mardi 2 juin 2026

CANCILLER CUBANO RECHAZA APOYO DE KAST A AGRESIÓN CONTRA LA ISLA

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Prensa Latina
Canciller cubano rechaza apoyo de Kast a agresión contra la isla / 
La Habana, 2 junio 2026. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó hoy su rechazo ante declaraciones de apoyo del presidente chileno José Antonio Kast, a una agresión militar contra la isla caribeña.

Prensa Latina  junio 2, 2026 | 10:38

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«No sorprende que el presidente Kast hable de dictaduras en América Latina y el Caribe, pues él las conoce muy bien, al haber apoyado la que usurpó violentamente el poder y gobernó su país por casi veinte años, provocando muertes, desapariciones y mucho daño al pueblo chileno», expresó el canciller en la red social X.
LAS DIEZ DEFINICIONES DEL PRESIDENTE KAST
A HORAS DE SU PRIMERA CUENTA PÚBLICA
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EMOL
« Cuba Sobre si apoyaría en Cuba una intervención de Estados Unidos como la que hizo en Venezuela, aseveró que: "En Cuba no hay democracia. Y ese pueblo está sufriendo por una dictadura de décadas. Yo dije que apoyaría a quien saque a Venezuela de la dictadura. Lo mismo digo respecto de otras naciones que son víctimas de una dictadura".» EMOL

► À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR

«Como pinochetista reconocido, sus declaraciones reflejan un desprecio total por el Derecho Internacional y la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de paz», agregó.

► Para leer también:      EL PAÍS, CUBA Y LA NARRATIVA EMPAQUETADA EN WASHINGTON

De igual forma recalcó que apoyar una agresión militar contra Cuba es una actitud peligrosa y confrontacional que responde a la vergonzosa subordinación a dictados imperiales, y que la isla no constituye ninguna amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos ni ninguna otra nación.

«Somos un país que siempre abogará por el respeto y la paz entre las naciones, pero no aceptará imposiciones de ningún tipo», reiteró.

Asimismo aclaró que conoce que las declaraciones de Kast reflejan solo sus intereses y no la opinión del pueblo chileno, al cual nos unen profundos lazos de amistad y solidaridad.

rc/bbb

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KK KASST
DESSIN BECS

SOBRE EL MISMO TEMA: 

MEDIDAS COERCITIVAS Y REPRESIVAS, EL SELLO DE LA CUENTA PÚBLICA DE JOSÉ ANTONIO KAST

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1ra  CUENTA PÚBLICA DE JOSÉ ANTONIO KAST
FOTO PRENSA PRESIDENCIA

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El Siglo

Portada / Medidas coercitivas y represivas, el sello de la Cuenta Pública de José Antonio Kast / Resaltó el anuncio de un proyecto para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades, “reforzar las facultades autónomas de nuestras policías”, anunció el copamiento policial de decenas de comunas populares y habló de crear siete fuerzas de tareas de las policías para combatir distintos delitos. El mandatario definió que pilar número uno de su gestión a la seguridad y volvió a entregar todo su respaldo a uniformados que ejerzan la fuerza. En la línea establecida por Kast de reducir el Estado y sus capacidades, anunció la fusión de los ministerios de Interior y Segegob y convocar a una “comisión de expertos” que haga un diseño de reestructuración del Estado y que “reduzca el número de carteras”. En un tono privatizador y de prioridad por la individualidad, el jefe del Ejecutivo planteó modificaciones a la Ley Indígena “eliminando las restricciones al uso de sus tierras y permitiéndoles arrendarlas e hipotecarlas” y que “avanzaremos en el otorgamiento de derechos de uso y goce individuales sobre las tierras entregadas”. Prometió 30 mil pesos para las familias más vulnerables, por hijo o hija, para paliar los efectos del alza del combustible.

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"He escuchado muchas Cuentas Públicas a lo largo de los años,  pero pocas
tan pobres en contenido como esta."  Diputado Roberto Celedón Fernández
 

Prensa el Siglo / “El Siglo”. Valparaíso. 1/6/2026.

1ra  CUENTA PÚBLICA DE KAST
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El sello de la represión fue lo que quedó más visibilizado de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast que hizo este día ante al Congreso Nacional, desde las 12:00 horas hasta alrededor de las 14:00.

À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR

Es así que resaltó su anuncio de crear un Registro de Vándalos e Incivilidades. “Este registro, permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, respondan por sus hechos”. Precisó que “quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal, o el subsidio de arriendo”.

Sobre el tema apuntó que “de la misma manera, hay conductas que no son constitutivas de delito, pero las tipificaremos como incivilidades, tales como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada, o la destrucción de equipamiento comunitario”. Advirtió que “estas conductas, también darán lugar a la pérdida de los beneficios sociales”.

Claro que de inmediato surgieron dudas, desde el Fiscal Nacional hasta legisladores, respecto a si esa ley que quiere meter Kast se apega a la Constitución y las normativas legales, inclusive respecto a tratados internacionales, y cuestionamientos en cuanto afectaría sobre todo a sectores populares, jóvenes y estudiantes, pobladores, artistas urbanos, entre otros segmentos de la sociedad.

Otro énfasis en materia coercitiva y represiva lo puso en el anuncio del copamiento policial de decenas de comunas populares. “En las próximas semanas, se desplegará el Plan de Intervención Barrial Intensivo, que articulará las capacidades del Estado en 50 barrios críticos ( ) En cada uno de ellos habrá copamiento policial dirigido, patrullaje preventivo y operativos focalizados contra mercados ilícitos y organizaciones criminales” anunció el jefe del Ejecutivo.

En la idea de destacar, más que nada, las acciones represivas y de combate a delitos, el Presidente Kast resaltó el “reforzar las facultades autónomas de nuestras policías; fortalecer el control migratorio y la capacidad de expulsión efectiva, ampliar los plazos de retención; también pondremos urgencia al proyecto que sanciona a los encapuchados”.

