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Medidas incorporadas en su programa de Gobierno. Terminar con las AFP, construir 260 mil viviendas, sueldo mínimo de 500 mil pesos, jornadas laborales semanales de 40 horas, un impuesto a los súper ricos, royalty a la gran minería y combate frontal a la evasión tributaria. Condonación de la deuda educativa, “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. “Política de migración segura”, apoyo al fútbol femenino, Plan Nacional de Derechos Sociales LGBTIAG+, creación de empresa nacional del litio, ley de eutanasia, muerte digna y cuidados paliativos. El transporte público será gratuito y no contaminante, se implementará la entrega a domicilio de medicamentos a domicilio en casos de enfermedades crónicas.
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se conoció el programa de Gobierno del conglomerado Apruebo Dignidad y su candidato presidencial Gabriel Boric, donde entre otras cosas, se plantean 53 “cambios concretos para un nuevo Chile” y que marcarán el plan de la futura administración.
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Se apunta a temas y demandas sociales que están puestas en el escenario nacional hace años y, sobre todo, a partir de la revuelta ciudadana de 2019. Y con ellas se mejorarían “las condiciones de vida” de la inmensa mayoría de la población, abordando necesidades en materia de pensiones, vivienda, salario, empleo, salud, educación, economía familiar apuntando a terminar con deudas impuestas.
Entre las medidas se sostiene el terminar con el sistema privado y monopólico de las Administrador de Fondos de Pensiones (AFP), adoptando “un nuevo sistema de seguridad social que asegure una pensión mínima de $250.000 para todas y todos los mayores de 65 años, incluyendo a las y los 2,2 millones de actuales jubilados”.
Se indica que “en los primeros 100 días de gobierno convocaremos a una Comisión de Diálogo Social para enfrentar los efectos de la pandemia y crisis económica global en el mundo del trabajo”. Esto apunta a reactivación de la economía chilena, priorizar por el trabajo decente, fortalecimiento del sistema público de salud, mejorando el seguro de cesantía, aumentando subsidios al empleo y el acceso de Pymes al sistema bancario. Además, se recuperarán 500 mil empleos femeninos.
En relación al efecto del Covid-19 en el proceso de educación, el programa de Gabriel Boric, dentro de las 53 medidas, plantea: “Reactivaremos los aprendizajes perdidos en la pandemia con un plan de activación educativa integral, generado desde las comunidades, que incluirá materiales de apoyo escolar, mejoras en la infraestructura y un programa de bienestar emocional…Nuestra meta es duplicar la cobertura de atención de salud mental en la población infanto-juvenil”.
Mundo laboral y deudas
Las propuestas incluyen varios puntos en relación al mundo laboral para diversidad de sectores de trabajadores, profesionales, técnicos. Por ejemplo, “negociación colectiva multinivel, asegurando la libertad de las y los trabajadores para negociar, el derecho a organizarse y equilibrar el poder de negociación, para garantizar el trabajo decente y un aumento de los salarios”. Aumento del salario mínimo “de manera escalonada” para superar los 500 mil pesos al final del Gobierno (cuatro años). Reducir la jornada laboral semanal a 40 horas.
En lo que tendrá un efecto en las familias chilenas y trabajadores, se sostiene la condonación de la deuda educativa, que afecta a más de un millón de estudiantes y egresados. También se apunta a reparar la deuda histórica con el profesorado, “partiendo durante el primer año de gobierno por las y los docentes de mayor edad, para terminar beneficiando a un total de casi 60.000 docentes afectados al final de nuestro mandato”.
Tributación a estándar internacional
En uno de los temas más debatibles y cruciales de los programas de Gobierno, en el de Apruebo Dignidad se plantea una consistente reforma tributaria bajo el eje de “que quienes tienen más contribuyan más” y con estándares internacionales, sobre todo de la OCDE. Se indicó que “avanzaremos a un sistema de impuestos progresivos, con equidad vertical y horizontal, como la normas OCDE”. Se propone “un impuesto a los súper ricos, royalty a la gran minería del cobre y un combate frontal a la evasión tributaria”.
