impidiendo la entrada de petróleo, destruyendo todas sus fuentes de ingresos y empleo.
 Monstruos insaciables que ya preparan a la opinión pública para  una posible intervención militar. 
Con la ayuda de sus medios de comunicación afines.

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RAÚL CASTRO EN LA HABANA, EN 2014
FOTO ISMAEL FRANCISCO 


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lundi 25 mai 2026

VENEZUELA NECESITA UNA NUEVA «LUCHA DE LIBERACIÓN»

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ELÍAS JAUA, SOCIÓLOGO, POLÍTICO Y EX VICEPRESIDENTE
 DE VENEZUELA, ENTRE 2010 Y 2012. 


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Venezuela necesita una nueva «lucha de liberación» / Entrevista con Elías Jaua por Federico Fuentes / Entrevista al ex vicepresidente venezolano Elías Jaua, sobre la situación actual del país bajo lo que define como un «tutelaje bajo coacción» y a una «administración neocolonial» por parte de los EE.UU. La izquierda latinoamericana debe sumarse a la denuncia de esta situación y multiplicar la solidaridad.

Entrevista con Elías Jaua por Federico Fuentes 

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a indicar esta semana que estaba «considerando seriamente la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51». La declaración se produce apenas unos meses después del ataque militar estadounidense contra el país sudamericano y del secuestro de su presidente, Nicolás Maduro. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió afirmando que su país «no es una colonia» y que el presidente Trump «sabe que hemos estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación».


Pero para Elías Jaua, ex vicepresidente de Hugo Chávez, Venezuela hoy es un país que se encuentra «ocupado militarmente», además de «sometido a un tutelaje bajo coacción» y a una «administración neocolonial» por parte de los EE.UU. En esta entrevista, originalmente publicada en inglés en LINKS International Journal of Socialist Renewal, afirmó que el Estado venezolano debería estar denunciando este «grave acto de agresión».

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Hablando con Federico Fuentes, Jaua analizó el plan de Trump para Venezuela, los factores políticos internos que facilitaron el asalto del 3 de enero, por qué los EE.UU. dejó al gobierno en el poder y cómo han respondido las fuerzas políticas rivales y la población.

Chavista, socialista, revolucionario y director del Centro de Estudios sobre la Democracia Socialista (CEDES), Jaua también expuso sus opiniones sobre el gobierno de Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el nivel de participación popular hoy en el país, y la solidaridad que Venezuela necesita.

FF Tras el ataque imperialista del 3 de enero, te has referido a la situación en Venezuela como una «ocupación militar». ¿Podrías explicar por qué?

EJ La afirmación la hago en función de lo que han declarado oficialmente tanto el gobierno en Venezuela, así como Donald Trump y Marco Rubio. El gobierno de los Estados Unidos dijo que, bajo la amenaza de una destrucción masiva de infraestructura y del liderazgo en Venezuela, se había aceptado el esquema que Trump había planteado.

Entonces, sin duda alguna, hay una amenaza pública de un ataque militar de mayor escala y esto implica una coacción militar. Esto también explica lo que ha venido ocurriendo posteriormente.

FF ¿Cuál es el esquema de Trump para Venezuela?

EJ Lo más visible, declarado por Trump y sus funcionarios, es que la comercialización de la producción petrolera venezolana está en manos de ellos y que los ingresos provenientes de la venta de ese producto van a un fondo administrado por el Departamento del Tesoro, liberando algunos recursos para el funcionamiento del Estado venezolano.

Esto no amerita mayor explicación para comprender la gravedad que implica una situación en donde un país, una nación, un Estado, tiene que aceptar que su principal recurso de generación de ingresos sea administrado por otro país. Esto no tiene otro nombre que un tutelaje bajo coacción y una administración neocolonial de un gobierno por otro, que es el esquema que se ha implantado en Venezuela.

Luego, sus intenciones han escalado hacia el tema del oro y otros minerales estratégicos. Y se ha condicionado la política exterior de Venezuela, en temas como la solidaridad con Cuba, Irán y Palestina. Lo que el gobierno de los EE.UU. está haciendo con Venezuela es una agresión muy grave y está al margen de cualquier marco del derecho internacional. Debería generar una seria preocupación en la comunidad internacional que un país sea sometido a las condiciones a las que está siendo sometida Venezuela.

