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PARTIDO COMUNISTA DE CHILE (PCCh) / RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA NACIONAL 2026 / Organizar la fuerza, disputar el rumbo / 16, 17 y 18 de octubre de 2026 / Presentación / La Conferencia Nacional del Partido Comunista de Chile, aprueba el informe presentado. De la síntesis de sus trece comisiones se recoge el presente cuerpo de resoluciones. En continuidad con las definiciones del XXVII Congreso Nacional, éstas actualizan la política del Partido para el período y se ordenan en torno a dos ideas: la revolución democrática, expresada hoy en la resistencia estratégica, y la construcción de un Partido de masas para una política de masas. / Las comisiones coincidieron en una exigencia transversal: que esta Conferencia no concluya en un nuevo diagnóstico, sino en planes verificables en cada célula, comunal, regional y en la dirección nacional.
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I. Situación internacional
Un cambio de época en disputa
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| FLYER PCCH |
Vivimos un cambio de época. El orden neoliberal que se impuso a escala mundial durante las últimas décadas atraviesa una crisis profunda, sin que haya surgido todavía un orden alternativo consolidado. La transición hacia un mundo multipolar abre espacios reales para un desarrollo soberano de nuestros pueblos, pero no garantiza por sí misma una salida democrática: el neoliberalismo puede refundarse en una versión aún más regresiva y autoritaria. La disputa está abierta.
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| LAUTARO CARMONA PRESIDENTE DEL PCCH |
► À penser en dessin : FENÊTRE SUR COUR
En este escenario, la ultraderecha avanza en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, ejerciendo el poder sin inhibiciones y naturalizando posiciones que hace quince años resultaban inaceptables. No se trata de fenómenos nacionales aislados, sino de un proceso integrado, que lleva más de dos décadas organizándose internacionalmente y que comparte rasgos reconocibles: un patriotismo construido sobre la figura del enemigo interno, la asociación entre migración y delincuencia, la centralidad del miedo y la seguridad, el desprecio por los derechos humanos y un Estado reducido para las mayorías y fuerte para el capital. Caracterizamos a esta corriente como una ultraderecha con rasgos fascistas, expresión autoritaria del propio neoliberalismo en crisis.
Esta ofensiva se apoya hoy en nuevas herramientas. El dominio de un puñado de corporaciones sobre las plataformas digitales, los algoritmos y la inteligencia artificial, el uso de bots y la manipulación de redes sociales inciden directamente en los procesos electorales, en las pautas de consumo y en la vida cotidiana. No son fenómenos meramente tecnológicos: expresan transformaciones en el modo de producción y en las relaciones sociales, y configuran un nuevo terreno de lucha por la soberanía y la democracia.
Estamos ante la más clara expresión de la profundización y vigencia de la lucha de clase, a nivel mundial y nacional, lo que además se expresa en movilizaciones que se fundan en este concepto en todo el mundo.
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| ILUSTRACIÓN RAMIRO ALONSO |
La ofensiva imperialista sobre América Latina
El imperialismo norteamericano, ante su pérdida de hegemonía en la economía y la geopolítica mundial, responde con creciente violencia. Junto a sus aliados de la OTAN e Israel, continúa provocando genocidios, agresiones militares, guerras y crímenes de lesa humanidad, como lo expresan el genocidio contra el pueblo palestino y la agresión a Irán. La administración Trump ha reafirmado la Doctrina Monroe, que define a América Latina como su patio trasero, interviniendo abiertamente en la política interna de nuestros países.
La intervención militar en Venezuela dejó en evidencia que su objetivo era el control del petróleo y no la defensa de la democracia. Hoy, ese mismo plan se dirige contra Cuba y su proceso revolucionario. Es el momento más grave y peligroso para la Revolución Cubana. La agresión a Cuba es una agresión a toda América Latina.
Chile no es una excepción. Estados Unidos ha declarado la Antártica y el Estrecho de Magallanes como zona de importancia estratégica para la seguridad hemisférica, y su embajador condiciona ante el Congreso Nacional su "ayuda" en la "defensa" del Estrecho a nuestra subordinación. El Estrecho de Magallanes es chileno y punto.
El gobierno de Kast ha respondido con sumisión. Retiró a Chile del Movimiento de Países No Alineados y firmó, sin debate público ni participación del Congreso, el "Escudo de las Américas", que abre una vía jurídica hacia la activación del TIAR y la acción colectiva armada, y compromete nuestra soberanía sobre los recursos naturales y nuestra seguridad.
En este escenario, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo brasileño en la segunda vuelta del próximo 25 de octubre. Al mismo tiempo, la experiencia muestra los límites de los proyectos de la ultraderecha: el modelo de Bukele y el ajuste en Argentina no han resuelto los problemas de sus pueblos. La izquierda latinoamericana enfrenta el desafío de romper el ciclo en que los avances logrados en sus gobiernos retroceden cuando llega la derecha. se trata no sólo de recuperar derechos, sino de avanzar en transformaciones más profundas y una organización popular capaz de sostenerlas.
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| ILUSTRACIÓN RAMIRO ALONSO |
Soberanía: el concepto que une el mundo con la vida cotidiana
La crisis internacional no es lejana: la pagan los pueblos. El cierre de Ormuz llegó de inmediato al bolsillo de las familias chilenas, con el mayor ajuste de combustibles desde 1973.
Por eso, la soberanía no es un concepto abstracto ni se reduce al alineamiento de autoridades y agendas. Es soberanía sobre el cobre, el litio, el mar y los recursos naturales estratégicos; es soberanía alimentaria, energética y tecnológica; es soberanía sobre los datos y una gobernanza democrática de la inteligencia artificial que impida su uso como instrumento de control social; y es, también, el respeto a los derechos y territorios de los pueblos originarios. La soberanía se juega en el empleo, la salud, la vivienda, la educación y los servicios básicos, y es el punto de partida para el trabajo en cada frente.