Como viene siendo su línea, adelantó el respaldo a los uniformados en sus acciones, sin aludir el caso de agentes del Estado que cometan violaciones a los derechos humanos. “Cuando un carabinero, un detective o un gendarme, cumpliendo su deber, hace uso de la fuerza legítima, este gobierno lo respalda y lo respaldará siempre”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Sobre las operaciones de las policías y estamos se seguridad, el mandatario expuso que se crearán siete fuerzas de tareas que buscará unir las voluntades dispersas en distintas reparticiones del “Estado: “Fronteras y puertos. Secuestro y sicariato. Ciberdelito. Crimen organizado. Mercados ilícitos. Finanzas criminales y la Violencia en la Macrozona Sur. Todo con metas mensuales y encargados que rindan cuenta. Queremos dejar atrás la respuesta fragmentada y pasar a la ofensiva coordinada y permanente, que persigue a las bandas en su liderazgo, integración, territorio y dinero”.

Kast volvió sobre el tema de la expulsión de migrantes, pero sin hacer referencia a sus promesas de campaña como expulsar a más de 300 mil extranjeros en su primer tiempo de gestión. Como en una variación de su línea en este ámbito, indicó que “para acelerar esta salida, en los próximos días, presentaremos el Plan Retorno, que busca incentivar la salida de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile, y desincentivar su permanencia en el país”. Anunció que habrá un mecanismo excepcional de abandono voluntario del país sin sanción migratoria.

Llamó la atención la referencia tan marcada al robo de cables de cobre y el combate “a ese flagelo”, como parte de sus planes de seguridad.

El mandatario definió que pilar número uno de su gestión a la seguridad que sería “el mayor clamor de la ciudadanía”.

Hablando de la hoja de ruta que trazaría su administración, José Antonio Kast manifestó que “nuestro gobierno ha definido un itinerario claro de tres ejes que avanzan de manera coordinada. Primero, recuperar el orden y fortalecer la seguridad. Segundo,

impulsar la reconstrucción del país y de nuestra institucionalidad. Tercero, reactivar nuestra economía y generar miles de empleos”.

Luego, el mandatario entró en el terreno de las definiciones ideológicas. Aseveró que “nuestro camino, está guiado por principios que no son consignas, sino convicciones. Libertad, porque las sociedades prosperan cuando se favorece la libre iniciativa de las personas”. Y enumeró: “El amor por la vida y la familia”, “el valor del esfuerzo y el mérito” individual, el apego a “una economía libre y abierta al mundo”, “un Estado que hace valer el imperio de la ley”.

Sorprendió con el anuncio de modificaciones en la Ley Indígena, volviendo a antiguos criterios respecto a la propiedad de las tierras de los pueblos indígenas. El jefe del Ejecutivo indicó que “impulsaremos una reforma a la Ley Indígena que otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo. Eliminando las restricciones al uso de sus tierras y permitiéndoles arrendarlas e hipotecarlas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena. Para ello reformularemos el proceso de consulta sobre el nuevo sistema de tierras, que el gobierno anterior abandonó sin resultados. Garantizaremos que el proceso sea legítimo y libre de interferencias de quienes promueven la violencia o actúan de mala fe. Adicionalmente ordenaremos el actual sistema de compra de tierras, instaurando tasaciones transparentes a valor de mercado y trazabilidad real en cada compra. Para dar certeza y estabilidad a las familias que viven en comunidad, avanzaremos en el otorgamiento de derechos de uso y goce individuales sobre las tierras entregadas, permitiéndoles postular a subsidios habitacionales”.

Otro anuncio esperado pero que igual causó cierto impacto en el mundo político, fue el de la fusión entre los ministerios de Interior y Secretaría General de Gobierno, así como el aviso del mandatario de que “convocaremos a una comisión de expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado. Una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos. A partir de sus propuestas, enviaremos al Congreso las iniciativas que en el tiempo permitan concretar una reducción real y ordenada de ministerios”. Eso, en la línea establecida por Kast de reducir el Estado y sus capacidades.

Hablando de la decisión de su gobierno que derivó en una gran alza en el precio de los combustibles, Kast señaló que “sé que golpeó fuerte. No lo minimizo, y no lo voy a minimizar. Reconozco que no siempre hemos logrado explicar a tiempo, ni con la cercanía que se requería, el fundamento de algunas decisiones. Por eso, en esta oportunidad, quiero agradecer a la ciudadanía la responsabilidad que ha tenido a la hora de enfrentar las decisiones difíciles que, por el bien de Chile, hemos tenido que adoptar”.

Y en ese marco, anunció que al 80% de las familias más vulnerables del país, que tengan hijos entre 0 y 13 años, se les entregarán 30 mil pesos por hijo o hija.

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KK KASST
DESSIN BECS

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lundi 1 juin 2026

LA GRAN ESTAFA

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FOTO AGENCIA UNO

La gran estafa / Mientras el país esperaba conducción inmediata, fortalecimiento institucional y capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado, La Moneda estaba concentrada en otra cosa.

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El nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, anuncia que el gobierno operará bajo la
 Política Nacional de Seguridad Pública de Boric. Diputado Roberto Celedón Fernández

 por Camila Vallejo Domingo 31 mayo de 2026 | 08:27

EXMINISTRA DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO

José Antonio Kast llegó al poder prometiendo orden, seguridad y mano dura contra la delincuencia. Esa fue su principal bandera política y una de las razones que explican su llegada a La Moneda. En un contexto marcado por la preocupación y el miedo legítimo de millones de chilenos ante el avance del crimen organizado y la violencia, la derecha ofreció soluciones inmediatas. Pero a pocos meses de asumir, ha quedado en evidencia la distancia entre esas promesas y la capacidad real de traducirlas en resultados.

À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR

La crisis de seguridad no solo no se ha contenido, sino que el propio Gobierno terminó reconociendo su incómoda realidad con un cambio de gabinete que incluyó la salida de la ministra de Seguridad Pública. Sin embargo, el problema nunca fue únicamente una secretaria de Estado que confesó públicamente no tener un plan en esta materia, sino la ausencia de una prioridad real para enfrentarla.

Esto quedó confirmado el lunes pasado por el nuevo ministro de Seguridad Pública: “Existe una Política Nacional de Seguridad Pública, esa está vigente, la promulgó el expresidente Boric, dura seis años, y nosotros creemos que esa política es suficiente”. Más allá de las evidentes diferencias entre una política y un plan -la primera debe orientar al segundo-, lo más revelador es que, después de acusar sistemáticamente al gobierno anterior de la crisis de seguridad, ahora terminan reconociendo no sólo que no tienen un plan propio, sino que su única estrategia en esta materia es la diseñada por el gobierno anterior.