FF Escribiste recientemente que la «incapacidad o falta de voluntad para gestionar de manera nacional y democrática el conflicto político» abrió las puertas a esta intromisión extranjera. ¿Qué factores internos ayudan a explicar el 3 de enero?

EJ Bueno, es larga la trayectoria para llegar al 3 de enero de 2026, pero lo podemos resumir de la siguiente manera.  Desde el inicio de la Revolución Bolivariana, un sector de la oposición optó por apelar a la injerencia extranjera para intentar frenar el proceso democrático revolucionario que se había iniciado en 1998 con la victoria electoral del Comandante Hugo Chávez. A partir del 2001-2002 [cuando la oposición lanzó un intento de golpe de estado en abril 2002 y luego organizó un paro patronal petrolero en diciembre 2002 y enero 2003] se introdujo la presencia de un agente externo en el conflicto político nacional, lo que ha marcado la historia por más de 20 años. Y el conflicto se agravó con la muerte del Comandante Chávez, dada la falsa creencia, en ese momento, de que su muerte había debilitado las bases de la Revolución Bolivariana y que ellos podían rápidamente resolver el asunto derrocando al presidente Nicolás Maduro, electo en el año 2013.

Por eso, en el 2014, vimos la llamada «Salida» [una oleada de protestas violentas entre enero y febrero de ese año], que fue una estrategia insurreccional para derrocar al gobierno. Luego, ante el fracaso de esta estrategia, pasamos a la participación abierta del gobierno de los EE.UU. como un actor en la política interna. Esto ocurre cuando el gobierno del Presidente Barack Obama declara a Venezuela como una amenaza «inusual y extraordinaria».

FF ¿Qué cambia específicamente?

EJ Aquí creo que es donde se pierde el control de lo que yo llamo la gestión nacional del conflicto porque, con toda la injerencia extranjera que desde 2002 se había ejecutado, por lo menos hasta el 2013, el conflicto pudo ser gestionado democráticamente y entre actores domésticos. En 2004 se resolvió mediante un acuerdo político entre el chavismo y todos los sectores de la oposición. Esto permitió un largo periodo de estabilidad política y, por supuesto, de crecimiento económico, de superación de la pobreza, de reducción de la brecha de desigualdad. Todo esto ocurre después del año 2004, después del referéndum revocatorio, una salida constitucional venezolana que terminó reafirmando a Chávez.

Pero a partir de 2014-15, el conflicto se sale de la gestión política nacional y EE.UU. comienza a participar directamente de los intentos de resolución política dentro del país, a condicionar esos acuerdos, a boicotearlos. Fui parte de la mesa de negociación en República Dominicana, donde estuvimos a punto de firmar un acuerdo con la oposición para las elecciones del 2018, pero que fue echado para atrás por instrucciones de los Estados Unidos. Luego vino la administración Trump y el establecimiento y reconocimientos del gobierno paralelo de Juan Guaidó.

FF ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Maduro?

EJ Es precisamente en este punto que el gobierno nacional intenta asumir una interlocución directa —que la va construir y lograr— con el gobierno de los EE.UU. Entonces, la negociación ya deja de ser nacional, y tanto la oposición (que pidió, estimuló y abrió las puertas para la intervención extranjera) como el gobierno (que solo quiere reconocer como interlocutor a los EE.UU.) hacen que se pierda la gestión nacional del conflicto.

A partir de allí se deriva hacia la situación del 3 de enero, con la grave consecuencia de haberse producido un ataque militar alevoso y la posterior ocupación y tutelaje del gobierno de los EE.UU. sobre Venezuela. Además del tutelaje económico, de la administración ilegal y arbitraria de nuestros recursos, hoy en día podemos decir que las decisiones fundamentales sobre el escenario político en Venezuela no se resuelven o no se dilucidan en Venezuela. Todos los actores políticos, o por lo menos la mayoría, miran hoy hacia la Casa Blanca a ver qué deciden, a ver cuándo van a convocar elecciones, a ver a quién le levantan la mano como candidato.

