samedi 8 août 2026

CHILE / AGENDA DE SEGURIDAD DE KAST GENERA DUDAS Y CUESTIONAMIENTOS

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Prensa Latina
Chile: agenda de seguridad de Kast genera dudas y cuestionamientos / Santiago de Chile, 8 agosto 2026.  El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó esta semana un plan para enfrentar la inseguridad que generó cuestionamientos, sobre todo por la falta de compromiso del Gobierno de avanzar en el levantamiento del secreto bancario. [« Del Estado de derecho al Estado de seguridad » ]

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Prensa Latina  agosto 8, 2026 | 02:30

DESSIN BECS

 La llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) contiene una treintena de medidas y el Ejecutivo espera que sea adoptada antes de Navidad. “Vamos a analizar cada proyecto en su mérito, punto por punto”, dijo el diputado y presidente del Partido por la Democracia, Raúl Soto, quien advirtió no obstante que el gran ausente de esta megarreforma es el alzamiento del secreto bancario.

Kast detalla agenda de seguridad contra el crimen organizado: propone nuevo estado de excepción
y más atribuciones policiales / Desde la Escuela de Carabineros de Chile, el Mandatario profundizó
el anuncio que hizo ayer en cadena nacional.

FOTO LA TERCERA

À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR

“No se puede perseguir la ruta del dinero, no se puede atacar el corazón del crimen organizado si no debilitamos su poder económico», señaló el legislador.

Dentro de las medidas anunciadas por el presidente figuran el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, la ampliación de la retención a los migrantes ilegales y el reforzamiento de las fronteras con zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente.

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El Partido Comunista manifestó su disposición a discutir medidas destinadas a fortalecer la inteligencia, perseguir el dinero del narcotráfico, mejorar la coordinación entre policías y fiscalías y entregar más capacidades preventivas a los municipios.

Sin embargo, puso en duda la voluntad del gobierno de avanzar en esos temas cuando una de sus primeras medidas fue recortar en tres por ciento el presupuesto del Ministerio de Seguridad y tampoco impulsó el debate legislativo sobre el levantamiento del secreto bancario.

La organización política señaló también que “la seguridad no puede convertirse en una excusa para confundir el crimen organizado con la protesta social, ni para transformar derechos sociales en beneficios que el gobierno pueda entregar o retirar según su conveniencia”.

Durante la presentación en cadena nacional de su agenda, Kast dijo que una barricada, un vehículo cruzado en una calle o un obstáculo intentando bloquear la vía ilegalmente podrá ser un delito.

Añadió que el carabinero, el policía, gendarme o integrante de las Fuerzas Armadas que actúe en legítima defensa, no va a ser tratado por la ley como si fuera el delincuente, lo cual podría implicar mayor potestad a los agentes para disparar.

El presidente admitió que algunas decisiones tienen consecuencia y que habrá quienes querrán oponerse a esta agenda, en alusión a las reacciones que pudiera ocasionar en el Congreso o en las organizaciones sociales y de derechos humanos.

Durante la presentación, Kast también dijo que enviarán al Congreso una reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado, lo cual les permitirá un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen.

GIORGIO AGAMBEN, FILÓSOFO ITALIANO, UDINE, ITALIA, 2018.
FOTO DE LEONARDO CENDAMO

Para el filósofo italiano Giorgio Agamben, el concepto de seguridad se ha convertido en el paradigma dominante de la política moderna y en el principal motor de la mutación y erosión de las democracias. Lejos de ser un mecanismo para proteger al ciudadano, la seguridad funciona como una técnica de control biopolítico que transforma radicalmente la relación entre el Estado y los gobernados
/ Del Estado de Derecho al Estado de Excepción / La seguridad como prioridad: El Estado moderno abandona progresivamente su fin tradicional de garantizar la justicia o la libertad para erigir la seguridad como su axioma y razón de ser fundamental.

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Interrogado por CNN Chile, el exministro del Tribunal Constitucional Jorge Correa Sutil dijo estar “sorprendido” por estas declaraciones y recordó que la carta magna en su artículo primero, inciso quinto, dice claramente que es deber del Estado dar protección a la población.