Esto revela que, mientras el país esperaba conducción inmediata, fortalecimiento institucional y capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado, La Moneda estaba concentrada en otra cosa. La verdadera prioridad del gobierno de Kast no ha sido la seguridad de las familias chilenas, sino el impulso de su agenda económica e ideológica, orientada en beneficiar a los sectores más ricos.

Eso explica por qué el ministro más poderoso del gabinete no es quien lidera la seguridad, sino el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, impulsor de la llamada “megarreforma tributaria”, la prioridad número uno del oficialismo. Una reforma que busca reducir impuestos a las grandes empresas, sin ningún tipo de compensación fiscal, y garantizarles además invariabilidad tributaria por 25 años. Es decir, amarrar un modelo económico por un cuarto de siglo.

El costo para el Estado será gigantesco. Se estima una pérdida de recaudación superior a los US$ 4.000 millones anuales en régimen, equivalente al 62% del costo de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Y mientras se destinan cuantiosos recursos para beneficiar a los sectores de mayores ingresos, el Gobierno impulsa recortes generalizados del gasto público, incluyendo áreas tan sensibles como salud y educación.

Pero ¿cómo se fortalece la seguridad debilitando al Estado?

Combatir el crimen organizado no depende de discursos altisonantes ni de slogans electorales. Exige inversión pública, inteligencia financiera, policías profesionalizadas, una mejor persecución penal, el fortalecimiento del sistema judicial y presencia efectiva en los territorios. También demanda políticas sociales para mejorar la vida de las familias, recuperar espacios públicos y reconstruir vínculos comunitarios en barrios abandonados durante décadas. Nada de eso se logra reduciendo la capacidad de acción del Estado.

Y aquí aparece una discusión más de fondo. La agenda económica del Gobierno responde a un dogma ultraneoliberal que hace mucho tiempo fracasó en el mundo. La vieja teoría del “chorreo” sostiene que reducir impuestos a los más ricos y a las grandes empresas terminará generando crecimiento y bienestar para el conjunto de la sociedad, porque esa riqueza se distribuirá a través de la inversión, crecimiento y empleo, casi por arte de magia.

Sin embargo, prácticamente no hay evidencia de que medidas inspiradas en esa lógica produzcan sociedades más seguras, cohesionadas o justas. Por el contrario, las democracias que han alcanzado mayores niveles de estabilidad y bienestar son aquellas que han fortalecido las capacidades del Estado y su capacidad redistributiva, ampliando derechos sociales, regulando los mercados y orientando estratégicamente el desarrollo. Como ha señalado el economista Ha-Joon Chang, “ningún país en la historia del capitalismo se enriqueció con un Estado mínimo”.

No es casualidad que, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), países como Finlandia y Suecia cuentan con Estados que representan cerca del 57% y 49% de su PIB, respectivamente. Lejos de ser una anomalía, esa capacidad estatal ha sido una de las bases de su desarrollo y cohesión social.

Pero el gobierno de Kast parece mirar en la dirección contraria. Y claro, no debiera sorprendernos. José Antonio Kast representa una expresión de la ultraderecha global que hoy comparte agenda y rasgos con experiencias como la de Javier Milei en Argentina, sectores trumpistas en Estados Unidos o Vox en España: reducción drástica del Estado, debilitamiento de derechos sociales, desregulación económica y concentración del poder económico en pocas manos.

Todo esto ocurre, además, en un contexto en que la ciudadanía no busca dogmas, sino respuestas concretas. Porque mientras el Gobierno habla de libertad económica para unos pocos, las familias chilenas viven cada vez con más incertidumbre. Incertidumbre sobre qué pasará con sus atenciones de salud, con la calidad y financiamiento de la educación pública, con la alimentación escolar, con las becas y la gratuidad en las universidades. En definitiva, incertidumbre sobre la capacidad del Estado para protegerlas cuando más lo necesitan.

Chile necesita honestidad política, responsabilidad y un Estado capaz de proteger a las grandes mayorías. Y quizás ahí reside la mayor frustración de este momento político: millones de personas votaron buscando tranquilidad frente al miedo y terminaron encontrándose con un gobierno cuya principal prioridad no fue combatir el crimen ni mejorar la vida cotidiana de las personas, sino profundizar un modelo económico extremo que beneficia a una minoría privilegiada. Porque cuando el gobierno convirtió su dogma económico en prioridad absoluta, terminó inevitablemente alejándose de la realidad concreta de las personas.

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KK KASST
DESSIN BECS

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CHILE / KAST RINDE CUENTA PÚBLICA LASTRADO POR CAÍDA EN LOS SONDEOS

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Prensa Latina
Chile: Kast rinde cuenta pública lastrado por caída en los sondeos / 
Santiago de Chile, 1 junio 2026. El presidente chileno, José Antonio Kast, ofrecerá su primera cuenta pública hoy, cuando lleva 80 días en el poder y su aprobación cae tras el alza del precio de los combustibles, los recortes presupuestarios y la inseguridad.

 Prensa Latina  junio 1, 2026 | 00:09

KK KASST
DESSIN BECS

    Kast, quien asumió el 11 de marzo luego de ganar las elecciones de diciembre de 2025 como candidato del Partido Republicano (de extrema derecha), hablará a la nación en horas del mediodía desde la sede del Congreso Nacional en Valparaíso.

    ROBIN HOOD DE LOS RICOS
    IMÁGEN IA CHATGPT

    À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR

    Según casi todos los sondeos, la desaprobación al mandatario aumentó y la encuesta Criteria publicada este domingo señala que el indicador subió del 49 al 53 por ciento.

    Analistas vinculan este resultado, en primer lugar, al incremento desmedido del precio de las bencinas (gasolinas) y el petróleo, que provocó un alza del costo del transporte, con la consiguiente subida de la canasta básica.

    Otra medida impopular es el recorte del tres por ciento en los presupuestos de los Ministerios, que ya impacta a programas sociales.

    Aunque el gobierno tuvo que dar marcha atrás a la rebaja del monto a la cartera en Seguridad, la mantiene en otras áreas sensibles, como educación y salud.