La ultraderecha nos interpela desde un nacionalismo sumiso, que entrega soberanía a una potencia extranjera mientras se proclama defensora de la patria. Disputamos ese sentido. Reivindicamos una idea de patria vinculada a la soberanía, los derechos, la probidad y el interés de las familias trabajadoras, frente al abuso y los privilegios.
La defensa de la soberanía exige también una política de defensa nacional democrática, que resguarde el carácter institucional de las Fuerzas Armadas y de Orden, democratice su ingreso y funcionamiento, y evite su instrumentalización política o su uso contra la organización social.
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| ILUSTRACIÓN RAMIRO ALONSO |
Nuestro internacionalismo
Nuestro internacionalismo es antiimperialista y allendista. No es un gesto humanitario, sino una definición política, inseparable de una defensa férrea del interés nacional.
Reafirmamos nuestra solidaridad activa con la Revolución Cubana, su derecho soberano a la autodeterminación y la exigencia del fin inmediato del bloqueo. Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino frente al genocidio, y el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos que enfrentan lógicas coloniales, incluido el pueblo saharaui.
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| CATALINA LUFÍN PACHECO |
II. Situación nacional
Un país en crisis por decisión política
Chile vive una situación crítica provocada por las decisiones políticas del actual gobierno, más que por el escenario mundial. La economía está en recesión técnica y la desocupación alcanzó el 9,6%, sobre el 12% en las mujeres y cerca del 22% en los jóvenes, y en varias regiones supera los dos dígitos.
No estamos ante una crisis por "exceso" de salarios ni de derechos, como sostiene el discurso oficial que culpa a las 40 horas y al alza del salario mínimo por la cesantía. Es una crisis de demanda interna y de distribución, que se inscribe en una crisis más profunda del modelo de acumulación, dominado por el capital financiero y transnacional, cuyas ganancias siguen aumentando mientras la inversión productiva se posterga, las millonarias pérdidas de fondos de pensiones por 7.700 millones de dólares, que han impactado fuertemente a los ahorros previsionales y las futuras pensiones, pero que no impactan en las ganancias de las AFP, son el rostro más brutal de cómo pierden los trabajadores y trabajadoras bajo este modelo de acumulación. El modelo vive una crisis profunda, pero no está muerto: ya ha atravesado crisis cíclicas y busca hoy recomponerse en su versión más regresiva a costa del futuro de los chilenas y chilenos.
La victoria electoral de José Antonio Kast no se ha traducido en la construcción de una hegemonía política y social capaz de dar estabilidad y respaldo mayoritario a su proyecto. Ganó el gobierno, pero no ha logrado ganar la conciencia ni el apoyo sostenido de la sociedad. Las encuestas muestran el creciente malestar de la ciudadanía frente a sus decisiones, y las contradicciones que comienzan a manifestarse incluso al interior de su propio sector dan cuenta de una distancia cada vez mayor entre las expectativas que despertó y la realidad que viven las personas. Esta situación expresa una disputa política todavía abierta y muestra que la correlación de fuerzas no está definitivamente resuelta a favor de la derecha. Se abre así una oportunidad que debemos saber reconocer y aprovechar, no solo para enfrentar las políticas regresivas del gobierno, sino para intervenir con iniciativa, disputar el sentido y levantar nuestras propias propuestas; vinculando las preocupaciones cotidianas de la clase trabajadora y los sectores populares con una alternativa de desarrollo, democracia y justicia social. El malestar por sí solo no construye mayorías; nuestra tarea es contribuir a transformarlo en conciencia, organización y fuerza político social capaz de abrir un camino distinto para Chile.
El carácter del gobierno de Kast
El gobierno de José Antonio Kast no es un caso de inexperiencia ni de improvisación. Es un proyecto ideológico articulado, antipopular y de clase, que reivindica y profundiza las políticas neoliberales fundadas en dictadura: una verdadera refundación neoliberal que busca reducir el Estado, retroceder en derechos sociales y criminalizar la protesta. En definitiva, el gobierno de Kast fracasó, y tiene sumido al país en una crisis económica y social.
Prometió no recortar ningún beneficio social, y con su ajuste de US$6.000 millones está recortando programas sociales. Prometió proteger a la clase media, y traspasó íntegramente el alza de los combustibles. Prometió mano dura contra la delincuencia, y cierra la puerta a levantar el secreto bancario. Prometió defender la patria, y firmó el "Escudo de las Américas" a espaldas del Congreso.
La misma "emergencia fiscal" con que se justifica recortar salud y educación no impidió rebajar el impuesto a las grandes empresas de 27% a 23%, ni garantizarles invariabilidad tributaria por 20 años, mientras se vetaron los alivios a deudores y pymes.
La segunda ofensiva. El gobierno abre ahora su agenda laboral, la más regresiva desde el plan laboral de la dictadura, que busca vaciar las 40 horas y abaratar el despido. A ello se suman los recortes en cultura, ciencia, universidades y transporte, que afectan también a los gobiernos regionales.
Negacionismo y agenda antiderechos. El gobierno desmantela las políticas de memoria y derechos humanos. A cincuenta años de la Operación Exterminio, rechazamos los indultos y beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad: ni un paso atrás. En paralelo avanza, además, una agenda contra los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales y de género.