Salud y Pymes
Entre las 53 “medidas concretas” se plantea la existencia de un Fondo Universal de Salud, “pasando las Isapres a ser seguros complementarios voluntarios regulados por la Superintendencia de Salud”. La idea es generar y fortalecer un sistema único de salud en el país. Se dará curso a una ley de salud mental integral y se crearán al menos 15 nuevos Centros Regionales de Salud Mental. Se apunta a la meta de reducir las “listas de esperas” en salud y aumentar en un 30% la productividad en cirugías.
Se promoverá la ley de eutanasia, muerte digna y cuidados paliativos.
Se implementará la entrega a domicilio de medicamentos a domicilio en casos de enfermedades crónicas, empezando por adultos mayores hasta llegar a usuarios de la atención primaria.
También se dice que “reactivaremos la economías con las Mypimes, asegurando acceso a financiamiento directo y créditos garantizados, implementando medidas tributarias especiales como la postergación del IVA y la condonación de intereses y multas devengadas durante la pandemia, y acompañando su proceso de transformación digital”. Se indica la creación de un Banco Nacional de Desarrollo que financiará la innovación y desarrollo Pymes e iniciativas que apunten hacia un cambio estructural de la matriz productiva.
Mujeres, diversidad sexual
En materia de derechos de las mujeres, entre las principales medidas del nuevo Gobierno se apunta a impulsar una ley Integral de Violencia de Género, “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. En esa línea, garantizar anticonceptivos en salud primaria, contar con un modelo de educación sexual integral, y contar con la atención debida en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Junto a eso, fortalecer el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, entre otras cosas para “erradicar todo tipo de violencia y discriminación de género”.
Establecer un Plan Nacional de Derechos Sociales LGBTIAG+, “con políticas de acceso al empleo, educación no sexista e inclusiva y fin a la discriminación en el acceso a la salud”. Junto a eso, “un proyecto de Cupo Laboral Trans para terminar con la exclusión y precariedad”. Se modificará la ley de identidad de género para permitir el cambio de nombre y sexo registral desde los 14 años.
Bajar déficit habitacional
En cuanto a vivienda, uno de los temas de la demanda social, los 53 puntos básicos del programa de Boric sostiene un plan de reducción del precio de la vivienda, robustecer el Banco de Suelo Público e implementar una política de suelos, “impulsando la adquisición de suelo con fines habitacionales que responda a un criterio de justicia y equidad urbana”. Se anuncia la construcción de 260 mil viviendas “para reducir el déficit habitacional” y la creación del programa “Abriguemos Chile” que “realizará 400.000 reacondicionamientos térmicos para una reactivación económica verde, con generación de empleos, sentido de justicia y eficiencia ambiental”.
Se anuncia la firma del Acuerdo de Escazú sobre participación, derechos humanos y justicia ambiental. Desarrollar un “proceso de transformación de la Institucionalidad Ambiental”, acorde con la realidad de crisis del agua y crisis climática. Se legislará para que la Comisión Regional de Evaluación Ambiental “sea presidida por las y los Gobernadores Regionales”. “Garantizaremos el derecho humano al agua a través de una política nacional de seguridad hídrica”, dice el documento programático.
Entre las “medidas concretas” se anota anular la “corrupta Ley de Pesca” e impulsar una nueva legislación que garantice sostenibilidad de los ecosistemas.
Se trabajará para instalar 500 MW en sistemas de autogeneración de energía renovable no convencional “distribuida en forma descentralizada, residencial y comunitaria”.
DDHH
En cuanto a derechos humanos, las primeras medidas del futuro Gobierno consideran reparación integral a “todas las personas vulneradas en sus DDHH a partir del 18 de octubre, con énfasis en víctimas con daños físicos irreversibles, lesiones oculares y violencia sexual, incluyendo a las y los familiares de víctimas de homicidios”. También se dará el paso de crear la Comisión Calificadora Permanente de DDHH que “permita revisar las violaciones a los DDHH de la dictadura cívico militar, y un sistema de calificación de víctimas de DDHH desde el retorno a la democracia”.