La responsabilidad principal por la situación política actual fue haber permitido que la dirección, la regulación, la contención del conflicto se escapara de las manos de los venezolanos, especialmente en los últimos 10 años. Esto facilitó la entrada del gobierno de los EE.UU. para lograr sus objetivos, reservarse para sí los recursos energéticos y mineros y dar un golpe a la rebeldía de los pueblos, en su afán de reposicionarse como potencia hegemónica.

FF ¿Cuál es el estado de ánimo de la población luego del 3 de enero?

EJ Son varios los sentimientos. Hay sentimientos respecto al tema del secuestro del presidente Nicolás Maduro: una parte de la población lo condena y se siente afectado sentimentalmente por lo ocurrido; pero hay otra parte que la celebra, que se identifica con esos acontecimientos. Esto es un nivel.

Pero luego viene el nivel sobre la percepción sobre la agresión militar, del tutelaje que apenas comienza, y que genera angustia, dolor, un sentir que estamos perdiendo la República. La gente no termina de comprender cuál es nuestro estatus con los Estados Unidos, pero cada día la realidad va demostrando que ese estatus no es otro que el de un Estado tutelado. Esto genera un sentimiento de vergüenza, que cada día crece más.

Pero también hay otro nivel, un sentimiento de expectativa, de que la situación económica y social del país va a mejorar. En esos primeros días, entre la confusión, el dolor, los que celebraban, los que repudiaban, al fondo era: «Mira, todo va a mejorar». Ya nos imaginábamos en la prosperidad económica. Fue así porque es un pueblo que ha sido sometido, especialmente tras la muerte de Chávez, a una agresión sistemática que vulneró todo el sistema de derechos sociales, de participación política, de esperanza en la construcción de algo distinto.

En el fondo de todos los sentimientos que se están expresando de un lado o de otro respecto al país y al gobierno, todo el mundo quiere que mejore la situación. Pero la realidad es que no ha habido un cambio significativo. Ya han pasado cuatro meses y podemos decir que el día a día económico de la familia venezolana es peor que antes del 3 de enero de 2026.

FF A pesar de que se habló mucho de un posible cambio de régimen, Trump dejó al gobierno en el poder. ¿Por qué cree que fue así?

EJ Creo que responde, primero, a un asunto de política interna de los Estados Unidos. Trump juega mucho con vincular la política doméstica a la política internacional y viceversa, la llamada interméstica. Parte importante de su programa era que los EE.UU. no debería seguir promoviendo cambios de regímenes en otros países. Entonces, el lograr lo que ha logrado con el gobierno en Caracas, le cayó de anillo a su discurso y a su promesa electoral. Por eso intentó repetir el esquema en Irán: asesinar al Ayatolá y dejar a la dirigencia iraní, entenderse con esta y decir que no hubo cambio de régimen. Creo que esa fue la intención.

Segundo, la necesidad de estabilidad política que requería, y el reconocimiento que la oposición venezolana no tenía ni el liderazgo, ni la fuerza, ni la autoridad para garantizar esa estabilidad política en el corto plazo. Sobre todo, porque el ataque a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores hay que entenderlo como el paso previo al ataque a Irán. Trump valoró que, al controlar las reservas petroleras de Venezuela, podrían aventurarse a entrar en una guerra con Irán sin que, por lo menos a los EE. UU, les afectará el cierre del Estrecho de Ormuz, para su seguridad energética.

Sin embargo, dejó de lado en su valoración el daño que habían causado las sanciones por ellos aplicadas, en la capacidad de producción de la industria petrolera nacional, cuya recuperación plena llevará al menos cuatro años, según expertos, si se levantan todas las sanciones y hay inversiones mil millonarias, que por ahora no aparecen.

Creo que ahí está un poco la explicación de porqué se reconoce la sucesión constitucional que se produce de manera temporal, como está prevista en la Constitución, y por qué, bajo la coacción y la amenaza, se establece una relación de tutelaje con el gobierno actual de Venezuela.

FF ¿Cómo quedó parada la oposición tradicional luego del 3 de enero?