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| ILUSTRACIÓN RAMIRO ALONSO |
El malestar en disputa
Una parte importante de los votos que llevaron a Kast al gobierno provino de trabajadores, pobladores y capas medias empobrecidas que no se reconocen de derecha, y que votaron por castigo, miedo y desprotección. Expresaron su rechazo a las élites, pero la derecha logró instalar que las élites eran quienes gobernaban y no los grandes grupos económicos. Ese voto revela algo más profundo: amplios sectores no ven en la democracia, tal como funciona hoy, una vía para resolver los problemas concretos de su vida.
Hoy ese mismo mundo vive la cesantía, el alza del costo de la vida y el recorte de servicios. Hay malestar, pero el descontento no se transforma automáticamente en conciencia política ni se traslada mecánicamente hacia la oposición. Si no encuentra organización ni alternativa colectiva, puede derivar hacia nuevas expresiones populistas, como las que ya disputan ese espacio. No basta con identificar el malestar: hay que convertirlo en organización y en esperanza.
Disputar ese malestar exige medir al gobierno con sus propias promesas, contrastar lo que recorta con lo que protege, responder a la preocupación y no solo a la rabia. Para ello necesitamos hablar con un lenguaje común y cercano, que conecte con la vida cotidiana y con las aspiraciones de las personas, y que dispute a la derecha conceptos como libertad, prosperidad y desarrollo.
Seguridad: una demanda popular que no abandonamos.
La seguridad ha sido siempre una demanda de las familias trabajadoras, las más desprotegidas frente al crimen. El miedo de la gente tiene causas reales y no puede ser tratado como una falsa conciencia. La izquierda no puede eludir este tema ni dejarlo en manos de la derecha: debemos disputar esa bandera con una propuesta propia, democrática e integral.
Esa propuesta debe combinar más Estado, más comunidad y más derechos: prevención social y comunitaria, recuperación de barrios y espacios públicos, oportunidades para la juventud, abordaje de las adicciones desde la salud, y una persecución eficaz del crimen organizado y el narcotráfico, con inteligencia, policías profesionales y probas, y el seguimiento de la ruta del dinero, incluido el levantamiento del secreto bancario. Los municipios deben ser parte de esta tarea, con los recursos necesarios.
Rechazamos el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que confunde la defensa nacional con el orden interno, así como la criminalización de la protesta social. La seguridad que piden los barrios es presencia del Estado, no militarización.
La democracia que defendemos y queremos profundizar
La contradicción del período sigue siendo entre democracia y neoliberalismo, inscrita en la contradicción fundamental entre capital y trabajo. El avance de una ultraderecha con rasgos fascistas no modifica esa definición: la confirma, porque expresa la deriva autoritaria de un neoliberalismo que ya no logra legitimarse por la vía del bienestar. Hoy, proyectos autoritarios se consolidan por la vía del voto popular y utilizan las instituciones democráticas para avanzar en sus objetivos.
Por eso, defender la democracia es parte de la lucha por el socialismo, y exige precisar qué democracia queremos. No existe verdadera democracia sin justicia social. La democracia liberal, que no pone el pan sobre la mesa ni garantiza derechos a una población cada vez más precarizada, ha abierto espacio a la extrema derecha. Proponemos una democracia participativa, en que el pueblo, en toda su diversidad, incida de manera efectiva en las decisiones, con estructuras locales y comunitarias de participación vinculante, que amplíe los derechos sociales y las libertades públicas frente al autoritarismo.
El presupuesto 2027 y la movilización
El presupuesto 2027 será un campo en disputa, también. Allí se juega la segunda fase de los recortes y el desmantelamiento del Estado. Debemos llegar a este debate en las mejores condiciones, y prepararnos desde ahora para el debate del 2028, con demandas comunes, alianzas amplias y una pedagogía popular que haga visibles las prioridades de clase del gobierno.
En este marco debemos disputar fuertemente la orientación de la política fiscal y económica de este gobierno, la que demuestra claramente su carácter regresivo y jibarizador de la economía nacional, impactando fuertemente en el desarrollo de las familias trabajadoras y el crecimiento económico futuro del país.
Valoramos las legítimas y democráticas movilizaciones de las y los estudiantes, bajo la consigna "Ni un peso menos", de las y los trabajadores y de diversos sectores sociales, incluida la jornada nacional del 1 de octubre, que debe proyectarse sobre el debate presupuestario. Saludamos, asimismo, las expresiones de memoria y movilización en torno al 18 de octubre.
Frente a este gobierno, el Partido se plantea en este período la resistencia estratégica: defender lo conquistado y, al mismo tiempo, acumular fuerzas, construir alternativa y preparar la contraofensiva. Resistir no es esperar, debemos construir con urgencia una Propuesta para Chile y su futuro, que no se presente como alternancia administrativa sino como alternativa de transformación, capaz de devolver la esperanza a las mayorías.
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| EL GRUPO PARLAMENTARIO (BANCADA) DEL PCCH |
III. Evaluación de la participación en el gobierno
La evaluación de la participación del Partido en el gobierno del presidente Gabriel Boric debe ser crítica, colectiva y autocrítica. Debe reconocer los avances alcanzados y la experiencia acumulada por nuestros cuadros, pero también examinar los límites, los errores, los objetivos no cumplidos y las responsabilidades propias. Este balance no puede reducirse a la condición de minoría parlamentaria, al carácter heterogéneo de la coalición ni a la responsabilidad del gobierno en la llegada de la ultraderecha: debe examinar el proyecto político que orientó esa experiencia, la estrategia con que se ejerció el gobierno y su relación con los movimientos sociales.