    En esa última dependencia, el Ministerio de Hacienda ordenó un tijeretazo de 413 mil millones de pesos (464 millones de dólares) que afecta directamente a más de 80 recintos hospitalarios, al Fondo Nacional de Salud, así como la disponibilidad de insumos y medicamentos.

    Mientras en Educación varios programas se verán comprometidos, entre ellos el de Alimentación Escolar y las becas para los más vulnerables.

    De hecho, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó para esta semana a una serie de movilizaciones que tendrán como lema “por una educación al servicio del país”.

    Mientras el gobierno realiza ajustes en todos los ministerios, al propio tiempo impulsa en el Parlamento la llamada Ley de Reconstrucción, bautizada aquí como megarreforma, que prevé bajarle los impuestos a los más ricos del 27 al 23 por ciento.

    Respecto al combate a la violencia, si bien Kast hizo del tema uno de los ejes de su campaña, recientemente debió sustituir a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, después de admitir que no tenía un plan formal en ese sentido.

    En lo que se considera como el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia, en 1990, el presidente también removió a la vocera del gobierno, Mara Sedini, luego de varios errores y graves problemas de comunicación que la posicionaron como una de las peor evaluadas.

    La encuesta Criteria reflejó que 46 de cada 100 entrevistados consideran como incorrecto el rumbo del Gobierno y 45 por ciento piensan que la administración no tiene un plan claro en materia de seguridad.

    La víspera el presidente anunció un programa llamado “Cincuenta barrios críticos” para combatir el crimen organizado, que contempla el despliegue masivo de fuerza policial en esos lugares.

    También se anunció un “Proyecto de Ley Rol Único de Vándalos” que amenaza con quitar beneficios sociales a personas que cometan algún delito o incivilidad.

    En cuanto a la migración, Kast insiste en su política de mano dura, aunque causó un gran debate en el país su propuesta de que hospitales y centros educativos denuncien a quienes están en situación irregular. ro/car

    #Chile Kast Cuenta Pública Encuestas Criteria Megarreforma Confech


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    samedi 30 mai 2026

    CUANDO EL CAPITAL SE QUITA LA MÁSCARA

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    PORTADA DE « LA ILUSTRACIÓN OSCURA »
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    El Ciudadano

    ANÁLISIS / Cuando el capital se quita la máscara: Nick Land, los 2 primeros meses de Kast y lo que la izquierda no puede seguir postergando / "La izquierda que dice solo 'no toquen el PAE' [Programa de Alimentación Escolar (PAE)] tiene razón, pero no tiene proyecto. La izquierda que dice 'la alimentación escolar no debería depender del presupuesto de Quiroz sino del derecho constitucional a la alimentación gestionado socialmente' tiene razón y además tiene dirección. Esa diferencia es toda la diferencia". [ Tras la victoria de la extrema derecha en Chile, la sombra de Donald Trump]

    Por Daniel Jadue Santiago de Chile, mayo de 2026

    I. La pregunta que muchos votantes se están haciendo

    EX ALCALDE
    DANIEL JADUE

    Hay una pregunta que circula con creciente incomodidad entre quienes votaron por José Antonio Kast en diciembre de 2025: ¿Por qué está haciendo esto? Es la pregunta más honesta que puede hacerse alguien que lo votó convencido de que la seguridad sería lo primero, que la inmigración irregular sería expulsada, que los beneficios sociales no se tocarían.

    ROBIN HOOD DE LOS RICOS
    IMÁGEN IA CHATGPT

    ► À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR

    Kast lo dijo en octubre de 2025, en pleno debate presidencial, con una claridad que no dejaba espacio para la interpretación: «No vamos a cortar ningún beneficio social que hoy exista». 2

    Dos meses después de asumir, el Ministerio de Hacienda, conducido por Jorge Quiroz, envió un oficio a todos los ministerios identificando 142 programas sociales a eliminar o reducir drásticamente, con proyección de ahorro de 5,4 billones de pesos chilenos hasta 2031, unos 6.000 millones de dólares. 3

    En la lista estaba el Programa de Alimentación Escolar que cada día entrega casi cuatro millones de raciones a 1,6 millones de estudiantes en situación de vulnerabilidad. Estaba el control de salud del niño sano. Estaba la atención odontológica pública. Estaban las becas vocación de profesor, los fondos para salud mental en atención primaria, los programas de cuidado para adultos mayores. Estábamos ante el desmantelamiento programático del Estado social chileno.

    Cuando la filtración produjo el escándalo público, el propio Kast corrió a desmentirlo. «Nosotros no tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños», dijo.

    Y sobre la promesa de expulsar a 300.000 migrantes irregulares desde el primer día, la misma con la que obtuvo el 58% de los votos en segunda vuelta, dijo que fue una «metáfora» mal entendida por quienes la interpretaron de manera literal. El 76% de los encuestados la había entendido como un compromiso concreto. Según Criteria, su desaprobación alcanzó el 53% a mediados de mayo, el nivel más alto desde el inicio del mandato. Cadem lo ubicaba en 36% de aprobación. 4

    La pregunta de quienes lo votaron es legítima y merece una respuesta honesta. No la respuesta que da la izquierda de manera refleja, «los engañó durante la campaña», que, aunque verdadera, es insuficiente. La respuesta de fondo está en un libro que no necesita haber sido leído por Kast para explicar su gobierno. Se llama La Ilustración Oscura, lo escribió Nick Land en 2012, y el programa de gobierno reproduce con notable precisión la racionalidad política que ese texto sistematiza.

    PHOTO VIKTOR FORGACS

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    II. Lo que el libro dice

    Land es un filósofo formado que conoce a Hobbes y a Hayek, que ha leído a Deleuze y a Gramsci, que sabe usar el vocabulario de la teoría crítica para demoler la teoría crítica.

    Su argumento central en La Ilustración Oscura es que la democracia y la libertad son incompatibles. Lo dice con la candidez del que ya no necesita disfraces: «Ya no creo que la libertad y la democracia son compatibles», afirmó Peter Thiel, su principal financista, en 2009, y Land construye el andamiaje teórico para sostener esa tesis.

