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| ILUSTRACIÓN RAMIRO ALONSO |
Chile: agenda de seguridad de Kast genera dudas y cuestionamientos / Santiago de Chile, 8 agosto 2026. El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó esta semana un plan para enfrentar la inseguridad que generó cuestionamientos, sobre todo por la falta de compromiso del Gobierno de avanzar en el levantamiento del secreto bancario. [« Del Estado de derecho al Estado de seguridad » ]
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Prensa Latina agosto 8, 2026 | 02:30
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| DESSIN BECS |
La llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) contiene una treintena de medidas y el Ejecutivo espera que sea adoptada antes de Navidad. “Vamos a analizar cada proyecto en su mérito, punto por punto”, dijo el diputado y presidente del Partido por la Democracia, Raúl Soto, quien advirtió no obstante que el gran ausente de esta megarreforma es el alzamiento del secreto bancario.
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| Kast detalla agenda de seguridad contra el crimen organizado: propone nuevo estado de excepción y más atribuciones policiales / Desde la Escuela de Carabineros de Chile, el Mandatario profundizó el anuncio que hizo ayer en cadena nacional. FOTO LA TERCERA |
► À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR
“No se puede perseguir la ruta del dinero, no se puede atacar el corazón del crimen organizado si no debilitamos su poder económico», señaló el legislador.
Dentro de las medidas anunciadas por el presidente figuran el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, la ampliación de la retención a los migrantes ilegales y el reforzamiento de las fronteras con zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente.
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El Partido Comunista manifestó su disposición a discutir medidas destinadas a fortalecer la inteligencia, perseguir el dinero del narcotráfico, mejorar la coordinación entre policías y fiscalías y entregar más capacidades preventivas a los municipios.
Sin embargo, puso en duda la voluntad del gobierno de avanzar en esos temas cuando una de sus primeras medidas fue recortar en tres por ciento el presupuesto del Ministerio de Seguridad y tampoco impulsó el debate legislativo sobre el levantamiento del secreto bancario.
La organización política señaló también que “la seguridad no puede convertirse en una excusa para confundir el crimen organizado con la protesta social, ni para transformar derechos sociales en beneficios que el gobierno pueda entregar o retirar según su conveniencia”.
Durante la presentación en cadena nacional de su agenda, Kast dijo que una barricada, un vehículo cruzado en una calle o un obstáculo intentando bloquear la vía ilegalmente podrá ser un delito.
Añadió que el carabinero, el policía, gendarme o integrante de las Fuerzas Armadas que actúe en legítima defensa, no va a ser tratado por la ley como si fuera el delincuente, lo cual podría implicar mayor potestad a los agentes para disparar.
El presidente admitió que algunas decisiones tienen consecuencia y que habrá quienes querrán oponerse a esta agenda, en alusión a las reacciones que pudiera ocasionar en el Congreso o en las organizaciones sociales y de derechos humanos.
Durante la presentación, Kast también dijo que enviarán al Congreso una reforma constitucional que consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado, lo cual les permitirá un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen.
GIORGIO AGAMBEN, FILÓSOFO ITALIANO, UDINE, ITALIA, 2018.
FOTO DE LEONARDO CENDAMO
Para el filósofo italiano Giorgio Agamben, el concepto de seguridad se ha convertido en el paradigma dominante de la política moderna y en el principal motor de la mutación y erosión de las democracias. Lejos de ser un mecanismo para proteger al ciudadano, la seguridad funciona como una técnica de control biopolítico que transforma radicalmente la relación entre el Estado y los gobernados
/ Del Estado de Derecho al Estado de Excepción / La seguridad como prioridad: El Estado moderno abandona progresivamente su fin tradicional de garantizar la justicia o la libertad para erigir la seguridad como su axioma y razón de ser fundamental.
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Interrogado por CNN Chile, el exministro del Tribunal Constitucional Jorge Correa Sutil dijo estar “sorprendido” por estas declaraciones y recordó que la carta magna en su artículo primero, inciso quinto, dice claramente que es deber del Estado dar protección a la población.
Para lograr que se apruebe el plan y la reforma constitucional que la acompaña el gobierno necesitaría 89 votos en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado, por lo que deberá buscar respaldos fuera de sus filas. ro/car
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