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FOTO AGENCIA UNO El primer capítulo fue rechazado por 24 votos a favor, una abstención y 18 en contra. En tanto, el segundo, se rechazó con 22 votos favorables, una abstención y 20 en contra. Con esto, el Mandatario podrá cumplir con su periodo presidencial.
El Senado rechazó la acusación constitucional que buscaba destituir al Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentada por la Cámara de Diputados tras las irregularidades que habría cometido en la venta del proyecto minero, reveladas en los “Pandora Papers”. Con esto, el Mandatario podrá culminar con su período en el Ejecutivo y traspasar el mando el próximo 11 de marzo de 2022.
Animación Víctor Paredes animación del mural realizado por Mono González para la franja de Gabriel Boric.
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Los senadores opositores no lograron reunir el quórum necesario de dos tercios (29 votos del total de 43 escaños) para aprobar el libelo acusatorio. De hecho, una vez terminadas todas las fundamentaciones, el primer capítulo fue rechazado por 24 votos a favor, una abstención y 18 en contra. En tanto, el segundo, se rechazó con 22 votos favorables, una abstención y 20 en contra.
La sesión comenzó con la exposición de tres diputados opositores (Gael Yeomans (CS), Leonardo Soto (PS) y Gabriel Silber (DC)), que dieron a conocer a los senadores el libelo acusatorio impulsado por la Cámara baja, que culpaba al gobernante de haber faltado al principio de "probidad" y de "comprometer gravemente el honor de la Nación".
Los parlamentarios argumentaron que existió "conflicto de intereses" y "un actuar sin ética" que daña la imagen del país, la democracia y su institucionalidad.
La defensa, que estuvo a cargo del abogado de Piñera, Jorge Gálvez, expuso que en el proyecto Dominga había varios "inversionistas pasivos", entre los que se encontraba la familia del mandatario, y que "ellos no eran los dueños" y "no vendieron nada".
Eso sí, y al margen de este juicio político, la Fiscalía abrió una investigación contra Piñera por posibles delitos tributarios, y de cohecho, en la misma operación, pese a que el asunto ya fue visto en los tribunales en 2017 (y en donde el Mandatario fue sobreseído).
El Ministerio Público entiende que, en aquel momento, no se tuvo acceso al contrato original (escrito en inglés y suscrito en Islas Vírgenes Británicas) , sino a una copia traducida al castellano.
