Nacional / El turbulento contrato en La Cisterna del candidato Fares Jadue (PC) que terminó con una denuncia en Contraloría / Desde 2022 a fines de 2023 Fares Jadue (PC), concejal de Recoleta y única carta oficialista para suceder al alcalde comunista Daniel Jadue, prestó servicios a honorarios en la Municipalidad de La Cisterna. Su rol era asesorar a distintos departamentos del organismo y apoyar en algunos programas. Sin embargo, lo que debía ser un paso laboral tranquilo, terminó de forma turbulenta y con una denuncia en Contraloría.
FARES JADUE.
FOTOGRAFÍA ELÍAS MIRANDA
Por Catalina Martínez | Mega Investiga
La legislación permite que concejales electos por otras comunas trabajen en diferentes municipalidades. Sin embargo, al igual que otros cargos, deben cumplir ciertos requisitos para recibir su remuneración pactada. Y eso era lo que, según la Dirección de Control de La Cisterna, no se estaba cumpliendo con Fares Jadue.
Durante ambos periodos esa oficina observó -en varias ocasiones- los informes mensuales que el edil presentaba para recibir sus remuneraciones, advirtiendo que no acreditaban que efectivamente el concejal de Recoleta realizara las funciones encomendadas en su contrato.
Esas alertas eran refutadas por el alcalde Joel Olmos Espinoza (Acción Humanista), quien de igual forma visaba el pago de honorarios para Fares Jadue. Una decisión que generó ruido en algunos concejales y en la propia Dirección de Control de La Cisterna, desde donde enviaron un reparo de ilegalidad a la Contraloría para advertir el hecho.
Actualmente, el ente fiscalizador está indagando la denuncia e incluso le solicitó antecedentes al municipio de La Cisterna. El concejal Jadue, por su parte, se defiende: “Yo cumplía con mi labor a cabalidad”.
Su llegada a La Cisterna
Fares Jadue arribó en noviembre de 2021 a la Municipalidad de La Cisterna, primero como dependiente de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) y luego, en 2022, como prestador de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).
Los primeros dos meses en la Dideco, cuenta el concejal de Recoleta a Mega Investiga, se pagaron con normalidad. Pero eso, profundiza, habría cambiado en marzo, cuando comenzó a trabajar en el desarrollo de una corporación de giro amplio, instruida por el alcalde Olmos.
“En ese minuto la directora de control estima que no sé si extralimito mi facultades, pero que no se ajustan específicamente a mi contrato”, explica Jadue, y agrega que tras sostener una conversación “tensa” con la jefa de Control, sus informes comenzaron a ser “siempre observados”.
La objeción a sus reportes laborales -relata el edil- le implicó un retraso en el pago mensual de sus remuneraciones y, por ende, “un perjuicio con el Servicio de Impuestos Internos, en situaciones que todavía tengo pendientes de resolver, producto de la permanente anulación de mis boletas a honorarios”.
Quienes conocen de cerca el asunto aseguran que las decisiones adoptadas por la Dirección de Control respondían a la falta de antecedentes para acreditar que efectivamente Jadue realizaba sus funciones. “Llegaban informes, pero él no se encontraba en el municipio”, cuentan en privado.
“No logra acreditar que realiza las funciones”
El mayor conflicto entre la Dirección de Control y el concejal de Recoleta llegó en 2023, cuando Jadue firmó un contrato a honorarios de enero a diciembre para prestar asesoría técnica en el diseño y planificación de programas sociales de la Dideco, por una remuneración de $1.595.559 millones brutos mensuales.
Aquel año, según el edil, los pagos de enero y febrero se realizaron de forma desfasada, pero agrega que el mayor problema fue con la remuneración de marzo, porque existió un retraso considerable.
Eso, dice, lo llevó a tomar una decisión: “Producto del no pago persistente y la anulación de boletas persistente, converso con mi jefatura y decido seguir prestando los servicios, pero no seguir emitiendo boletas para pago hasta que se me paguen los servicios que ya estaban informados”. Junto con eso, optó por finalizar anticipadamente su contrato.