Para lograr que se apruebe el plan y la reforma constitucional que la acompaña el gobierno necesitaría 89 votos en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado, por lo que deberá buscar respaldos fuera de sus filas. ro/car

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vendredi 7 août 2026

KAST BUSCA PRIVILEGIOS PARA LOS CARABINEROS Y AUMENTAR CASTIGOS PARA PROTESTAS

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PANTALLAZO

Diario
Red

Chile / Kast busca privilegios para los carabineros y aumentar castigos para protestas / Las reformas constitucionales, 17 proyectos de ley y unas 30 medidas apuntan a buscar logros en el área de seguridad, un problema sensible para la población y en la que el gobierno estaba en deuda. [« Del Estado de derecho al Estado de seguridad » ]

Libio Pérez Zúñiga  07/08/26 | 10:00

DESSIN BECS

Inmediatamente después de conseguir la aprobación parlamentaria de una profunda reforma económica, que incluye el sistema tributario, el gobierno derechista de Chile que lidera José Antonio Kast, ha anunciado una batería de medidas que endurece la lucha contra la criminalidad, con la que pretende mantener el control de la agenda pública y saldar la deuda pendiente por no tener un plan de seguridad pública pese ser el eje de campaña con el que ganó la elección el bloque gobernante ultraderechista.

"Trump, Milei, Noboa, Bukele, Kast en  el infierno de Dante Gustave Dore"
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En una cadena nacional de medios, Kast adelantó que presentará al Congreso algunas reformas constitucionales, 17 proyectos de ley y unas 30 medidas para “volver a situar a Chile como el país más seguro” de América Latina.

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El diagnóstico es que los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años con la llegada de grupos criminales extranjeros, que explican la tasa de homicidios de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década. Según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), la delincuencia, los asaltos y los robos marcan 57% de las preocupaciones de la población y sería el primer problema que el gobierno debería atender seguido de la salud, la educación y el narcotráfico.

ILUSTRACIÓN RAMIRO ALONSO

" El plan de seguridad de Kast, contra el crimen organizado y el terrorismo tendrá cuatro ejes, según explicó el gobernante: “Perseguir sin descanso”, “capturar sin excusas”, “juzgar con todo el peso de la ley” y “condenar sin beneficios” "

Algunas de las medidas anunciadas por Kast, y luego detalladas por los ministros del Interior y el de Seguridad, Claudio Alvarado y Martín Arrau, respectivamente, son controvertidas; como focalizar 50 “barrios críticos” donde concentrar fuerza policial y recursos tecnológicos, así como reformar la Constitución para crear un nuevo “estado de excepción” que permita la participación de las Fuerzas Armadas -bajo mando policial- en barrios complejos.

El plan de seguridad de Kast, contra el crimen organizado y el terrorismo tendrá cuatro ejes, según explicó el gobernante: “Perseguir sin descanso”, “capturar sin excusas”, “juzgar con todo el peso de la ley” y “condenar sin beneficios”.

Entre las medidas derivadas de los ejes definidos por el plan de seguridad, destacan el rastreo de los grupos criminales, detectar su organización y líderes, y llevarlos a la justicia por el solo hecho de tener relación con los grupos delictuales, lo que se convertirá en delito sin necesidad de una acción delictiva. También serán perseguidos los que reclutan a niños para cometer crímenes.

Será ampliado el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, para darle más tiempo a las policías en la persecución de la delincuencia, además de darles facultades para realizar las primeras diligencias, sin esperar la acción de fiscalías, medida que apunta principalmente a la acción policial en zonas rurales.

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El tiempo de retención de migrantes irregulares será aumentado de los actuales cinco días a 180 días, periodo en que serán privados de libertad en centros especiales, como los que existen en Italia y España, explicó el ministro del Interior. Para ello, el ingreso irregular al país será tipificado como delito.

Un proyecto de ley buscará establecer la “legítima defensa privilegiada” para carabineros, policías, gendarmes o integrantes de las Fuerzas Armadas. El efectivo “que actúe en legítima defensa, defendiendo su vida o la de un tercero, no va a ser tratado por la ley como si fuera el delincuente”, dijo Kast, el proyecto incluiría nuevas reglas del uso de la fuerza, que se aplicarían incluso a efectivos en días libres que usen sus armas para afrontar acciones delincuenciales armadas.

También será reforzadas las leyes que penalizan las barricadas, los bloqueos de calles y el uso de capuchas para ocultar la identidad de quienes las realicen, acción común de las movilizaciones sociales y de protestas.

Serán reformados los protocolos carcelarios para endurecer el régimen de presos de alta peligrosidad en penales de máxima seguridad, lo que incluye reducción de visitas familiares, menos salidas a patios de las cárceles y uso obligatorio de overoles azules y naranjos. También elevarán las medidas de vigilancia e inteligencia para evitar la comisión de delitos desde las cárceles.

