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ILUSTRACIÓN FARO UDD - UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Análisis / Una Constitución a la medida de la elite económica / El texto propuesto por el Consejo Constitucional no puede cumplir con su promesa de disminuir la incertidumbre. Por el contrario, al profundizar el desarrollo de un capitalismo rentista -aquel en que la concentración del poder político y económico le permite a la elite económica extraer excesos de renta del resto de la población y promover leyes para proteger sus intereses– es esperable que, de ser aprobado, el texto quede rápidamente obsoleto y agudice el malestar ciudadano.
por Ignacio Schiappacasse Bofill (*)
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| IGNACIO SCHIAPPACASSE BOFILL |
“Va a haber que meterse las manos a los bolsillos hasta que duela”, declaraba en noviembre de 2019 Alfonso Swett, presidente de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC). Pocos días después del Estallido Social, y tras haberse reunido con el presidente Sebastián Piñera, el máximo representante de los empresarios continuaba su entrevista en Radio Infinita precisando que: “Tenemos que entender que aquí en Chile hay un cambio muy profundo. Antiguamente la prioridad era el crecimiento económico y hoy son las demandas sociales”.
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| EN CONTRA / A FAVOR FLYER |
La elite económica se ha replegado en su posición tradicional, desplegando toda su artillería comunicacional y sus lazos con representantes de la política para obstruir la introducción de mecanismos solidarios en el sistema de pensiones y cualquier alza de impuestos. Nada de priorizar demandas sociales ni menos meterse la mano al bolsillo.
Más aún, han decidido poner todas sus fichas en la aprobación de una propuesta constitucional que consagra sus privilegios. “El texto da para ser aprobado”, señaló hace unos días en radio Pauta el actual presidente de la CPC, Ricardo Mewes. Abandonando definitivamente la preocupación por las demandas sociales, Mewes justificaba su posición señalando: “desde nuestro punto de vista (…) tenemos que cerrar esos espacios de incerteza jurídica y podamos dar realmente un paso importante en materia de atracción de inversiones”. La preocupación del gran empresariado por el bien común fue pasajera mientras sus privilegios se vieron amenazados. Pasado el trago amargo del ruido molesto de las calles, el crecimiento económico volvió a ser el monólogo de los grandes empresarios.
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| A VOTAR « EN CONTRA » DE « LA CONSTITUCIÓN LA ELITE » |
El hilo del debate público, en este contexto, suele cortarse por lo más delgado: estamos acostumbrados a culpar a los políticos por nuestra crisis institucional, política y cultural. Ellas y ellos se han convertido en el blanco fácil y el chivo expiatorio. Pero en nuestro país, ¿tienen realmente todos los políticos autonomía del poder económico para tomar decisiones? Diversos autores han mostrado la influencia desmedida y sin contrapesos que desde 1990 ha tenido el gran empresariado en procesos de reformas en los más variados ámbitos de nuestra sociedad, desde el sistema tributario, pasando por el sistema de AFP, las políticas industriales, políticas ambientales, hasta el sistema de salud.
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La propuesta emanada del Consejo Constitucional no sólo falla en consagrar derechos sociales básicos para la población, sino que limita severamente los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras.
Todos estos autores han llegado a la misma conclusión: los grandes empresarios han actuado bloqueando cambios que implicaban más justicia y dignidad para la mayoría. Mediante diversos mecanismos tales como el financiamiento de campañas y partidos políticos, el ofrecimiento de puestos trabajo en sus empresas, su acceso preferencial a los medios de comunicación, y el lobby realizado por su amplia gama de centros de pensamiento, fundaciones y entidades gremiales, el gran empresariado ha sido muy eficaz en la defensa de sus intereses.
Hoy irracionalmente están dispuestos a ir aún más allá, al darle rango constitucional a un sistema que hace agua por todos lados. La propuesta emanada del Consejo Constitucional no sólo falla en consagrar derechos sociales básicos para la población, sino que limita severamente los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras. En relación a los derechos sociales, bajo la narrativa de la “libertad de elección”, lo que están promoviendo es la perpetuación de un sistema segregado, excluyente y quebrado socialmente. Se constitucionalizan las Isapres (que han sobrevivido gracias a los cobros ilegales aplicados a sus afiliados), el financiamiento educacional basado en vouchers y las AFPs. José Piñera ha celebrado con entusiasmo el probable ingreso a la Constitución de los principios que estructuran el sistema de AFP.
En cuanto a los derechos de los y las trabajadoras, el texto restringe el derecho a huelga a la negociación colectiva, lo que implica un retroceso y un severo obstáculo para alcanzar condiciones dignas de trabajo. Esta restricción además colisiona directamente con tratados internacionales y con la técnica constitucional moderna (ninguna Constitución establece este tipo de limitaciones).