EJ La oposición quedó bastante desconcertada, porque desde el 2002 soñaban con una ocupación militar, incluso de mayores proporciones, una ocupación con tropas y el aniquilamiento de todas las fuerzas populares. Que vendrían en un helicóptero del ocupante y serían colocados en la silla de gobierno en el Palacio de Miraflores. De manera que esto los ha dejado un poco descolgados. Sin embargo, han activado todos sus mecanismos de lobby en los EE.UU. para intentar forzar un proceso electoral en Venezuela, desde su perspectiva creyéndose ganadores de ese eventual proceso electoral.

FF Claramente hay opiniones diversas sobre el nuevo gobierno de la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez. En tu opinión, ¿cómo podemos caracterizar al gobierno actual y sus acciones?

EJ El gobierno actual hay que caracterizarlo y comprender sus actuaciones en base al hecho que es un gobierno sometido a una coacción militar y cuyos recursos nacionales son administrados por un gobierno extranjero. Esa es la realidad.

Ahora, el conjunto de políticas, sobre todo en materia petrolera y minera, sin duda alguna significan un retroceso respecto a las conquistas y los alcances que en materia de soberanía había logrado Venezuela a lo largo de casi 100 años, y que especialmente se habían consolidado y ampliado durante el gobierno del Comandante Chávez. La Ley de Hidrocarburos, por ejemplo, luego de su reforma a pocos días del ataque militar, es una ley que establece que se puede entregar el control operacional de todo el proceso de producción petrolera, desde la extracción hasta la comercialización. Eso es un retroceso que nos coloca en una situación similar a la que tuvimos en los años 30 del siglo XX.

Hay hechos muy graves, como el establecimiento de las regalías petroleras hasta cero; ahora puede haber una concesión petrolera donde la concesionaria no entregue ni un centavo por regalías al propietario del recurso, que es la nación venezolana. Estos son uno de los elementos que implican graves retrocesos en la soberanía petrolera venezolana, entre otros.

FF Pero dada la situación, ¿podría el gobierno estar haciendo algo diferente? Y si es así, ¿qué se podría hacer?

EJ En verdad, yo me cuido mucho de dar consejos al gobierno o especular qué debería hacer o no. Yo estuve en el gobierno y sé que cuando uno está en el gobierno tiene información que no es pública, tiene datos más precisos, que te obligan a tomar tales o cuales decisiones.

Sólo te puedo decir que la decisión del 3 de enero, de no responder al ataque militar, me parece una decisión adecuada en ese momento para evitar la destrucción total de nuestra Fuerza Armada y un daño masivo a la población civil, como sin duda alguna hubiera ocurrido. Pero cuatro meses después, el Estado venezolano debería denunciar internacionalmente la coacción de la cual está siendo objeto.

FF En tu «Manifiesto por la República Democrática», propones un «acuerdo nacional» para «manifestar al mundo que la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas no aceptamos ser un Estado tutelado, ni una colonia». ¿Podrías explicar tu propuesta?

EJ Me preguntaste, ¿qué se podría hacer? Bueno, la respuesta está en ese documento al que te refieres.

La realidad es que el gobierno sólo no puede. Tiene que ser la nación en su conjunto —todos los factores políticos y sociales, y una amplia mayoría de la población— que se cohesione en tanto a un reclamo político y diplomático. Incluso en las instancias internacionales, independientemente de que sabemos que estas instancias y el derecho internacional hoy no tiene aplicación, pero sí están vigente. La República debería crear los precedentes para que en el futuro pueda hacer las reclamaciones respectivas sobre los graves hechos que se han cometido contra Venezuela.

Primero: un ataque militar no justificado, no provocado, desproporcionado, poniendo en riesgo a amplias capas de la población civil en la ciudad de Caracas y otras poblaciones.

Segundo: la ocupación, absolutamente prohibida por resoluciones de Naciones Unidas respecto a que ningún país le pueden expoliar sus recursos. Ningún gobierno se puede atribuir el derecho a administrar los recursos económicos de otro país. Ningún país puede ser coaccionado a tomar decisiones políticas, económicas, legislativas, bajo amenaza militar.