" También será reforzadas las leyes que penalizan las barricadas, los bloqueos de calles y el uso de capuchas para ocultar la identidad de quienes las realicen, acción común de las movilizaciones sociales y de protestas"

Kast se propone crear una agencia especial de decomiso y destrucción de bienes ilícitos, así como la destrucción de drogas en el mismo lugar donde son encontradas, un procedimiento que se realizaría bajo presencia policial.

El anunciado plan de seguridad busca reparar el error de no haber llegado al gobierno hace cinco meses sin una hoja de ruta para hacer frente a los problemas de seguridad pública, lo quedó en evidencia cuando la ahora destituida ministra de Seguridad, Trinidad Steinner, reconoció ante el Congreso que no contaba con una planificación para abordar el principal punto de la agenda de Kast.

Duró 92 días en el cargo y fue reemplazada por el ingeniero Martín Arrau, cofundador del ultraderechista Partido Republicano de Kast.

GIORGIO AGAMBEN, FILÓSOFO ITALIANO, UDINE, ITALIA, 2018.
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Para el filósofo italiano Giorgio Agamben, el concepto de seguridad se ha convertido en el paradigma dominante de la política moderna y en el principal motor de la mutación y erosión de las democracias. Lejos de ser un mecanismo para proteger al ciudadano, la seguridad funciona como una técnica de control biopolítico que transforma radicalmente la relación entre el Estado y los gobernados
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El anuncio televisado del presidente, que de inmediato fue reforzado por sus ministros y los partidos de las derechas que lo apoyan, también busca instalar un reordenamiento de sus fuerzas, enfrascadas en fuertes pugnas por la conducción política del gobierno y su proceso de restauración conservadora.

Etiquetas: Chile José Antonio Kast Constitución Seguridad


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"La hegemonía ideológica de la ultraderecha, Vassily Kandinsky"
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SOBRE EL MISMO TEMA:

PCCH SOBRE LA CADENA NACIONAL DEL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

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Kasst

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El Siglo

Texto completo de la declaración del Partido Comunista de Chile (PCCH) en relación a la última cadena nacional del Presidente Kast. / Santiago.  Desde el primer día de este gobierno hemos sido una oposición dispuesta al diálogo y a trabajar por el crecimiento de Chile, especialmente en materia de empleo. Sin embargo, nos hemos encontrado con un Ejecutivo cerrado a toda propuesta orientada a beneficiar a las y los trabajadores del país, mientras protege los intereses de las grandes empresas. Esa lógica queda también de manifiesto en la reforma laboral presentada por el gobierno.

Prensa el Siglo  “El Siglo”.  Santiago. 6/8/2026.  

DESSIN BECS

 Si realmente existiera voluntad de avanzar en crecimiento y seguridad, el Ejecutivo habría impulsado la apertura del debate legislativo sobre levantamiento del secreto bancario y una inversión decidida en la modernización de las policías y de las instituciones encargadas de la persecución penal. En cambio, una de sus primeras decisiones fue intentar recortar en un 3% el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, y recién ahora, tras cinco meses de gestión, presenta un primer esbozo de plan en esta materia.

À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR

*Sobre la agenda de seguridad anunciada*

Chile necesita una política de seguridad firme, democrática y eficaz. Las familias tienen derecho a vivir sin miedo, recuperar sus barrios y contar con un Estado capaz de enfrentar al narcotráfico, las bandas criminales, los homicidios, las extorsiones y el uso de las cárceles como centros de operación del delito.

Por ello, estamos disponibles para discutir todas las medidas que permitan fortalecer la inteligencia criminal, perseguir el dinero del narcotráfico, mejorar la coordinación entre policías y fiscalías, ejercer un control efectivo de las cárceles y entregar mayores capacidades preventivas a los municipios y las comunidades.

Sin embargo, la seguridad no puede convertirse en una excusa para confundir el crimen organizado con la protesta social, ni para transformar derechos sociales en beneficios que el gobierno pueda entregar o retirar según su conveniencia. La gratuidad en la educación, las pensiones y los subsidios habitacionales no son favores presidenciales, son derechos conquistados.

Antes de impulsar una reforma constitucional, el gobierno debe presentar el contenido preciso de su propuesta, explicar qué problema concreto busca resolver, entregar evidencia sobre su efectividad y establecer garantías claras que impidan la arbitrariedad y la discriminación.