Corresponde precisar qué transformaciones se impulsaron y cuáles quedaron pendientes: los límites de las reformas, las tensiones en la política internacional, la temprana postergación del objetivo de construir un nuevo modelo de desarrollo y la falta de audacia para superar los márgenes del paradigma vigente y de ejercer las capacidades instaladas desde los espacios de gobierno. A ello se suma la ausencia de una disputa efectiva por espacios institucionales clave, donde la ultraderecha mantiene su presencia y siguen operando las lógicas binominales.
La principal lección es que gobernar no equivale sólo a ejercer el poder. Sin programa y proyecto transformador, la participación en un gobierno se puede reducir a administrar el Estado y el modelo existente. La lealtad al gobierno y a las alianzas no puede significar la renuncia a las posiciones propias del Partido. Nosotros bregamos tras un horizonte socialista, no aspiramos a que todos apunten tras ese objetivo, pero nos aliamos con todos quienes aún no aspirando al socialismo, son fuerzas con las que se comparten principios, como la mesa de partidos de oposición, organizaciones sociales y sindical, y otras fuerzas de izquierda articuladas.
De esta evaluación se desprende la necesidad de un viraje táctico real: recuperar la iniciativa política y social, reconstruir los vínculos con las bases y preparar al Partido para escenarios de mayor exigencia, articulando la acción parlamentaria, institucional, sindical, territorial y comunicacional en una orientación estratégica común.
IV. Programa y nuevo modelo de desarrollo
Actualizar el Programa del Partido
El Programa del Partido lleva más de dos décadas sin una actualización integral y resulta insuficiente frente a las transformaciones económicas, tecnológicas, geo-políticas e institucionales recientes. Existe un vacío programático que debemos resolver: necesitamos un Programa con un análisis de la explotación actual, con perspectiva de futuro, que recoja las demandas expresadas en el estallido social y las conviertan en objetivos de lucha para el presente. Frente a una derecha que instala que no hay alternativa, el Programa debe ser una hoja de ruta que haga sentido a la gente.
El Partido debe ser una alternativa de transformación, no una opción de alternancia administrativa. Sin un horizonte que de esperanza, lo material no bastará. Frente al "salvarse solo" que instaló la ultraderecha, necesitamos un proyecto que proponga una nueva forma de relacionarnos, basada en la solidaridad de clase; un horizonte socialista. Existe una oportunidad para ese proyecto.
Al calor de la actualización de nuestro programa, debemos abordar el debate sobre qué democracia es a la que aspiramos, cómo la concebimos en este tiempo. Frente a una derecha que reduce el aparato público y gobierna por decreto, nosotros apostamos por una democracia sustantiva, radicalmente participativa, con un Estado social y de derechos, soberana y que garantice una vida digna; ello incluye la ética en el rol del Estado, el fortalecimiento del sistema de integridad y de los mecanismos contra la corrupción, sin negarse al debate sobre una nueva Constitución que garantice derechos y modifique la matriz económica del país.
Por último, debemos ampliar la mirada hacia las diversidades y la infancia. Explicitar la defensa de las diversidades y disidencias sexuales y de género frente a los discursos de odio y políticas discriminatorias, y avanzar en la transversalización del enfoque de género y diversidades en el conjunto de la propuesta programática.
Un nuevo modelo de desarrollo en camino al socialismo
El horizonte estratégico debe ser un nuevo modelo de desarrollo en camino al socialismo, con las tareas y luchas del presente, el socialismo sigue siendo una perspectiva de futuro para nuestro pueblo. Se requiere un Estado fuerte que pueda brindar seguridad social, seguridad económica, buenos empleos y buenos salarios. En lo productivo, nos planteamos un nuevo proceso de reindustrialización del país con ejes económicos estratégicos. Nuestro programa debe ser político, social pero también económico.
Se propone concebir la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes transversales del desarrollo nacional, incluyendo el nuevo desafío de la economía digital y el conocimiento. Esto exige profundizar en la nueva matriz productiva y profundizar en nuestra caracterización de la clase trabajadora actual, el consumo de los trabajadores es uno de los motores de la economía.
El nuevo modelo de desarrollo debe concretarse más allá de fórmulas abstractas. Proponemos una nueva etapa de recuperación de la independencia económica y la soberanía nacional, en la que el Estado intervenga los mercados críticos para el costo de la vida mediante la propiedad pública en energía, minería, transporte y alimentos, y la nacionalización de servicios básicos, porque no toda política puede reducirse a subsidios o estímulos al empresariado.
En lo productivo, planteamos un proceso de complejización de la matriz productiva que supere el extractivismo, con ejes económicos estratégicos, planificación y la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes transversales; que aborde la automatización y la inteligencia artificial, y que se apoye en un Estado promotor del desarrollo: empresas públicas fuertes, tributación a las grandes fortunas, royalty portuario, empleo de calidad, reconversión laboral y ampliación del seguro de cesantía.
Sobre los recursos estratégicos, el Partido debe fijar una posición clara e industrializadora respecto del cobre y el litio, que garantice valor agregado y procesamiento local, junto a una política minera que avance en eliminar la subcontratación y revise el actual régimen de concesiones. La defensa de los recursos naturales, incluidas las tierras raras, debe ir de la mano de la defensa de los territorios indígenas frente al saqueo.
El modelo de desarrollo neoliberal se ha vuelto insostenible medioambientalmente, este es un fenómeno mundial que está provocando un cambio climático que amenaza con volver insostenible la vida humana. El programa del partido comunista debe abordar la sostenibilidad y sustentabilidad del crecimiento económico, bajo la premisa que las futuras generaciones deben tener las mismas condiciones para el desarrollo de la vida, fijando políticas medioambientales estrictas. Sin embargo, el cambio climático es un fenómeno mundial, por lo que debemos abordar este desafío de manera mancomunada, esta ya es una tarea internacional de los y las comunistas del planeta.