La Nación en su conjunto, todas las fuerzas políticas, deberían plantear eso de inmediato ante las instancias internacionales y ante los pueblos libres del mundo. Se debe demandar el retorno del control sobre el ingreso nacional al Estado venezolano para que el Estado pueda afrontar los graves problemas que toda esta confrontación política, el bloqueo, las sanciones, las perturbaciones sociales, la violencia, etcétera, han producido, generando un daño estructural a la economía. Es la única manera que pueda atender a los temas más importantes de la población: el salario, la educación, la salud, los servicios públicos. No habrá prosperidad sin República.

Ese acuerdo nacional implica una resolución, o al menos una regulación, del conflicto político en Venezuela y el establecimiento de un camino democrático, electoral, político, pacífico. Debe ser una decisión de la nación venezolana de resolver internamente y de manera democrática el conflicto, y no impuesta por la potencia ocupante.

Lo último que planteo es que Venezuela pueda tener la autonomía de generar una política exterior independiente, que es un elemento fundamental para que un Estado sea soberano.

FF Sin duda el gobierno de Maduro tuvo que lidiar con una situación extremadamente difícil: sanciones, violencia opositora, una profunda crisis económica, etcétera. No obstante, ha sido criticado por sectores de izquierda, quienes acusan al gobierno de buscar gobernar para sectores capitalistas e implementar medidas anti obreras. ¿Cuál es tu balance del gobierno de Maduro?

EJ Desde el 2018, muchos fijamos posición crítica sobre la política económica, especialmente en cuanto a la política salarial que adoptó el gobierno desde ese año. También se expresaron diferencias acerca de los métodos políticos que se estaban empleando, los cuales no contribuyen a la cohesión nacional necesaria para un conflicto de la magnitud que venía. Y sobre otros aspectos también, expresados en documentos internos y también en publicaciones abiertas. Lamentablemente no hubo espacios para una discusión fraterna sobre estos y otros temas.

FF ¿Qué papel está desempeñando el PSUV en todo esto? Desde afuera parece que no hay mucho debate ni discusión y hasta poca vida política dentro del partido. ¿Es así?

EJ Hace mucho tiempo que en el partido se perdieron los espacios auténticos de discusión y debate. Se justificó ese cierre de los espacios políticos de debate, en el marco de un agravamiento de la agresión extranjera, que conllevó a una lógica de guerra de enemigos. Sin embargo, muchos seguimos considerando que en una situación de agresión es cuanto más se tiene que escuchar a la gente, cuanto más se tiene que abrir el debate, para escuchar la pluralidad de opiniones de cómo abordar esa situación.

Luego de esos espacios de deliberación, de pluralismo de las opiniones, efectivamente se hubiese fortalecido la cohesión: primero del chavismo como fuerza revolucionaria, y luego del chavismo como motor de la cohesión social necesaria para afrontar una agresión como la que ha vivido Venezuela y la que sigue viviendo Venezuela.

FF Venezuela se ha caracterizado por su alto nivel de politización y organización popular, en particular en cuanto a las comunas. ¿En qué estado se encuentra el nivel de politización y organización hoy en día?

EJ Tanto en las comunas como en el partido, se conserva una importante estructura organizativa. Es más, el PSUV es la única estructura organizativa realmente existente hoy en día, porque tiene una presencia territorial, una presencia sectorial.

Parte de la situación que vive el país es que los partidos de la oposición no son tal cosa. No son partidos que tengan una presencia en territorio, en sectores obreros, etcétera. La mayoría de los dirigentes de la oposición, son simplemente opinadores de las redes sociales con un alto financiamiento desde el extranjero, de los EE.UU. y de países europeos. Y, particularmente en los últimos seis años, la principal acción política de buena parte de la dirigencia opositora en Venezuela no fue construir partidos, ni movimientos, sino promover la agresión militar que finalmente lograron que se produjera el pasado 3 de enero.