En relación a Carabineros y la Policía de Investigaciones, se sostiene que “refundaremos nuestras policías, aumentando la dotación en las comunas que más lo necesitan, mejorando su eficacia en la persecución del delito y asegurándonos que respeten los DDHH y se subordinen al poder civil”.
En otro tema, se sostiene avanzar “hacia una política de migración segura, ordenada, regular y respetuosa de los DDHH, ratificando el Pacto de Marrakech”.
Se anuncia en el documento la creación del Sistema Nacional de Cuidados que tendrá como foco la niñez, adolescencia, personas con discapacidad, adultos mayores y persona cuidadoras.
En las 53 “cambios concretos” se incluye el garantizar el Internet como “un servicio básico, mejorando cobertura y estándares de calidad en todas las comunas del país”. También se ampliará el programa “Me conecto para aprender”, garantizando equipamiento informático en los hogares y se ampliará gradualmente el acceso a computadores personales y conectividad a docentes que trabajan en la educación pública.
Habrá ampliación del programa “Chile Crece Contigo” hasta las 14 años, se terminará con “la lógica del Sename, derogando la actual Ley de Subvenciones para pasar a un sistema de financiamiento estable de red de instituciones de calidad, y se conformará una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a los DDHH que hayan pasado por custodia del Estado. Habrá una ley integral contra la violencia hacia la niñez.
Pueblos indígenas
En relación a pueblos indígenas, el documento programático señala que “propiciaremos un diálogo plurinacional con todos los pueblos originarios, para acordar los términos de una restitución territorial que permita el ejercicio de su derecho a la autonomía, evitando y reparando la fragmentación de los territorios”.
Se anuncia el término del cargo de Delegado Presidencial (quedando los gobernadores como autoridades democráticas en las regiones). Se inyectarán mil millones de dólares al Fondo Común Municipal, con reasignación de recursos municipales, estableciéndose que “ningún municipio en Chile perciba menos de $300.000 per cápita, reduciendo la brecha y la desigualdad territorial”.
Se duplicará el presupuesto del Ministerio de las Culturas, para llegar al 1% del Presupuesto Público. Se crearán Puntos de Cultura en todo el país para la expresión masiva y diversa. Habrá un aumento en los fondos para investigación y desarrollo a más del doble, con la meta del 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Se impulsará la mediana y pequeña agricultura. Se avanzará en la soberanía y seguridad alimentaria. Se promoverá una ley marco de Economía Circular y Gestión de Residuos.
El transporte público será gratuito y no contaminante. Se desarrollará el plan Transporte Público Doble Cero (cero tarifa, cero emisiones), partiendo con pilotos en regiones. Se busca beneficiar a las familias vulnerables, considerando que se gasta el 20% del ingreso en transporte, principalmente para ir a trabajar.
En las propuestas se plantea igualar la cancha para el fútbol femenino “con contratos y condiciones dignas de trabajo para las profesionales, además de promover que las ligas y competencias juveniles y femeninas accedan a subsidios e instrumentos de fomento deportivo contemplados en la Ley del Deporte”. Se agrega que “socios, socias e hinchas serán protagonistas de sus equipos deportivos, a través de un Modelo Chileno de Administración del Fútbol Profesional, en donde quienes le dan vida al deporte tengan una incidencia real en las políticas de desarrollo de sus clubes”.
En materia de recursos naturales, la propuesta programática habla de crear una empresa nacional de litio “que desarrolle una nueva industria nacional de este recurso estratégico, con protagonismo de las comunidades y agregando valor a la producción”.
Habrá impulso de expansión de al menos 60 mil cupos de educación inicial, principalmente a través del financiamiento de mejoras estructurales y ampliación de salas. Se establecerá un fondo estatal para el pago de pensiones alimenticias adeudadas, y que sea el Estado el que persiga al deudor.