El nuevo modelo de desarrollo debe fortalecer a las pequeñas y medianas empresas como pilar de la economía y del empleo, y a las cooperativas, que resuelven necesidades concretas y disputan el modelo con vínculo social. Debe poner en valor la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria, atendiendo las contradicciones del mundo rural —la pérdida de suelo agrícola, la expansión fotovoltaica y agroexportadora, la situación de los pequeños agricultores y de los APR—, con énfasis en las mujeres rurales y en la preparación ante emergencias climáticas, recogiendo las propuestas del proceso programático presidencial sobre economía local, ruralidad y pueblos originarios.
Seguridad y derechos sociales
La propuesta programática en seguridad debe diferenciar el combate al crimen organizado de sus consecuencias en la calle, con una postura clara frente al narcotráfico y la narcocultura, protección de la infancia y la juventud, y un abordaje de las adicciones desde la salud mental. Debe recoger el conocimiento práctico de los gobiernos locales, por su llegada directa a los barrios, y ordenarse de modo que el Partido hable con una sola voz, desde el Parlamento hasta el territorio.
Hay que superar la desigualdad ganando derechos. El Programa debe articular la defensa irrenunciable del empleo digno; la salud pública como prioridad, con atención primaria fortalecida, acceso a especialistas y salud comunitaria y mental; la vivienda digna, con una mirada integral del habitar; la educación pública y su financiamiento; pensiones dignas y la protección de las personas mayores; un transporte digno, también en las zonas rurales. Debe profundizar en cultura, pueblos originarios, medio ambiente, género y diversidades, incluido el reconocimiento y la remuneración del trabajo de cuidados, y sostener la defensa de los derechos humanos sin un paso atrás frente a los indultos. Propuestas como los presupuestos participativos, la fiscalización ciudadana, el cooperativismo o los supermercados populares permiten mover el cerco de lo posible.
V. El trabajo de masas: tarea principal del período
La Conferencia reafirma que el trabajo de masas es la tarea principal del período y el centro de la actividad política y orgánica del Partido. Es complementario de la representación institucional, pero no está subordinado a él: es lo electoral lo que se subordina a la construcción de organización popular. Esto exige hacer política con el pueblo y no solo para el pueblo, saber para qué participamos en cada organización y evaluar nuestro trabajo por lo que hacemos en ella, no por cuántos cargos ocupamos. Detrás de cada necesidad existe una oportunidad de organización, y la respuesta al malestar no es competir con asistencia, sino poner la mejora de las condiciones materiales de vida en el centro de la acción colectiva.
Una sola clase trabajadora, una sola política de masas
No existe una nueva clase trabajadora, sino una sola clase con nuevas formas de trabajo: informalidad, subcontratación, trabajadoras en domicilio, trabajo a honorarios, plataformas digitales y precarización, atravesadas por el endeudamiento, que opera como mecanismo de proletarización y de control. Identificar al trabajador y la trabajadora de hoy y sus necesidades es una tarea prioritaria, como también analizar cómo la inteligencia artificial y el trabajo remoto profundizan formas de explotación. Es la misma persona quien enfrenta la precariedad en el trabajo y en su comuna, la lucha sindical y la territorial deben ser una sola política de masas.
La CUT sigue tomando fuerza y las políticas del gobierno crean condiciones para una mayor sindicalización. Impulsamos un sindicalismo de clase, combativo y unitario, que supere la dispersión y organice a quienes no lo están, incluidos los trabajadores eventuales y cesantes. Debemos pasar de demandas sectoriales aisladas a una coordinación multisectorial: el Partido debe contribuir en la organización de las masas, porque no basta con evaluar la unidad social, hay que generarla.
Alertamos sobre la escalada de violencia institucional y las crecientes expresiones de represión contra el movimiento social y sus legítimas demandas. Rechazamos todo intento de criminalizar la protesta, intimidar a sus dirigentes o restringir el derecho a la organización y movilización popular. Estas prácticas no pueden ser toleradas ni normalizadas en una sociedad democrática. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales y no responder con represión a las demandas de la ciudadanía. La defensa de las libertades democráticas y del derecho a la movilización constituye una tarea irrenunciable del movimiento popular.
Pobladores y territorio
El territorio es un espacio decisivo de organización y disputa política. Allí la clase trabajadora enfrenta el mercado del suelo, la vivienda, la deuda, la inseguridad y el acceso desigual a los servicios. Proponemos recuperar la presencia del Partido en juntas de vecinos, comités de vivienda, organizaciones comunitarias, cooperativas, agrupaciones de personas mayores, clubes deportivos y ferias libres, partiendo de lo que existe, mapeando aliados y formando dirigentes, y siendo contributivos a la articulación del movimiento de pobladores a escala comunal, regional y nacional.
Unidad social y articulación de las luchas
La unidad social y política es indispensable para detener a la ultraderecha y defender los derechos conquistados. Debe construirse de abajo hacia arriba, en torno a objetivos transformadores concretos y no solo en coordinaciones nacionales, transitando de la alianza electoral a una alianza con proyecto común. Esa unidad incluye a la CUT, la Confech, el movimiento feminista, los comités de vivienda, entre otros, entendiendo que se construye en torno a demandas compartidas, y respetando la autonomía de cada organización.
En esa perspectiva, el Partido debe desarrollar una política de diálogo permanente con el mundo ecuménico, reconociendo su diversidad, su presencia territorial y su labor social, en torno a preocupaciones comunes como la dignidad humana, la justicia social y la protección de las familias.