Sin embargo, el deterioro de las condiciones materiales y sociales ha disminuido, no los niveles de politización porque la sociedad venezolana no está despolitizada, sino más bien los niveles de participación política. Es tanto que el propio nivel de politización que tiene buena parte de la población, tanto la base opositora como la base chavista, le permitió comprender que estaba pasado después del año 2018. Que lo que había sido un conflicto de carácter de lucha social por transformar las condiciones materiales de existencia de la población, y en donde la las victorias sucesivas del chavismo se traducían en mejoras y en ampliación de derechos, se convirtió nuevamente en un clásico conflicto entre factores de poder, donde la inmensa mayoría no ganaba nada, sino por el contrario, cada día perdía más.

Eso disminuyó la participación política. A partir de allí, una democracia que había logrado niveles de participación electoral de más del 80%, la movilización permanente masiva de sectores de la población a favor de una propuesta o de la otra, el entusiasmo por participar en lo territorial, en lo sectorial, etcétera, empezó a retroceder.

Este retroceso se ha expresado en los altos niveles de abstención en todos los procesos electorales que ocurrieron posteriormente al 2015. También se ha expresado en la disminución del activismo político, social, territorial. Entre otras cosas, porque la gente ha estado muy ocupada en la sobrevivencia: «tengo que tener tres o cuatro trabajos, ya no me da tiempo de ir a una asamblea, de ir a una marcha, de participar en el autogobierno». La situación económica también ha tenido una consecuencia política en la participación.

Por eso, sin duda alguna, el ataque militar del 3 de enero se produce contra una sociedad agotada por el conflicto, de lado y lado. Porque independientemente de lo que los EE.UU. se había planteado, sí aquí la oposición hubiese tenido la fuerza política organizada que decían tener, ese día era el día preciso para tomar el poder por la vía insurreccional, y no pasó. Pero también hay que reconocer que hubo una suerte de inhibición de los sectores que históricamente habían acompañado el proceso revolucionario aquel aciago día.

FF La cuestión de la solidaridad con Venezuela ha sido un punto de debate entre la izquierda internacional. ¿Qué tipo de solidaridad necesita el pueblo venezolano hoy en día?

EJ En este momento, solidaridad con Venezuela, con el país, con un pueblo agredido y expoliado. Fundamentalmente, la izquierda internacional debe comprender que —más allá del gobierno y la lectura que se tenga sobre el gobierno— Venezuela es hoy un país que fue invadido militarmente, que fue ocupado militarmente, que está siendo sometido a una política de tutelaje bajo coacción, y que, por lo tanto, el deber de la izquierda internacional es denunciar esto, cualquiera sea el gobierno.

Siempre recuerdo que nosotros éramos jóvenes militantes de izquierda cuando la invasión a Panamá y no había nada más lejos de nuestra simpatía que Manuel Noriega. Pero no era Noriega, era un pueblo hermano al que estaban invadiendo, masacrando, y nosotros, la juventud latinoamericana de izquierda, nos levantamos durante meses, marchando, protestando, etcétera, contra esa intervención militar. Entonces, la izquierda internacional no debe descartar de su agenda la lucha por la liberación de Venezuela. Porque al pueblo de Venezuela le va a tocar librar una lucha de liberación nacional en los próximos meses, en los próximos años. Y esa lucha por la liberación nacional de nuestro país, de la tutela del gobierno de los EE.UU., debe contar con la solidaridad de toda la izquierda internacional, y mucho más allá de la izquierda, de los sectores que consideran que el mundo no puede ser el mundo de Trump.

Es hoy el momento de enarbolar, con mucha más fuerza que nunca, las banderas antiimperialistas y denunciar que están aplastando al derecho internacional, que están aplastando a los estados nacionales, que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, genocidios, como los que vimos en Gaza y que sigue ocurriendo ante los ojos del mundo, o como vemos con el ataque contra Irán. Independientemente de lo que uno pueda pensar del régimen que gobierna Irán, es inaceptable lo que está pasando. Esto obliga a la izquierda internacional a elevar la capacidad de organización, comunicación y movilización, porque la lucha contra el imperialismo y la agresión militar de los imperios contra los pueblos, ha sido bandera histórica de la izquierda. Hoy la causa humana nos demanda luchar.

Elías Jaua

Elías José Jaua Milano es un político, profesor universitario y sociólogo venezolano, quien ha desempeñado varios cargos durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, incluyendo el de vicepresidente (desde enero de 2010 hasta octubre de 2012).

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