Así, cuando se emitió el pago de marzo, que según Jadue fue entre julio y agosto, alistó los informes de los meses restantes -de abril a octubre- y los envió junto con las boletas de honorarios correspondientes, lo que fue inmediatamente refutado por la Dirección de Control.
El 21 de diciembre de 2023, esa oficina le envió al alcalde Olmos un reparo de ilegalidad -con copia a la Contraloría- con 16 argumentos que buscaban objetar los pagos de Jadue de esos seis meses. La primera justificación fue la tardanza en la presentación de los reportes de sus labores.
“Los informes presentados por el Sr. Jadue están fuera de plazo, esto es desde abril no se presentaba un informe por parte del prestador, entregando todos los informes, en el mes de noviembre, en circunstancia que deben ser presentados mensualmente”, se lee en el escrito de fiscalización de la Dirección de Control.
Seguidamente, el documento detalla otras observaciones que apuntan directamente con el contenido de la descripción de su trabajo, argumentando que no especificaban los avances de las labores por las que fue contratado Jadue y que el edil se extralimitó de las funciones establecidas en su acuerdo de trabajo.
“El prestador no ha podido acreditar con sus informes que efectivamente haya realizado las labores que le impone el contrato”, dice el punto 14 del memorándum.
Junto con eso, la Dirección de Control también planteó que se infringió el principio del buen uso de los recursos públicos, ya que se estaría contratando a prestadores que “no efectúan las labores que señalan sus contratos y que no pueden justificar lo que hacen”.
Por último, el documento sentenció que “la forma en que se ha producido la infracción a la ley (por parte del municipio) consiste en pretender pagar honorarios, no siendo menores, a un prestador que no logra acreditar que efectivamente realiza las funciones que le encomienda su contrato y que no cuenta con los antecedentes que justifique efectuar su pago”.
La defensa del municipio
Pero pese a las observaciones de la Dirección de Control, en todas las ocasiones el alcalde Olmos autorizó los pagos para Fares Jadue.
La última vez fue el 29 de diciembre de 2023, luego de recibir el reparo de ilegalidad y mediante un decreto alcaldicio: “A juicio de este jefe de servicio, corresponde dar curso al pago por la efectividad de los servicios prestados, encontrándose plenamente acreditados”.
En ese decreto, el jefe comunal refutó las diversas observaciones de la Dirección de Control y aseguró que, tras una revisión de antecedentes, constató el cumplimiento de los servicios contratados por parte de Jadue.
Ese mismo argumento presentó la Municipalidad de La Cisterna ante la Contraloría, luego de que la Dirección de Control alertara al ente fiscalizador de esta situación.
“En cuanto a la no ejecución de labores realizadas, de acuerdo a las funciones estipuladas en el contrato del prestador, según aduce la Directora de Control, podemos señalar que todas las actividades realizadas por don Fares Jadue Leiva se encuentran circunscritas a sus funciones”, dice el oficio ordinario enviado por el municipio, en el que agregaron que es el director de la Dideco quien tiene la potestad para evaluar la calidad del producto entregado.
Sobre el desfase en la entrega de informes que constató la Dirección de Control, precisaron a la Contraloría que no incurre en una “extemporaneidad”, puesto que “no existe por contrato plazo de entrega para dichos instrumentos, (...) por lo que el prestador bien podría haberlos entregado al término de cada mes o siete meses después”.
Tras un requerimiento de Mega Investiga, desde el municipio remarcaron también que las observaciones expuestas por la Dirección de Control fueron revisadas por la División Jurídica, pero que dicha oficina concluyó que todo se ajustó con la normativa vigente.
En la misma respuesta, además, apuntaron contra la Dirección de Control, asegurando que “ha hecho uso de sus facultades en un modo que no se ajusta a lo pretendido por el legislador” y que “no constituye un real aporte al funcionamiento de esta municipalidad, sino más bien entorpece el desarrollo de la misma”.
Tanto la Municipalidad de La Cisterna como la Dirección de Control están a la espera de la resolución de Contraloría, para dilucidar si existieron irregularidades. El concejal Fares Jadue, en tanto, asegura que -de momento- no ha sido notificado de ninguna denuncia.