El Partido manifiesta su preocupación y su atención al papel que cumplen los pueblos originarios en la defensa de sus territorios, del medio ambiente, de su cosmovisión y de sus economías comunitarias, frente al avance del saqueo extractivo y de un modelo que los despoja. Reconocemos en esa lucha una expresión concreta de la disputa por la soberanía y por otra forma de relación con la naturaleza. Sostenemos que el Estado debe ser garante de las políticas públicas construidas con y para los pueblos originarios, las mismas que el actual gobierno pretende desmantelar mediante recortes y la reducción de su institucionalidad. Defendemos la restitución de las tierras usurpadas como una deuda histórica del Estado chileno, y exigimos el pleno reconocimiento y cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, en particular el derecho a la consulta previa, libre e informada. Rechazamos la criminalización de sus luchas y nos comprometemos a fortalecer nuestra relación política y orgánica con cada uno de los pueblos originarios.
De las demandas a la organización
La política de masas debe partir de las preocupaciones concretas de la población —empleo, salarios, vivienda, salud, educación, pensiones, seguridad y medio ambiente— y transformarlas en participación y organización. Las plataformas de demandas urgentes deben adecuarse a cada comuna y región y servir como herramienta de diálogo con las organizaciones sociales. Los presupuestos nacional, regionales y municipales ofrecen un terreno concreto para vincular necesidades y decisiones. Las comunidades no deben ser receptoras pasivas de prestaciones, sino protagonistas de la deliberación sobre sus condiciones de vida.
La perspectiva de género no puede quedar como enunciado general. Integramos de manera transversal las demandas de las mujeres trabajadoras, pobladoras, rurales y cuidadoras; abordamos los cuidados, las brechas laborales y la violencia de género como dimensiones materiales de la desigualdad; y defendemos a las diversidades y disidencias sexuales y de género, así como los derechos de la infancia. El trabajo de masas debe extenderse también a sectores hoy poco organizados: personas endeudadas, trabajadores de nuevas actividades tecnológicas, cuidadoras de personas con discapacidad o neurodivergentes, trabajadoras en domicilio, comunidades afectadas por conflictos ambientales y movimientos por la vivienda.
Frente al cambio climático que vive la humanidad, debemos avanzar hacia un movimiento socioambiental amplio de carácter popular, nacional e internacional, que dispute las decisiones sobre el uso de los bienes naturales y el desarrollo de los territorios, vinculando la justicia ambiental con la justicia social, la soberanía nacional y la opción de una alternativa democrática de desarrollo para los pueblos.
En los territorios, la seguridad requiere organización comunitaria, prevención y recuperación de espacios públicos, junto a iniciativas culturales, deportivas y de salud comunitaria que fortalezcan la convivencia y las oportunidades para niñas, niños y jóvenes. La cultura, el deporte, la educación popular y el cooperativismo son prácticas que construyen vínculos sociales y conciencia de clase, y el trabajo en derechos humanos con las nuevas generaciones y en el frente medioambiental abre nuevos espacios de inserción.
Regiones y descentralización
El trabajo de masas no puede reproducir las prioridades de la Región Metropolitana. Debe responder a la diversidad productiva y geográfica del país —regiones extremas, zonas rurales, territorios indígenas, minería, agroindustria y salmonicultura—, con mecanismos de adaptación regional de las orientaciones nacionales. Las direcciones nacional, regionales y comunales del Partido deben mantener relaciones regulares con las estructuras locales y las organizaciones sociales, y contribuir desde sus responsabilidades al conocimiento de los problemas territoriales.
Comunicación y disputa del sentido común
La hiperconcentración de los medios de comunicación y su impacto hegemónico, el avance de la tecnología, las redes sociales y la inteligencia artificial violentan la soberanía y el ejercicio de la democracia, que han tenido un impacto enorme y medible en aquello que se comunica, donde se han instalado fuertemente las fake news dentro del escenario político y electoral.
La capacidad de instalar líneas discursivas sin mayor sustento verificable suma un nuevo desafío a la comunicación política, ya no se trata solo de llegar con nuestros mensajes a la ciudadanía, sino que además debemos sortear los mensajes falsos que se instalan de manera masiva a partir del uso de los bots, alterando el sentido común y con ello la voluntad popular.
La disputa de la comunicación en el territorio digital sigue abierta, nos desafiamos como partido a incidir en este frente, disponiendo de todas nuestras herramientas y recursos existentes.
VI. Votos Políticos
La conferencia reafirma un voto político para ir en defensa de las víctimas del estallido social, que inició un 18 de octubre del 2019, poniendo al centro la necesaria reparación de las víctimas y el compromiso de no repetición por parte del Estado de Chile.
La conferencia reafirma un voto político en apoyo al hermano pueblo de Cuba, por la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto unilateralmente por los Estados Unidos de América contra Cuba, así mismo solicitamos que el gobierno de Chile vote favorablemente el fin del bloqueo frente a las Naciones Unidas.
Con Unidad, Organización y Lucha por la Paz, la Soberanía y la Democracia.
Mil veces, ¡Venceremos!
Demandas Urgentes para un Chile Justo, Próspero y Compartido
La plataforma de lucha para este periodo inmediato se ordena bajo la idea de: Demandas urgentes para un Chile Justo, Próspero y Compartido. Esta definición busca dar cuenta de la urgencia que tienen las propuestas de las y los comunistas en un momento de graves retrocesos para el pueblo de Chile, donde las demandas buscan marcar un horizonte de lucha por recuperar un país próspero, justo y compartido para la clase trabajadora de nuestro país.
