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CONFIRMAN QUE EL EJÉRCITO DESTRUYÓ EN
DEMOCRACIA ARCHIVOS DE LA REPRESIÓN |
Chile: Confirman que el Ejército destruyó en democracia archivos de la represión / Los microfilmes y documentos incinerados incluían información sobre las movilizaciones y liderazgos de las acciones de resistencia y oposición al proceso de instalación de la nueva Constitución Política impuesta por Pinochet
por Libio Pérez Zúñiga 01/04/25 |
Una sentencia judicial, dictada la semana pasada, condenó a prisión a tres ex oficiales del Ejército de Chile por su involucramiento en la destrucción de archivos microfilmados y en papel sobre acciones represivas de la dictadura civil militar que lideró el general Augusto Pinochet, durante el período 1980-1982. La incineración de los documentos que incluía información sobre operaciones de inteligencia que culminaron con el crimen del presidente Eduardo Frei Montalva, ocurrió a comienzos de años 2000, es decir ya avanzada la democracia y cuando aún gobernaba Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del mandatario asesinado.
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La jueza especial para casos de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó en primera instancia a tres ex miembros del Ejército, entre ellos a dos generales, por su responsabilidad en la destrucción de archivos que se realizó al interior de la Escuela de Inteligencia del Ejército de Chile, ubicada en la localidad de Nos, comuna de San Bernardo, a unos 60 kilómetros al sur de la capital.
El conjunto de documentos elaborado por la Dirección Nacional de Informaciones (DINA) y su sucesora, la Central Nacional de Inteligencia (CNI), permaneció por décadas en manos de los militares, que persistentemente negaron su existencia a los jueces que investigaban los crímenes de la dictadura que entre 1973 -cuando fue derrocado el presidente socialista Salvador Allende- y la recuperación de la democracia en 1990, y que suman más de 3.200 víctimas, entre ejecutados y desaparecidos.
Los microfilmes y documentos incinerados en el regimiento de inteligencia incluían información sobre las movilizaciones y liderazgos de las acciones de resistencia y oposición al proceso de instalación de la nueva Constitución Política impuesta por Pinochet, donde están las bases del modelo neoliberal que implementó en la década siguiente, como la privatización de empresas públicas, el desmantelamiento de servicios públicos, la imposición de un sistema de pensiones y la apertura de la economía a los mercados internacionales.
Además de la resistencia clandestina de la izquierda, que fue implacablemente perseguida, los aparatos represivos concentraron su trabajo de seguimiento en liderazgos opositores como el entonces expresidente de Chile Eduardo Frei Montalva, y el dirigente sindical de Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Tucapel Jiménez, quien trabajaba en la preparación de una movilización social a nivel nacional. Ambos fueron asesinados en el verano de 1982.
Queda “en evidencia cómo el Ejército de Chile -en pleno período democrático- sigue actuando para asegurar la impunidad de sus agentes involucrados en crímenes de lesa humanidad”, dice uno de los abogados querellante.
La magistrada Paola Plaza condenó al ex general de brigada del Ejército Eduardo Jara Hallad y a la teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich, a tres años y un día de reclusión menor en su grado máximo, como autores del delito de “infidelidad de custodia de documentos con grave daño a la causa pública”. En tanto, el general retirado del Ejército Carlos Chacón Guerrero fue condenado a 200 días de reclusión, en calidad de encubridor del mismo delito. La esencia del fallo apunta a que los oficiales condenados no cumplieron con los protocolos de la institución relacionados con la quema de archivos, lo que supondría levantar un acta de la destrucción de los documentos, el procedimiento, el origen de la orden y la consignación de los nombres y grados de quienes ejecutan las órdenes.
En junio de 1981, los organismos de inteligencia detectaron la implantación de un grupo guerrillero en Neltume, una zona maderera montañosa a unos 1.200 kilómetros al sur de la capital. Tras varios meses de persecución y esporádicos combates, los insurgentes fueron diezmados. Al menos once de ellos fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos. El hecho investigado por la justicia una vez recuperada la democracia terminó con el desafuero y juicio al exdiputado Rosauro Martínez, que en 1981 era capitán del Ejército y lideró la represión a la guerrilla. El Ejército y la CNI nunca entregaron información a la justicia sobre estos hechos.
El ocultamiento de información sobre el periodo represión, la defensa y protección a los agentes represores, la destrucción de pruebas y un generalizado “pacto de silencio” entre quienes integraron los organismos de inteligencia, ha redundado en altos grados de impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura. Pese a ello, en cárceles especiales permanecen actualmente poco más de 200 exagentes recluidos, en particular las jefaturas de la DINA y CNI, así como muchos de los autores directos de los crímenes.
"Desgraciadamente este tipo penal (la destrucción de archivos) tiene penas bajísimas, lo que queda reflejado con el beneficio de la libertad vigilada concedida. De otra parte, se descubre y se deja en evidencia cómo el Ejército de Chile -en pleno período democrático- sigue actuando para asegurar la impunidad de sus agentes involucrados en crímenes de lesa humanidad”, reclama el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, querellante en la causa que inició en 2017 la organización Londres 38 Espacio de Memorias.
En octubre de 1998, el general Augusto Pinochet fue arrestado en Londres mientras estaba internado en una clínica privada. Desde España, el juez Baltasar Garzón, solicitó su extradición para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. En paralelo, en Chile fueron presentadas decenas de nuevas querellas criminales solicitando su juzgamiento. La alta tensión que provocó en Chile la detención del dictador en Gran Bretaña impulsó al entonces presidente Frei Ruiz-Tagle a convocar a una “Mesa de diálogo” que incluyó a organizaciones de familiares de las víctimas de la dictadura y a representantes de las propias Fuerzas Armadas con el propósito de buscar información sobre los detenidos desaparecidos.
Un “pacto de silencio” generalizado entre quienes integraron los organismos de inteligencia ha redundado en altos grados de impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura
Luego de casi diez meses de trabajo, la “Mesa diálogo” culminó con una declaración en que, por primera vez, las Fuerzas Armadas reconocieron que hubo crímenes y desaparecidos, con el compromiso de estas de buscar información sobre los mismos. En junio del año 2000, los militares entregaron al recién asumido presidente Ricardo Lagos una lista de 200 personas desaparecidas, la mayoría de cuáles -decía el documento- habían sido arrojadas al mar... y que no había más información disponible.
Pocos meses antes, el propio Ejército había incinerado parte de los archivos en los que eventualmente pudieron contener información. Peor aún, en esos meses aparecieron indicios de la existencia de fosas clandestinas al interior del Fuerte Arteaga, un complejo militar ubicado en las afueras de Santiago. Un juez investigó el lugar y encontró pequeños fragmentos óseos que confirmaron la inhumación ilegal, pero no había cuerpos. En 1978, el general Pinochet había ordenado remover todos los sitios donde hubo entierros clandestinos y volver a desaparecer los restos. La mayoría de esos lugares, más una decena en todo el país, fueron removidos y los cuerpos arrojados al océano. Nada de eso -ha dicho el Ejército- ha quedado en archivos.
Etiquetas: dictadura Chile represión Memoria
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