    La lógica es la siguiente. La democracia tiene una dirección estructural inevitable hacia la redistribución. Ganar elecciones requiere comprar votos, y el Estado resultante tiene un incentivo irresistible de crecer, redistribuir y regular hasta asfixiar la acumulación privada, y este es el verdadero problema.

    El político democrático, dice Land apoyándose en Hoppe, es un administrador temporal que no tiene ningún incentivo para preservar el capital social a largo plazo porque su sucesor político se lo apropiará de todas formas, afirma. Mejor destruirlo que dejarlo al adversario. La democracia produce entonces, en su lectura, degeneración sistemática de la civilización.

    La solución que Land y su co-teórico Moldbug proponen se llama neo-cameralismo. El Estado debe ser gestionado como una corporación que maximiza el valor para sus accionistas. Los ciudadanos no son soberanos; son clientes. Si el servicio es insatisfactorio, se llevan el negocio a otro lugar. Los modelos son Singapur, Hong Kong, Dubái. Zonas de acumulación sin restricción democrática, sin sindicatos con poder real, sin estados de bienestar que carguen sobre la tasa de ganancia.

    El neorreaccionarismo es una corriente política con genealogía precisa, financiamiento real y representantes identificables en cuatro continentes. Su fundador intelectual es Curtis Yarvin, quien bajo el seudónimo Mencius Moldbug desarrolló el concepto de neo-cameralismo en su blog «Unqualified Reservations» entre 2007 y 2013.

    Land tomó el análisis de Yarvin y le dio el ropaje de la filosofía continental, haciéndolo presentable en los círculos académicos y más peligroso en los políticos. Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, la empresa de análisis de datos que provee infraestructura de vigilancia a los gobiernos de medio mundo, es el principal financista del ecosistema: su declaración de 2009 de que «la libertad y la democracia son incompatibles» es la frase fundacional del movimiento.

    La traducción de la filosofía a la política sigue un patrón reconocible. En Estados Unidos, Elon Musk encarna el modelo neo-cameralista aplicado: la adquisición de Twitter para convertirla en plataforma de amplificación de la ultraderecha global, y su rol al frente del DOGE para reducir el Estado federal desde adentro con la lógica del consultor corporativo que elimina «ineficiencias», son exactamente lo que Land prescribe cuando habla del capital que prescinde del consenso.

    Marc Andreessen formalizó la versión optimista del mismo proyecto en su «Manifiesto Tecno-Optimista» de 2023: la tecnología como fuerza que debe liberarse de las restricciones regulatorias que la democracia impone. JD Vance y su red en torno a Peter Thiel son el puente entre la filosofía del blog y el poder ejecutivo norteamericano.

    En Europa, Viktor Orbán construyó la «democracia iliberal» húngara, que NRx celebra como el modelo de gobierno eficiente que dispensa con los controles democráticos mientras mantiene las formas electorales. En América Latina, Javier Milei es Land sin filosofía continental, el mismo programa con motosierra y retórica libertaria de escuela primaria. Kast es Milei con modales institucionales, traje y corbata, y el aparato del Estado chileno como vehículo.

    Lo que diferencia a toda esta constelación del conservadurismo tradicional es exactamente lo que distingue a Kast de Piñera: no la nostalgia por un orden pasado sino la aceleración hacia una forma de acumulación que prescinde de los pactos sociales que el siglo XX construyó y que luego de la caída de la URSS, ya no son necesarios.

    Piñera quería crecer dentro del pacto social. Kast quiere disolver el pacto para crecer. Esa diferencia es toda la diferencia, y el libro de Land es el mapa intelectual de ese proyecto.

    « CYBERPUNK - LE NOUVEAU SYSTÈME TOTALITAIRE »

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    III. El plan: neo-cameralismo en acto

    El lector que conoce el programa del Ministerio de Hacienda de Quiroz, con sus 142 programas a eliminar y sus 6.000 millones de dólares de recorte, reconoce inmediatamente la lógica. Es exactamente lo que Land prescribe: reducir el Estado social al mínimo compatible con la acumulación, liberar la tasa de ganancia de las cargas que las mayorías democráticas le impusieron, y construir las condiciones para la ‘salida’ del capital hacia zonas de gestión corporativa.

    El «Plan de Reconstrucción Nacional» que Kast presentó en cadena nacional el 15 de abril contiene en su corazón tres medidas que Land habría reconocido sin dificultad como la traducción legislativa de su programa: la rebaja gradual del impuesto de primera categoría de 27% a 23%, la reintegración del sistema tributario que permite a los dueños de las empresas imputar el 100% del crédito fiscal pagado por la empresa contra sus impuestos personales, y la reinstalación de la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes proyectos de inversión.

    Este último instrumento no es nuevo: es el Decreto Ley 600 que rigió Chile entre 1974 y 2016, introducido durante la dictadura de Pinochet para atraer capital extranjero con garantías que ningún gobierno democrático pudiera modificar. 5

    El ministro de Hacienda Quiroz ideó una reforma fiscal que costaría unos 4.000 millones de dólares en ingresos al erario, como resultado de bajar en 4 puntos la carga tributaria a las grandes empresas.

    La aritmética del modelo es la siguiente: se recortan 6.000 millones de dólares en programas sociales según el documento de Hacienda y simultáneamente se reducen 4.000 millones en recaudación tributaria de grandes empresas. Los trabajadores que votaron por seguridad y orden pagarán dos veces: primero con la pérdida de los programas que financiaban su reproducción social, después con la menor inversión pública que produce la menor recaudación. Land lo llamaría eficiencia. Marx lo llamó acumulación.

    La desregulación ambiental es el tercer pilar del plan y el que más claramente revela la lógica neo-cameralista. El proyecto reduce de dos años a seis meses el plazo para impugnar permisos sectoriales, modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para incluir mecanismos de tramitación acelerada, restringe las medidas cautelares contra proyectos con Resolución de Calificación Ambiental favorable y limita temporalmente su aplicación.