Nuestra posición

Reafirmamos nuestra convicción de actuar con firmeza contra el crimen organizado, proteger a las víctimas, respaldar el trabajo profesional de las instituciones y resguardar plenamente los derechos humanos y las garantías de las personas. Chile necesita seguridad con resultados, no una nueva disputa ideológica construida sobre el miedo. Como hemos señalado: los delincuentes deben perder su impunidad; los ciudadanos no deben perder sus derechos.

Las medidas anunciadas hasta ahora no entregan certezas en materia de empleo ni de crecimiento económico. Por el contrario, el crecimiento sigue siendo una promesa basada en la esperanza y las expectativas, mientras que un plan de seguridad recién comienza a presentarse después de cinco meses de gobierno.

José Antonio Kast se preparó durante doce años para llegar a la presidencia y al momento de gobernar, no ha sido capaz de presentar un programa real para impulsar el crecimiento, el empleo y la seguridad. Chile no puede seguir viviendo de la esperanza ni de las expectativas.

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jeudi 6 août 2026

LA VERDADERA HISTORIA DETRÁS DE LA ENTRADA MASIVA DE MIGRANTES EN CEUTA

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Trumpismo / Sionismo / La verdadera historia detrás de la entrada masiva de migrantes en Ceuta / El eje EEUU-Israel-Marruecos pretende debilitar a un gobierno europeo progresista, dividir a la UE y socavar el derecho internacional y los derechos humanos

Stephen Zunes  (The Nation) 6/08/2026

DONALD TRUMP JUNTO AL MINISTRO DE
EXTERIORES MARROQUÍ,  NASSER BOURITA,
EN UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DE PAZ
EN ENERO DE 2026.
DIPLOMACIA MARROQUÍ

Lo que provocó las escenas de la semana pasada, en las que 50.000 marroquíes y otras personas entraron en masa en el enclave español de Ceuta, es más complicado de lo que parece. Ceuta es una de las dos ciudades autónomas españolas situadas en la costa norte de Marruecos; llevan siglos habitadas por población española y, al igual que las Islas Baleares en el Mediterráneo y las Islas Canarias en el Atlántico, son territorios españoles reconocidos. Al ser la única parte de la Unión Europea que tiene una frontera terrestre con un país africano, ha sido durante mucho tiempo un destino para migrantes desesperados por cruzar esa frontera internacional fuertemente fortificada.

El rey de los pobres / El rey Mohammed VI juega con las vidas de los marroquíes,
 los españoles y los europeos. / ¡Es una fiesta en Ceuta!
EN WOLTERINK


À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR

Sin embargo, las personas que entraron en Ceuta –también las docenas que se ahogaron al intentar sortear la valla fronteriza que se adentra en el mar– no respondían al clásico perfil de refugiado. Las imágenes muestran que casi ninguno llevaba maletas u otras pertenencias personales. También hay vídeos en los que se ven camiones llenos de jóvenes, aparentemente organizados por el Gobierno marroquí, que son trasladados hasta las afueras de Ceuta, así como escenas en las que guardias fronterizos marroquíes les permiten el paso. Incluso hay indicios de que, entre la multitud, había agentes de los servicios de inteligencia marroquíes, en un aparente intento de recabar información sobre la seguridad fronteriza y la respuesta de las autoridades españolas. En todo caso, la llegada simultánea de decenas de miles de personas a la frontera, difícilmente podría haberse producido sin un importante apoyo logístico.

F
FOTO ABDEL MAJID BZIOUAT

Esta provocación parece haber sido diseñada por el régimen marroquí para poner en aprietos al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en respuesta a sus esfuerzos por estrechar relaciones con Argelia, rival geopolítico histórico de Marruecos y proveedor clave de gas natural, un recurso cuya disponibilidad se ha visto mermada como consecuencia de las guerras de Ucrania e Irán. Sánchez se había reunido con el presidente argelino la semana anterior. Marruecos orquestó un episodio similar en 2021, cuando facilitó una entrada masiva de personas, en represalia por la decisión de España de permitir la entrada en el país, para recibir tratamiento médico, de Brahim Ghali, el presidente del Sáhara Occidental, cuya soberanía reclama Marruecos.

 ABUSOS EN EL USO DEL SOFTWARE DE CIBERVIGILANCIA PEGASUS

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Quizá no sea una coincidencia que esto ocurra en un momento en el que los gobiernos estadounidense e israelí han mostrado un profundo malestar con el Ejecutivo español por su apoyo a los derechos del pueblo palestino y su oposición a la guerra de Irán.