Demandas
Un presupuesto reactivador con reposición de programas sociales y la consolidación de los derechos adquiridos por años de luchas del pueblo de Chile. El Presupuesto 2027 crece solo 1,5% y recorta 6% a los gobiernos regionales (unos $250 mil millones), 12,6% a culturas y 6,4% a ciencia. El presupuesto reactivador sería de $95,6 billones, un 10% más que en 2026: suma $7,4 billones (2% del PIB) en vivienda, inversión pública, IFE, subsidio al empleo, reposición de recortes, prevención municipal y transporte gratuito para personas mayores, y baja la tasa de desempleo de 9,6% a entre 8,0% y 8,5%.
Plan nacional para la creación de empleo, impulsado por inversión pública intensiva en trabajo asalariado con énfasis en la reactivación del tejido productivo de pequeñas y medianas empresas, del orden del 4,5% del PIB ($16,4 billones) en tres años (20272029), financiado con el impuesto a los súper ricos y con nueva deuda, para la creación de 500.000 empleos nuevos en la economía chilena, lo que baja la tasa de desempleo de 9,6% a entre 8,0% y 8,5%. Hoy la desocupación es de 9,6% y más de 980 mil personas buscan trabajo; el plan del gobierno apunta a solo 100 mil empleos con $1,3 billones (INE, junio-agosto 2026)
Usar el componente solidario del seguro de cesantía para trabajadores con ingresos bajo $1.500.000, como forma de permitir la complementación de sus ingresos por el periodo de seis meses. El fondo solidario acumula $3,65 billones y solo uno de cada cuatro desocupados recibe el seguro: 261.946 beneficiarios (Superintendencia de Pensiones, 2026)
Salario mínimo que permita vivir y política de salario vital, como plantea la CUT, con el objetivo que ninguna familia trabajadora viva bajo la línea de la pobreza medida por el ministerio de desarrollo social de $671.031, señalada para agosto de 2026 para un hogar de cuatro personas. El salario mínimo bruto es de $553.553 y cubre el 82% de esa línea; para una familia que arrienda la línea sube a $994.038 y cubre solo el 56%.
IFE de emergencia, acotado a tres meses, para las familias más afectadas por el desempleo, que signifique la mitad de un salario mínimo y el uso del seguro de cesantía. Son $276.777 mensuales; llegar a los 980 mil desocupados por tres meses costaría unos $814 mil millones, cerca de 0,2% del PIB.
Enfrentar el déficit de 491.904 viviendas y 1.428 campamentos con banco público de suelo, cooperativas y arriendo protegido, para la reactivación de la construcción con enfoque social. En los campamentos viven 120.584 familias, la cifra más alta desde 1996, y en 2026 se recortaron 20.413 subsidios DS49 (Censo 2024, TECHO-Chile,
Senado). Financiar 50.000 subsidios DS49 en 2027 cuesta $2,4 billones (0,66% del PIB), impulsa la demanda interna entre 0,7% y 1,4% del PIB y reduce la tasa de desempleo entre 0,7 y 1,6 puntos.
Solución al endeudamiento educativo y política de primer empleo para egresados. Hay 1.280.904 deudores del CAE, con una deuda promedio de $9,6 millones, y la desocupación juvenil llega a 23,6% (Comisión Ingresa, diciembre 2025; INE, abril-junio
2026). Un ejemplo es Uruguay: su Ley 19.973 crea la “práctica laboral para egresados”, un contrato de 6 a 12 meses para jóvenes de hasta 29 años con formación terminada que buscan su primer empleo, con un subsidio estatal al empleador de hasta 15% de dos salarios mínimos. En Portugal, el Estado financia entre 65% y 80% de pasantías pagadas de nueve meses para titulados.
Aumento del subsidio de empleo para mujeres y jóvenes, con el objetivo de aumentar en 2 puntos porcentuales su participación en el mercado laboral, lo que debe redundar en la creación de unos 220 mil empleos (170 mil mujeres y 50 mil jóvenes), con un monto de hasta 530 millones de dólares al año (estimación propia). Hoy la participación laboral femenina es de 53,0% y su desocupación de 10,3%. Empleo de las mujeres: medidas específicas de apoyo, subsidios a la contratación, fortalecimiento de pequeñas empresas y emprendimientos liderados por mujeres, y apoyo a las trabajadoras rurales. Por eso proponemos líneas de financiamiento y capacitación de Sercotec, FOSIS y BancoEstado reservadas para emprendimientos de mujeres, con apoyo a su formalización, y un componente rural del subsidio al empleo para las trabajadoras agrícolas y de temporada, ligado a la contratación formal y a salas cuna en las zonas rurales
Refinanciar un plan nacional de seguridad ciudadana, con recursos frescos a municipios y gobiernos regionales; con mayores recursos para Carabineros y la PDI, que aumente sus dotaciones y eficacia, con énfasis en la prevención de la delincuencia. Levantar el secreto bancario y perseguir de verdad el gigantesco negocio del narcotráfico. Mejorar los espacios urbanos, particularmente en los lugares comunes que hoy son foco de delincuencia. Coordinación y participación ciudadana organizada, con municipios y las policías. El presupuesto de seguridad sube 9,1% y financia 1.000 nuevos cupos en Carabineros, pero carga el esfuerzo en la respuesta policial y penitenciaria, recorta la prevención en los barrios y deja débil la persecución del dinero del narcotráfico (Gobierno de Chile, 2026). Los 1.000 nuevos cupos de Carabineros deben destinarse prioritariamente a vigilancia preventiva en las comunas con mayor victimización, con metas públicas de presencia policial en cada una. En prevención municipal, hay que revertir el recorte de 4,4% al Sistema Municipal de Seguridad y duplicar sus recursos, hoy de $17.105 millones, para financiar planes comunales, iluminación y recuperación de plazas y espacios comunes (Dipres, 2026). Finalmente, proponemos fortalecer los consejos comunales de seguridad pública con juntas de vecinos, comités de seguridad y policías, con un plan de trabajo y rendición de cuentas periódica en cada comuna.