    El SEA podrá desestimar observaciones de servicios públicos que «no estén fundadas o excedan sus competencias», y las modificaciones no sustantivas en proyectos ya aprobados no deberán someterse a nueva evaluación ambiental. Las comunidades aledañas a proyectos mineros, forestales o energéticos, que habían conquistado el derecho a impugnar resoluciones ambientales como resultado de décadas de organización, pierden ese derecho. Los inversores ganan certeza jurídica de 25 años. En el modelo neo-cameralista de Land, eso es el diseño, precisamente lo que el capital global necesita para sostener y aumentar su tasa de ganancia.

    El nombre «Plan de Reconstrucción» merece una nota aparte. Los incendios de Ñuble y Biobío fueron una catástrofe real que afectó a miles de familias y que exigía respuesta urgente del Estado.

    El proyecto agrupa más de 40 medidas tendientes a reedificar 4.000 viviendas afectadas y reactivar la economía mediante incentivos tributarios, la generación de empleo y la aceleración de permisos medioambientales. Pero usar la urgencia humanitaria como vehículo para pasar la reforma tributaria más regresiva en décadas es exactamente el mecanismo que Naomi Klein describió como doctrina del shock: el capitalismo que aprovecha el desastre para imponer las reformas que en condiciones normales encontraría resistencia organizada.

    Los incendios de Ñuble y Biobío produjeron una urgencia emocional legítima que bloqueó el debate sobre el contenido real del proyecto: mientras la opinión pública miraba las imágenes de las casas quemadas, la Comisión de Hacienda aprobaba a las cinco de la mañana la rebaja del impuesto de primera categoría, la reintegración tributaria y la invariabilidad por 25 años. 6

    El desastre fue la cobertura; la reforma fiscal fue el objetivo.

    Hay una ironía en la invariabilidad tributaria de 25 años que merece llamarse por su nombre. El gobierno que llegó al poder prometiendo que Chile recuperaría la soberanía sobre sus fronteras, sobre su seguridad, sobre su destino, está proponiendo simultáneamente renunciar a la soberanía democrática sobre el sistema tributario por un cuarto de siglo.

    Ningún gobierno electo podrá modificar las reglas que el capital tiene garantizadas. Los ciudadanos podrán votar cada cuatro años; los inversores tendrán certeza de 25. En el vocabulario de Land, eso se llama «salida»: el capital se reserva el derecho de retirarse de cualquier jurisdicción que no le convenga, y el Estado que quiera atraerlo debe renunciar anticipadamente a la capacidad de regularlo.

    Es la jaula de oro ofrecida al revés: no al ciudadano que acepta la comodidad a cambio de obediencia, sino al capital que acepta invertir a cambio de inmunidad política permanente.

    IV. El miedo como tecnología: la Catedral invertida

    Pero si el programa económico landiano explica lo que Quiroz hace, no explica por qué una parte de la ciudadanía chilena lo votó masivamente. Para eso hay que leer otro concepto central del texto de Land: la Catedral.

    La «Catedral» es el complejo académico-mediático-burocrático que produce el sentido común progresista hegemónico.

    Land tomó la estructura del análisis gramsciano de la hegemonía, que describe cómo la clase dominante naturaliza su dominio produciendo consenso cultural, y la invirtió: en la versión landiana, la clase dominante no es el capital sino la burocracia redistribucionista que lo limita. Las universidades, los medios progresistas, las ONG, la clase política de centroizquierda: todos conspirando contra la acumulación libre.

    En Chile, esa inversión adquirió su versión local con el migrante como amenaza existencial. El migrante irregular fue el equivalente funcional de la «Catedral» en el relato kastiano: el enemigo externo que explica todo lo que va mal, que produce la inseguridad, que carga sobre los servicios públicos, que desplaza al trabajador chileno.

    La promesa de expulsar a 300.000 personas en el primer día fue exactamente lo que Land llama el gesto de la «salida» llevado a la política electoral: la nación como corporación que se deshace de los clientes que generan pérdidas.

    El primer día de gobierno, Kast firmó los decretos que ordenaban la construcción de zanjas y muros en la frontera norte, el despliegue de tres mil efectivos militares y policiales, la creación de centros de internación. El 16 de marzo comenzaron las excavaciones. Era el espectáculo de la soberanía mostrando su fuerza antes de ejercerla, que es exactamente el mecanismo que Hobbes describió como fundamento del Leviatán: el miedo como arquitectura del orden.

    Dos meses después, el 61% de los encuestados considera «imposible de cumplir» la promesa de expulsar a 300.000 personas. El 65% cree que la mayoría de los migrantes irregulares seguirá en Chile a fines de 2026. Pero el miedo ya hizo su trabajo: legitimó el gobierno, produjo el consenso inicial, y entregó el tiempo necesario para ejecutar el programa económico que los recortes a los programas sociales expresan.

    V. Lo que Land leyó bien, y lo que eso revela

    La crítica landiana a la democracia liberal tiene un núcleo que cualquier marxista reconoce, porque contiene una observación que el marxismo hizo mucho antes. La democracia formal puede coexistir perfectamente con la explotación. El sufragio universal en un sistema donde el dinero compra medios, partidos y legislación, no es la superación de la dominación de clase sino una de sus formas más estables. Eso lo sabíamos desde Marx, desde Lenin, desde Luxemburgo. No es un descubrimiento de Land.

    Lo que Land añade, y aquí está el momento que lo delata, es una conclusión que el marxismo nunca extrajo. Donde la tradición socialista concluye que la democracia burguesa es insuficiente y debe ser superada por formas más radicales de autogobierno popular, Land concluye que es excesiva.

    Su problema con la democracia no es que incluya demasiado poco a las mayorías en las decisiones reales. Es que las incluye, según él y todos sus seguidores de la ultra derecha, demasiado.

    El texto es el manifiesto ideológico de una fracción específica del capitalismo global que ha llegado a la conclusión de que el contrato social del siglo XX, con el derecho internacional, con el estado de derecho, con sus sindicatos y sus estados de bienestar, costó demasiado y ya no es necesario. Que la acumulación puede sostenerse sin el acuerdo de las mayorías que la hace posible, porque tienen el poder total y no existe alternativa.

    Kast no citó a Land en su campaña. Tampoco necesitaba hacerlo. La filosofía continental que Land usa para vestir a Moldbug es decorativa; la estructura de poder que describe funciona igual con acento chileno-alemán.