Trump ha calificado a España de “caso perdido”, y ha asegurada que está dirigida por “gente mala”, en respuesta a la negativa de Pedro Sánchez a aumentar el presupuesto militar del país tanto como él exigía y, en particular, a no permitir el uso de las bases militares estadounidenses en territorio español para la guerra contra Irán o a autorizar el sobrevuelo de aviones militares estadounidenses. El mes pasado, Trump ordenó al secretario del Tesoro que recortara los lazos comerciales con España, a pesar de que es una propuesta inviable debido a la pertenencia de España a la UE, y busca otras formas de castigar al país.

Teniendo en cuenta que Trump ha desarrollado una mayor afinidad con monarcas árabes represivos, como el rey Mohammed VI de Marruecos, que con los aliados europeos tradicionales, quizá no resulte tan sorprendente que optara por criticar más que por  defender a un aliado de la OTAN que se enfrenta a una violación de su territorio soberano.

Dirigentes y políticos estadounidenses aliados con Trump han apoyado abiertamente la idea de que Marruecos asuma el control de los dos territorios españoles de Ceuta y Melilla. Michael Rubin, del American Enterprise Institute, defiende que Marruecos conquiste las ciudades autónomas, y el diputado Mario Díaz-Balart (republicano por Florida), que preside la subcomisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes y es uno de los enlaces más cercanos del secretario de Estado, Marco Rubio, en el Congreso, declaró recientemente que los enclaves “no se encuentran en el territorio geográfico de España”, sino que –a pesar de no haber formado parte de Marruecos durante más de 600 años– están “en el territorio de Marruecos”.

Del mismo modo, un artículo publicado en marzo en el medio de comunicación israelí de derecha ynet instaba directamente a Israel a apoyar las reivindicaciones irredentistas de Marruecos como forma de desacreditar la oposición del Gobierno español a la ocupación israelí, insistiendo en que la propia España era un ocupante.

La operación forma parte de una larga tradición marroquí de aparentar ser “anticolonialistas” como tapadera de su propio colonialismo

De hecho, funcionarios del Gobierno israelí y defensores proisraelíes en Estados Unidos han insistido en el mensaje de que el Gobierno español es un opresor colonialista y, por lo tanto, no tiene derecho a criticar a Israel, ignorando el hecho de que en los enclaves la mayoría de la población es de etnia española y hay pocos indicios de que incluso sus residentes de etnia árabe y bereber prefieran vivir bajo la monarquía autocrática marroquí.

Si bien la presencia de cualquier territorio europeo en suelo africano es sin duda problemática, independientemente de su historia y demografía particulares, cuesta imaginar que estas figuras de la derecha estén realmente motivadas por el anticolonialismo.

Además, la oleada de cruces fronterizos ha generado imágenes que los partidos de extrema derecha en Europa están utilizando para afirmar que existe una crisis de refugiados incontrolable, lo que alimenta los ataques racistas y xenófobos contra Sánchez y otros gobiernos de izquierdas por permitir una “invasión” extranjera del territorio de la UE. Los gobiernos conservadores europeos han exigido que España sea expulsada del Espacio Schengen, que permite la libre circulación sin pasaporte por la mayor parte de Europa, a pesar de que España mantiene un estricto control migratorio interno entre las ciudades autónomas y la península Ibérica y de que ninguno de los 50.000 que cruzaron de manera ilegal a Ceuta ha logrado llegar al continente europeo.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance achacó los cruces fronterizos a “las políticas globalistas de la izquierda radical que han permitido la invasión de Occidente”, mientras que Trump advirtió de que escenas similares a las de las decenas de miles de personas de piel oscura que asaltan la frontera en Ceuta se producirían también en Estados Unidos si los demócratas volvieran al poder.

Irónicamente, en lugar de ser anticolonialista, el propio Marruecos es una potencia colonial que ha invadido, ocupado, anexionado y colonizado ilegalmente la nación del Sáhara Occidental, un Estado miembro de pleno derecho de la Unión Africana y reconocido por las Naciones Unidas como territorio no autónomo. Estados Unidos e Israel son los únicos dos países que reconocen formalmente que ese país ocupado se encuentra bajo la soberanía marroquí.