A todo lo anterior, se debe sumar que la propuesta del Consejo nada dice sobre la prevención y sanciones de conductas abusivas de las grandes empresas. En la última década hemos sido testigos de numerosos casos de colusión y abuso de posición dominante que han afectado directamente el bienestar de la población. Si el ánimo mayoritario del Consejo hubiese efectivamente redactar un texto moderno, que no quedase rápidamente obsoleto, debiese haber diseñado normas en este sentido (en contraste, el texto propuesto por la Convención sí se hacía cargo de esta problemática en su artículo 182). La estructura oligopólica de los mercados y los altos -y crecientes- grados de concentración de nuestra economía exigen que la nueva constitución proteja a la población de los abusos empresariales. Las cifras son impresionantes: basado en datos del SII, la Multigremial Nacional reveló que las grandes empresas del país -que apenas representan un 0,1% del total- concentran casi un 70% de las ventas.
¿Cómo se podría explicar que un grupo social que históricamente ha mostrado un gran instinto de sobrevivencia pueda ir en contra de sus propios intereses al optar por profundizar un modelo de sociedad inviable, que de colapsar ciertamente terminaría con sus privilegios?
La clave para responder esta pregunta está en el trabajo que ha venido desarrollando el sociólogo Gabriel Otero y sus colaboradores. Otero ha mostrado que en la actualidad la clase alta de nuestro país vive en ambientes altamente segregados, distanciados del resto de la sociedad e inmersos en relaciones con personas de características muy homogéneas. Estas configuraciones sociales tienden a producir en los grupos acomodados una disminución de la empatía y un aumento de la desconfianza hacia las otras clases sociales. Probablemente estos altos niveles de segregación explican en buena medida los sesgos cognitivos cometidos por representantes de las clases privilegiadas al descalificar como ideologizada, por ejemplo, evidencia empírica que demuestra el fracaso del sistema de AFP.
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Al vivir separados del resto de la sociedad, en verdaderas islas geográficas y mentales, la elite económica tiende a pensar que su proyecto de sociedad es el adecuado para todo el resto del país. Y siguiendo su apego atávico a la cultura de la hacienda, intenta imponérselo al resto de la sociedad.
Todos estos autores han llegado a la misma conclusión: los grandes empresarios han actuado bloqueando cambios que implicaban más justicia y dignidad para la mayoría. Mediante diversos mecanismos tales como el financiamiento de campañas y partidos políticos, el ofrecimiento de puestos trabajo en sus empresas, su acceso preferencial a los medios de comunicación, y el lobby realizado por su amplia gama de centros de pensamiento, fundaciones y entidades gremiales, el gran empresariado ha sido muy eficaz en la defensa de sus intereses.
Bernardo Larraín Matte representa el paradigma del rol jugado por el gran empresariado en este proceso. Utilizando su propio vehículo de propaganda y lobby -la Fundación Pivotes-, Larraín Matte ha salido a defender con fuerza la propuesta constitucional. Convenientemente para sus intereses, hace pocos días el expresidente de la SOFOFA y vicepresidente de Colbún declaraba en Twitter su apoyo a la propuesta enfatizando que esta introduciría nuevas reglas que le pondrían límites al rol de la política en espacios fundamentales de nuestra democracia (sic). En contraste, en su activa participación en el debate no se le ha escuchado proponer normas que limiten la concentración de la economía o los abusos empresariales. El principal representante público del grupo económico familiar involucrado en la colusión del papel, conflictos territoriales con el pueblo Mapuche y en el intento de imposición de un mega proyecto hidroeléctrico en Aysén (a pesar de la oposición de la comunidad local), entre otros conflictos sociales, manifiesta así su preferencia por una actividad política tutelada por el poder del dinero.
Junto con olvidar su disposición a meterse la mano en sus bolsillos para financiar políticas sociales, el gran empresariado no promueve hoy la construcción de la “casa de todos”. Más bien están apoyando la construcción de un apartheid, de un país partido en dos: para aquellos con la “libertad (y capacidad) de elegir”, la actual propuesta ofrece un condominio exclusivo con todas las comodidades y altos murallones que ilusoriamente los aíslen de la amenaza que representan los excluidos del sistema. Para los excluidos, el texto ofrece un paisaje peor que el que hoy habitan; uno dominado por la fatalidad de ya no poder escapar de las pensiones indignas, servicios de salud deficitarios, trabajos precarios y las deudas contraídas con los habitantes del exclusivo condominio que gobierna nuestro país.
*Grupo Max Planck-UCEN de Investigación en Economía y Sociedad, Universidad Central de Chile
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