Alimentos de la agricultura local para escuelas y hospitales: que JUNAEB compre el 30% de los alimentos del Programa de Alimentación Escolar a pymes agrícolas y a la agricultura familiar campesina, y que la misma regla se aplique a la alimentación de los hospitales públicos. Hoy las bases de licitación exigen solo 5% de compras locales y 2,5% a la agricultura familiar, que en 2023 vendió $4.126 millones al programa, menos del 0,4% de su presupuesto de $1,06 billones, mientras cinco empresas concentran más del 70% de las raciones (Dipres, 2025; INDAP, 2024). La meta movería entre $127 mil y $190 mil millones al año hacia productores locales, unas 30 a 46 veces lo que vende hoy la agricultura familiar, sin costo fiscal adicional porque redirige compras que ya se hacen.
Pasaje gratuito para las personas mayores: gratuidad en todos sus viajes en el transporte público, en todo el país y a toda hora. Hoy pagan una tarifa rebajada de 50%, $390 en la red de Santiago, y en Chile viven unas 2,6 millones de personas de 65 años y más, el 14% de la población (Censo 2024; Ministerio de Transportes). La gratuidad costaría entre $55 mil y $175 mil millones al año, cerca de 0,03% del PIB, financiables dentro del subsidio nacional al transporte público (estimación de ICAL).
Sistema nacional de transporte público rural e interurbano, con financiamiento estable y prioridad para las zonas rezagadas, y revisión de la Ley Espejo del Transantiago. El proyecto de Presupuesto 2027 recorta 78,5% la transferencia al Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional, que baja de $57.546 a $12.356 millones, y 31,5% las iniciativas de inversión del Ministerio de Transportes, mientras el Subsidio Nacional al Transporte Público suma $1,74 billones (Dipres, 2026). La revisión de la Ley Espejo debe asegurar que cada peso de subsidio a Santiago tenga su equivalente en regiones sin que pueda recortarse en la ley de presupuestos, y destinar una parte fija a servicios rurales e interurbanos en las comunas con peor conectividad. Reponer el fondo regional cuesta unos $45 mil millones en 2027, 0,01% del PIB (estimación de ICAL).
Financiar la inversión pública con el impuesto a los súper ricos (unos $6 billones por una vez, según la estimación del proyecto de 2020) y con nueva deuda por el resto, equivalente a 2,9% del PIB de Chile ($10,4 billones, cerca de 1% del PIB por año entre 2027 y 2029), porque la infraestructura apalanca nueva inversión privada y eleva el crecimiento de Chile en los próximos años, y financiar las medidas de ingreso postergando la rebaja tributaria a las grandes empresas. Postergar la rebaja libera unos $1,2 billones en 2027, $2,5 billones en 2028 y $3,6 billones desde 2029.
Plan Nacional de Fortalecimiento de la Salud Pública con financiamiento permanente para la atención primaria (CESFAM, SAR, Centros de Especialidades, etc.), que enfrente los recortes presupuestarios anunciados, reduzca las listas de espera y, desde la atención secundaria y terciaria, recupere la inversión en infraestructura hospitalaria y cierre las brechas de acceso en regiones y zonas rurales. Proponemos llevar el per cápita a $16.000 en dos años, con $0,44 billones en 2027 y $0,89 billones en régimen; reponer los $302 mil millones de financiamiento hospitalario para operar pabellones y reducir las listas de espera; reponer el nivel real de la Ley Ricarte Soto, unos $28 mil millones; y destinar parte del plan de inversión pública a hospitales, CESFAM y postas en regiones y zonas rurales. El costo adicional es de unos $0,77 billones en 2027, 0,2% del PIB, y sostiene unos 25 mil puestos de trabajo en salud (estimación de ICAL).
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| ILUSTRACIÓN RAMIRO ALONSO |
No dejar a nadie atrás, para todos, todo
Hoy en Chile hay familias que se levantan cada mañana sin saber si habrá trabajo. Padres y madres que recorren la ciudad con el currículum en la mano. Jóvenes que estudiaron, se endeudaron, y no encuentran su primer empleo. A ellos les hablamos hoy.
No venimos a pedir favores. Venimos a decir que el trabajo es un derecho, y que un país que deja a su gente sin trabajo está fallando en lo más básico.
Queremos que el Estado vuelva a construir. Viviendas para quienes esperan hace años. Hospitales, escuelas, barrios. Porque cada casa que se levanta es un techo para una familia, y es también el sueldo de un trabajador(a) de la construcción, de un maestro, de una pequeña empresa del barrio.
Y mientras ese trabajo llega, nadie puede quedar a la deriva. Quien perdió su empleo no puede perder también el pan de su mesa. Un ingreso de emergencia, un seguro de cesantía que de verdad proteja, y un salario que alcance para vivir. Eso no es caridad. Es lo mínimo que un país le debe a quienes lo sostienen todos los días.
Nos dicen que no hay plata. Pero sí hubo para bajarles los impuestos a los que más tienen. Nosotros decimos otra cosa: que la recuperación empiece por abajo, por la clase trabajadora, por las familias que la están pasando mal.
No dejar a nadie atrás. Ese es nuestro compromiso. Porque Chile sale adelante cuando salimos todos.
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| Parodia artística al estilo del pop art de Andy Warhol, en la que se sustituye a Mao Zedong por el presidente chino Xi Jinping. |
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