Marruecos lleva mucho tiempo utilizando la amenaza de abrir las compuertas de migrantes hacia España y otros países europeos para obtener concesiones políticas y económicas, incluso en lo que respecta al Sáhara Occidental. Esto llevó incluso a Sánchez, poco después del incidente de 2021 en Ceuta, a respaldar el dudoso “plan de autonomía” de Marruecos para el Sáhara Occidental, que anularía el derecho a la autodeterminación de los saharauis y sentaría el peligroso precedente del reconocimiento internacional de la expansión territorial de un país por la fuerza. Otros gobiernos europeos de izquierdas han hecho lo mismo, dispuestos a sacrificar los principios jurídicos internacionales por temor a que un flujo masivo de refugiados perjudicara su capital político y reforzara a la extrema derecha.

La operación de entrada masiva a Ceuta forma parte de una larga tradición marroquí de aparentar ser “anticolonialistas” como tapadera de su propio colonialismo. Paralelamente a una invasión armada, Marruecos reunió a 300.000 marroquíes desarmados en la “Marcha Verde” de 1975 para reclamar el Sáhara Occidental cuando este estaba a punto de independizarse de España. La conquista, apoyada discretamente por Estados Unidos, contravino directamente una decisión histórica de la Corte Internacional de Justicia y una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que exigían la autodeterminación del pueblo saharaui. La brutal ocupación militar persiste hasta el día de hoy.

Los recientes cruces fronterizos no constituyeron, por tanto, ni una auténtica crisis humanitaria ni una lucha anticolonial, sino que formaban parte de los esfuerzos del creciente eje EEUU-Israel-Marruecos –codificado y reforzado por los denominados Acuerdos de Abraham– para debilitar a un gobierno europeo progresista, dividir a la UE y socavar el derecho internacional y los derechos humanos.

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Stephen Zunes es profesor de Política y director de Estudios sobre Oriente Medio en la Universidad de San Francisco. Su último libro, escrito en colaboración con Jacob Mundy, es Sáhara Occidental: Guerra, nacionalismo y conflicto sin resolución (Syracuse University Press, 2022).

Este artículo se publicó originalmente en inglés en The Nation. Ha sido traducido con DeepL y revisado por la redacción de CTXT.

Stephen Zunes (The Nation)


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« Référendum au Sahara,
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DESSIN ENEKO

MÁS DÍAS COMPLICADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

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El Siglo
“El Siglo”. Santiago. 5/8/2026. El Presidente José Antonio Kast aplaudió la sentencia absolutoria del exoficial de Carabineros, Claudio Crespo, quien le disparó al rostro al psicólogo Gustavo Gatica, dejándolo ciego; el mandatario dijo que fue en defensa propia, un joven cuando mucho con una pidera en la mano, frente a un oficial con uniforme de combate, pistola y escopeta lanza proyectiles. En esas horas, legisladoras y legisladores de derecha y extrema derecha plantearon un proyecto para indultar a uniformados y oficiales procesados y condenados por violar los derechos humanos y abusar de su fuerza en las jornadas de manifestación social de 2019, que dejó muchos muertos, alrededor de 2 mil heridos y 400 personas con amputaciones oculares. En medio de todo, desde el oficialismo se insistió en cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Todo eso se suma a medidas de los últimos meses de este Gobierno como no dar curso al programa de derechos humanos (DDHH) y despedir a especialistas del Plan Nacional de Búsqueda de más de mil 400 detenidas y detenidos desaparecidos.

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Prensa el Siglo  “El Siglo”.  Santiago. 6/8/2026. 
DESSIN BECS
Ante toda esta situación, se han presentando cuestionamientos y preocupaciones desde el mundo de los DDHH, de la sociedad civil, del ámbito legislativo e incluso desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El carnicero Crespo
DESSIN MALAIMAGEN

À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR

Respecto a lo de Crespo, todo pareció extraño y contradictorio. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el veredicto del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, a pesar de que el fallo estableció que el exoficial le disparo al rostro a Gatica, pero para los jueces eso estuvo totalmente justificado y aplicaron la figura de “legítima defensa privilegiada” contemplada en la Ley Naín-Retamal que fue aprobada el año pasado con votos de la derecha, la extrema derecha y legisladoras socialdemócratas y progresistas.

FLYER CIPER

Kast, satisfecho, puso en X que “La justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa”.

Gustavo Gatica, hoy diputado electo con una gran mayoría, declaró que al mandatario “se le olvida que gobierna para todos los chilenos, incluyéndome. Acá no hay nada que celebrar. Pareciera que nuevamente se vuelve un activista de ultraderecha, atrincherado, que busca hacer distinción entre amigos y enemigos, entre los buenos y los malos, olvidándose nuevamente de que es el Presidente que gobierna a todos en este país”.