    La cena que Kast organizó en el Palacio de La Moneda para sus excompañeros de la Facultad de Derecho, investigada por la Contraloría mientras se recortaban programas de alimentación escolar, es la expresión más descarnada de ese modelo. En el neo-cameralismo, el palacio pertenece al CEO, no al público. Los clientes insatisfechos pueden llevarse su negocio a otro lugar. Los niños que dependen del PAE no tienen a dónde ir.

    VI. La trampa en que cayó la izquierda

    Frente a todo esto, la pregunta que la izquierda chilena necesita responder no es solo ¿cómo oponerse a Kast? Es una pregunta más incómoda: ¿por qué Kast obtuvo el 58% de los votos en diciembre de 2025?

    La respuesta honesta incluye algo que la izquierda no quiere decir, pero necesita decirse: porque gobernó Chile durante cuatro años sin transformar los mecanismos que producen la inseguridad, la precariedad habitacional y el deterioro del consumo colectivo que hicieron posible el voto kastiano.

    Porque administró el capitalismo chileno con algo más de mayor justicia distributiva sin disputar las relaciones de propiedad que lo reproducen. Los precios del arriendo siguieron subiendo durante todo el período porque el suelo urbano siguió siendo un activo especulativo privado que ninguna política tocó en su estructura.

    El sistema de AFP siguió transfiriendo el ahorro previsional de los trabajadores al mercado de capitales porque la reforma estructural que lo habría reemplazado no llegó a aprobarse, y lo que se aprobó les transfirió más dinero y poder.

    La concentración del ingreso en el decil superior no se modificó sustancialmente porque las reformas tributarias quedaron a mitad de camino. Las mejoras fueron reales en términos de acceso a derechos, pero insuficientes porque no cambiaron la experiencia cotidiana del trabajador que paga el 40% de su ingreso en arriendo, que tarda dos horas en llegar al trabajo, que tiene miedo en su barrio y ve que nadie se hace cargo.

    La izquierda latinoamericana lleva tres décadas en una trampa que es políticamente comprensible y estratégicamente desastrosa. Tras la caída del Muro de Berlín, golpeada y desorientada, decidió que la defensa del estado de derecho y las instituciones liberales era la tarea urgente frente a la ofensiva neoliberal.

    Era correcta para ese momento. Lo que no era correcto era confundir esa táctica defensiva con el proyecto histórico. La mecánica de la trampa es precisa: la ultraderecha ataca las instituciones democráticas, la izquierda sale a defenderlas, y en ese acto de defensa pierde la capacidad de criticarlas desde una perspectiva que las supere.

    El resultado es que la izquierda terminó siendo el partido del orden institucional liberal, el garante de la Constitución burguesa, el defensor del statu quo democrático-formal, de la responsabilidad fiscal, de la política de los consensos. Y el proyecto de transformación de las relaciones sociales de producción, la pregunta de quién es dueño de qué y para qué, quedó indefinidamente postergado porque siempre había una amenaza más urgente que atender.

    Rosa Luxemburgo lo formuló en Reforma o Revolución con una claridad que no ha envejecido: la lucha por las reformas dentro del capitalismo es parte necesaria de la política socialista, pero solo si sabe que apunta más allá de sí misma. Cuando la reforma se vuelve el horizonte y no el instrumento, la izquierda se convierte en la fracción moderada de la administración capitalista.

    Eso no significa que los cuatro años de Boric fueran idénticos al neoliberalismo: no lo fueron. Ni que los límites institucionales fueran irrelevantes: la Constitución de 1980, el Tribunal Constitucional y la ausencia de mayoría propia en el Congreso acotaron el margen de maniobra de manera real. Pero los límites institucionales explican por qué no se pudo hacer más; no explican por qué no se disputó el sentido de lo que se estaba haciendo ni por qué no se construyó el poder popular que habría permitido ampliar ese margen, con un gobierno de continuidad.

    Dentro del capitalismo, las mejoras parciales sin transformación de las relaciones de propiedad producen el ciclo que vivimos: mejoran condiciones, el capital se adapta, la clase trabajadora sigue siendo vulnerable, y cuando la crisis llega, el capital llama a quien puede administrarla sin concesiones.

    VII. La distinción que necesitamos recuperar

    Decir que la izquierda no debe hacer de la defensa de la democracia liberal su proyecto histórico no es decir que debe ser indiferente ante los recortes al PAE, ante las zanjas en la frontera, ante el desmantelamiento del Estado social. Es exactamente lo contrario.

    Los derechos democráticos, la libertad sindical, el derecho a huelga, la protección social que las clases trabajadoras arrancaron en el siglo XX son condiciones de la lucha, no su horizonte. Se defienden porque sin ellos la organización popular que puede producir la transformación real es imposible. Se defienden como se defiende el terreno desde el que se combate, no como el fin para el que se combate.

    Cuando la izquierda grita «defiendan las instituciones» sin decir de qué instituciones se trata ni para qué sirven, está respondiendo al relato de Kast en el terreno que Kast eligió.

    La respuesta que la situación exige es distinta: que la democracia que Kast recibió era ya insuficiente, que sus instituciones estaban diseñadas para garantizar, en última instancia, la reproducción del capital que él ahora administra sin disimulo, y que lo que hay que construir no es la democracia liberal que Land impugna sino la democracia real que ni Land ni Thiel ni Kast pueden tolerar.

    VIII. El proyecto que no podemos seguir postergando

    El proyecto histórico de la izquierda no es la democracia liberal. Nunca lo fue. Es la transformación de las relaciones sociales de producción: la construcción de una sociedad organizada en función de las necesidades humanas antes que de la acumulación de capital privado.

    Ese proyecto tiene elementos concretamente realizables hoy, en el presente, que no esperan la revolución para comenzar a existir. La producción de vivienda fuera de la lógica especulativa, mediante cooperativas y suelo público, es posible dentro del capitalismo y señala más allá de él porque impugna la premisa de que el hábitat es una mercancía.

    El control colectivo sobre los recursos naturales estratégicos, el agua, el litio, el cobre, establece que hay bienes que no pueden ser gestionados como propiedad privada.

    La democracia sobre el presupuesto público, ejercida en cada municipio y escalada hacia arriba, construye la disposición política de decidir colectivamente sobre lo que se produce y para quién.