PHOTO DAVID HUNTER /  AMNESTY INTERNATIONAL

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Gatica manifestó que “siempre lo he dicho: este caso me excede. Se trata de la democracia, se trata del futuro, de la sociedad que queremos construir”.

Sobre el fallo de absolución, el diputado expresó que “tenemos en el horizonte la justicia internacional, que creo que es el camino en este tipo de casos. Esos procesos son muy largos, entonces tenemos que estar preparados, y en eso estamos”.

CIDH acoge denuncias y preocupaciones por situación de DDHH en Chile

En lo que algunos consideran regresar a los escenarios de la dictadura, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se escucharon antecedentes y denuncias respecto a la situación de DDHH en Chile y se instaló una preocupación al respecto. De hecho, desde el organismo se pidieron antecedentes al Gobierno sobre el Plan Nacional de Búsqueda, las evaluaciones previas a cambios institucionales y los reajustes presupuestarios que afectan a los DDHH.

La CIDH hizo una audiencia pública y tuvo acceso a denuncias de organizaciones de derechos humanos y trabajadores públicos sobre retrocesos en materia de derechos humanos, verdad, justicia y memoria.

Por ejemplo, la directora nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Nuvia Guajardo, planteó que “como representante de las servidoras y los servidores públicos chilenos, ANEF comparece ante esta Comisión no para relatar una lista de recortes (presupuestarios), sino para advertir un proceso de mayor profundidad: la reducción sistemática de las capacidades del Estado chileno para garantizar derechos humanos”.

Tamara Lagos, de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, se refirió a la eliminación o afectaciones de instancias de trabajo en materia de derechos humanos, como ha sido el caso de la Unidad de Identificación y Registro de Víctimas de Violencia Institucional y la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares. Dijo que “estamos ante un patrón de desmantelamiento institucional que afecta la capacidad efectiva del Estado para garantizar verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición”.

Erika Hennings, presidenta de la Corporación Londres 38-Espacio de Memorias, expuso la difícil situación por lo que atraviesan y atravesarán los Sitios de Memoria en todo Chile, sin recursos y sin respaldo del Estado.

También se hizo ver las pretensiones de indultos a exuniformados que cometieron crímenes de lesa humanidad y violaron los derechos humanos durante la dictadura civil-militar.

“Ningún proyecto político puede construirse sobre el olvido ni sobre el debilitamiento de los estándares de derechos humanos”

Declaración Pública de la bancada legislativa del Partido Comunista e Independientes en la Cámara de Diputadas y Diputados:

Como Diputadas y Diputados del Partido Comunista e Independientes expresamos nuestro más categórico rechazo al anuncio realizado por un grupo de senadores de derecha, quienes han decidido impulsar una bancada para promover un proyecto de indulto general que abre la puerta a beneficiar a agentes del Estado condenados por graves violaciones a los derechos humanos.

Detrás de discursos de defensa de las instituciones, se esconde un intento inmoral de reinstalar la impunidad, desconociendo el dolor de las víctimas y el largo camino que Chile ha recorrido para alcanzar verdad, justicia y reparación.

Las declaraciones del Presidente Kast celebrando el fallo que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo, sumado a la defensa y protección a los criminales de Punta Peuco abren el espacio para brutalidades de este tipo y para la eliminación de garantías de no repetición.

La pretensión de instalar un perdón general para quienes han sido condenados por estos delitos ponen en peligro y debilitan la democracia.

En nuestro sistema democrático existen tres poderes del Estado que son autónomos: el judicial resolvió condenas a propósito de una verdad jurídica, vulnerarlas a través de una ley de indulto general es violentar el Estado de derecho; es contrariar y desvirtuar la sanción jurídica que tribunales de justicia en el uso autónomo e independiente de sus facultades ha sancionado.

Es indignante que los mismos que durante años han exigido más mano dura, más cárcel y endurecer las penas para delincuentes comunes, hoy promuevan un perdonazo a los violadores de derechos humanos -que también son delincuentes- y a funcionarios condenados por graves delitos cometidos al amparo del poder del Estado. Ya no se esfuerzan por esconder ni disfrazar su doble moral.

Ningún proyecto político puede construirse sobre el olvido ni sobre el debilitamiento de los estándares de derechos humanos que el Estado de Chile está obligado a respetar, menos cuando existen compatriotas que han muerto, han sido mutilados y cegados (entre éstos la Senadora Fabiola Campillai y nuestro compañero Diputado Gustavo Gatica) e incluso, algunos han tomado la dolorosa decisión de terminar con su vida producto del daño sufrido por agentes del Estado.

Hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas, organizaciones de derechos humanos y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes frente a iniciativas negacionistas como esta. La justicia no puede ser objeto de negociaciones políticas, ni las víctimas pueden volver a ser relegadas por intereses ideológicos. La memoria, la verdad y la justicia no son negociables.

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Sin justicia no hay democracia.

Declaración Pública. Coordinadora de Derechos Humanos de Los Ríos

Ante la ofensiva impulsada por el actual gobierno, orientada a debilitar las obligaciones del Estado de Chile en materia de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición; respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura civil-militar de 1973 -1990 y, particularmente frente al anuncio de promover iniciativas destinadas a modificar o incluso poner término al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), las organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de víctimas y familiares, sobrevivientes y defensoras/es de los derechos Humanos, declaramos:

Nuestro más enérgico rechazo a esta ofensiva, porque constituye un grave retroceso para la democracia y un peligroso intento por debilitar la institucionalidad creada precisamente para impedir que las violaciones a los derechos humanos vuelvan a repetirse.

Esta postura representa una evidente señal de negacionismo, que favorece la impunidad y fortalece los pactos de silencio, amparando a los responsables y cómplices civiles de la dictadura, quienes han obstaculizado siempre, el esclarecimiento de la verdad y el acceso a la justicia para miles de familias de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, personas torturadas y víctimas de prisión política.

Reafirmamos nuestro absoluto respaldo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo, cuya existencia responde al compromiso del Estado de Chile, de fiscalizar el actuar de los poderes públicos, de proteger, promover los derechos fundamentales de las personas, impulsando una cultura de respeto irrestricto y de prevención a nuevas violaciones a los derechos humanos, velando por el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales, ratificados por Chile, en esta materia.

Señalamos que, en toda democracia sólida, resulta indispensable contar con una institución independiente que supervise el actuar del Estado, denuncie los abusos de poder y promueva una convivencia basada en la dignidad, la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Debilitar o eliminar esa institucionalidad significa poner en riesgo las garantías democráticas que protegen a toda la ciudadanía, especialmente a quienes seencuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

Enfatizamos que, los derechos humanos no son una concesión de los gobiernos de turno ni una materia susceptible de negociación política. Son obligaciones permanentes del Estado y constituyen la base y principios de toda democracia que respeta la dignidad humana. Chile ha suscrito tratados internacionales que lo obligan a garantizar la verdad, la justicia, la reparación integral ypromover la memoria histórica.

Por ello, denunciamos que cualquier intento de desmantelar o debilitar el INDH, constituye una medida profundamente regresiva y negacionista. Es una señal alarmante de este gobierno de una falta de compromiso con los derechos humanos, la memoria y la democracia, cuyos avances construidos, ha sido gracias a la lucha de las víctimas, sus familias y la sociedad civil consciente.

Llamamos a todas las organizaciones sociales, democráticas, sindicales, estudiantiles, territoriales y de derechos humanos, así como a la ciudadanía en su conjunto, a mantenerse alertas, movilizadas y vigilantes frente a cualquier iniciativa que pretendarelativizar las violaciones a los derechos humanos, debilitar las instituciones encargadas de su protección, con la intención de instalar el olvido y la impunidad.

Porque sin memoria no hay verdad. Sin verdad no hay justicia.

Y sin justicia no existe una democracia plena. Defender el

Instituto Nacional de Derechos Humanos es defender la dignidad de las víctimas, los compromisos internacionales del Estado y el futuro democrático de Chile.


Firman:

COORDINADORA DE DRECHOS HUMANOS DE LOS RIOS:

Corporación Colectivo Sur Memoria y Dignidad. Valdivia

Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares de Valdivia

Agrupación de Usuarios PRAIS Región de Los Ríos

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados

Políticos de Valdivia

Centro Cultural Humedales de Huachocopihue

Centro Cultural Colectivo La Mano

Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Liquiñe

Corporación Entre Lagos y Montañas de Puñir Releco

Corporación Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono

Corporación Cultural de Derechos Humanos y Medio Ambiente Memoria

Viva –Kimnie Mogen (Lago Ranco)

Sitio de memoria Libertad 251. Ex Tenencia de Carabineros de Lanco

Centro de Formación, Memoria y Futuro.

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