    No son la revolución. Son su territorio previo. Y es necesario decirlo con honestidad: la distancia entre esas victorias parciales y la transformación de las relaciones de propiedad que este ensayo propone como horizonte es enorme, y ninguna retórica puede acortarla.

    Lo que sí puede hacerlo es la acumulación de organización popular que esas victorias construyen cuando se practican como demostraciones de que otro modelo es posible. Cada cooperativa de vivienda que sustrae hábitat de la lógica especulativa, cada presupuesto participativo que instala el hábito de decidir colectivamente, cada municipio que demuestra que el Estado puede proveer lo que el mercado niega, produce el sujeto político que la transformación estructural necesita.

    No produce la transformación misma. Esa honestidad no es resignación: es el requisito de cualquier proyecto político que aspire a algo más que administrar expectativas.

    La estrategia que eso implica tiene tres niveles que deben operar simultáneamente.

    En el nivel local, disputar cada junta de vecinos, cada club de personas mayores, cada municipio, cada sindicato y cada centro de estudiantes, cada consejo regional, cada espacio institucional donde sea posible demostrar con hechos que otro modelo de gestión existe.

    En el nivel legislativo, construir las mayorías que permitan avanzar en las reformas estructurales que el gobierno de Boric no pudo completar: la reforma tributaria con impuesto al patrimonio, la regulación del mercado del suelo, la transformación del sistema previsional.

    En el nivel político-cultural, disputar el sentido común que Kast heredó de décadas de hegemonía neoliberal, llamando las cosas por su nombre y denunciando con exactitud lo que el capitalismo produce, quién lo produce y a costa de quién.

    Esos tres niveles no se sustituyen entre sí: la victoria municipal sin acumulación legislativa produce gestiones aisladas que el siguiente gobierno deshace en un decreto. La reforma legislativa sin base organizativa popular produce leyes que el capital neutraliza en los tribunales o que revierte cada vez que le toca su turno en la tan mentada alternancia en el poder.

    Y la disputa cultural sin victorias concretas produce discurso sin territorio. La izquierda que aprendió a gobernar municipios necesita aprender ahora a articular esos tres niveles en una estrategia que no confunda ninguno de ellos con el objetivo final.

    La coordinación de la izquierda latinoamericana no es un llamado retórico: es una necesidad funcional. La visita inmediata de Kast a Javier Milei en Buenos Aires como uno de sus primeros hitos internacionales demuestra que la ultraderecha se coordina porque el capital que representa se coordina. Los fondos que financian su expansión global no tienen nacionalidad.

    La izquierda que responde a esa coordinación exclusivamente desde proyectos nacionales dentro de los marcos institucionales que ese capital diseñó enfrenta una asimetría de escala que ninguna virtud programática puede compensar por sí sola.

    IX. La paradoja que Kast no calculó

    En este contexto, hay algo en lo que está ocurriendo en Chile que sus protagonistas no previeron. Al gobernar con la honestidad descarnada que Land teórizó, al recortar el PAE mientras investigan la cena en La Moneda, al llamar «metáfora» a la promesa que el 76% entendió como concreta, el gobierno de Kast le está haciendo a la izquierda el mismo favor que Land le hizo en el plano teórico: la está liberando de la obligación de defender la democracia liberal como si fuera su proyecto.

    Mientras la derecha gobernó Chile con el disimulo del consenso, la izquierda podía presentarse como defensora de las instituciones sin demasiada contradicción. Lo que Kast está haciendo es diferente: está gobernando como si el consenso fuera prescindible, como si las mayorías que lo votaron fueran clientes que pueden ser administrados con relatos y espectáculos mientras el programa económico se ejecuta en el silencio de los oficios de Hacienda.

    Ese modo de gobernar produce el efecto contrario al buscado: devuelve la pregunta de fondo.

    La pregunta de quienes lo votaron y hoy preguntan ¿por qué está haciendo esto? es la pregunta más valiosa de la coyuntura. No porque merezca la respuesta corporativista de «los engañó la campaña», aunque sea verdad. Sino porque es la apertura hacia una respuesta más profunda: porque este es el capitalismo funcionando exactamente como Land describió que funciona cuando ya no necesita el consenso de las mayorías ni el pacto social del siglo XX.

    Y la única respuesta que vale la pena frente a eso no es restaurar el consenso anterior sino proponer la transformación que ese consenso anterior aplazó indefinidamente.

    La izquierda que dice solo «no toquen el PAE» tiene razón, pero no tiene proyecto. La izquierda que dice «la alimentación escolar no debería depender del presupuesto de Quiroz sino del derecho constitucional a la alimentación gestionado socialmente» tiene razón y además tiene dirección. Esa diferencia es toda la diferencia.

    El capital que gobierna sin disimulo desde La Moneda no nos asusta. Nos devuelve la pregunta que siempre debimos responder y que demasiadas veces postergamos por la urgencia de defender lo que el capital dejaba en pie. Ahora que decide llevarse también eso, la urgencia de construir lo que nunca tuvimos es la única respuesta política que merece el nombre. Socialismo o Barbarie.


    Daniel Jadue


    NOTAS :

    1 Arquitecto, sociólogo y político chileno. Alcalde de Recoleta (2012-2024).

    2 Declaración de José Antonio Kast en el debate presidencial del 21 de octubre de 2025, transmitido por TVN y Canal 13. Disponible en los archivos de ambas cadenas.

    3 Oficio del Ministerio de Hacienda firmado por el ministro Jorge Quiroz el 21 de abril de 2026, filtrado a medios el 24 de abril. Reportado por El Mostrador, La Tercera y Resumen Latinoamericano, entre otros.

    4 Encuesta Activa Research para Pulso Ciudadano, 13-15 de mayo de 2026. Encuesta Cadem, semana del 17 de mayo de 2026.

    5 El Decreto Ley 600, Estatuto de la Inversión Extranjera, estuvo vigente desde 1974 hasta su derogación en 2016 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La invariabilidad tributaria del Plan de Reconstrucción de Kast reproduce su lógica central, aunque con un estatuto jurídico distinto.

    6 La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó los artículos centrales del proyecto en sesión que se extendió hasta las 5 horas del 14 de mayo de 2026. Reportado por Diario y Radio Universidad de Chile ese mismo día.

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