Araucaria: UNA FIRMA ESPAÑOLA LIMPIA EN LA RED LA IMAGEN DE CORRUPTOS, ABUSADORES Y NARCOS DE 54 PAÍSES

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ILUSTRACIÓN ELIMINALIA / FORBIDDEN STORIES

Eliminalia emplea noticias falsas, webs clonadas y bots para engañar a Google, según una investigación de Forbidden Stories y EL PAÍS, que revela por primera vez la relación de clientes de la compañía

JOSÉ MARÍA IRUJO y JOAQUÍN GIL

La empresa catalana Eliminalia ha ganado en la última década millones de euros por limpiar la reputación en internet de centenares de condenados e investigados en 54 países por corrupción, blanqueo, abusos sexuales y narcotráfico. Así lo ha acreditado una investigación de la organización de periodistas Forbidden Stories, donde participa EL PAÍS con más de una veintena de medios como The Washington Post, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y Haaretz, y que revela las tretas de desinformación de esta compañía para aniquilar contenido digital. El empleo de webs falsas o el uso fraudulento de leyes de propiedad intelectual son sus principales armas.

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Un centenar de reporteros ha analizado una filtración de 50.000 documentos que incluye contratos, pasaportes, contenidos a borrar y tarifas abonadas por cerca de 1.500 usuarios. La iniciativa se enmarca en el proyecto Story killers (exterminadores de reportajes, en inglés), que desgrana la industria de la desinformación.

FOTO ILUSTRACIÓN DE EDER RODRÍGUEZ

Con 774 clientes, España es el principal mercado de Eliminalia, seguido de Italia (300 usuarios), México (159), el Reino Unido (126) y Colombia (73). La nómina española de particulares que tocaron a la puerta de esta compañía abarca desde Adrián de la Joya, empresario conectado al excomisario José Manuel Villarejo, al exmiembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Ramón Camp i Batalla. Hay también personajes menos públicos, como un policía condenado por violencia o un sacerdote arrestado por saquear a viudas.

HERNÁN HORACIO TARICCO LAVIN

Eliminalia ha centrado también su radar en Latinoamérica. Exgobernadores atenazados por la corrupción, como el priista mexicano de Veracruz Javier Duarte o médicos con tenebroso pasado vinculado a la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), el brazo represor de la dictadura del general chileno Augusto Pinochet (1973-1990), como Hernán Horacio Taricco Lavin, figuran en la nómina internacional de clientes. Junto a ellos, aparecen una compañía italiana multada por vender sistemas de espionaje al régimen sirio (Area Spa) o un banco suizo que acogió las fortunas de presuntos blanqueadores venezolanos (CBH Compagnie Bancaire Helvétique). Dos portales de periodismo de investigación, Maka Angola y The Elephant, acabaron también en la mirilla de esta empresa que esgrime el eslogan “Borramos tu pasado”.

Las tarifas que desembolsan políticos, narcotraficantes, abusadores sexuales, delincuentes de cuello blanco y empresarios en apuros por evaporar su pasado digital oscilan entre los 500 euros por una web ―según un contrato de 2018― y los 400.000 euros, según los artículos a neutralizar y su complejidad.

Para conseguir su propósito, la firma recurre a distintas tácticas de desinformación. Una es el envío a buscadores y compañías de alojamiento web de peticiones que denuncian la falsa vulneración de derechos de autor. Entre 2015 y 2021, Eliminalia remitió miles de estos requerimientos fraudulentos con el argumento de que afectaban a información ya publicada. Y recurrió a sociedades pantalla para ocultar su rastro.

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Engañar al algoritmo

Otro plan para evaporar contenido no deseado consiste en engañar al algoritmo de buscadores como Google para que posicione mejor noticias creadas ad hoc por Eliminalia en webs falsas. Se trata de artículos que destacan supuestas bondades de los clientes y que entierran en Internet la información a marginar.

Eliminalia recurre para este cometido a una telaraña de 600 webs que controla a través de su compañía de Florida, Maidan Holding, según el analista técnico Tord Lundstrom. Decenas de portales fraudulentos con apariencia real como Le Monde France, London New Times, y CNNEWS Today han publicado artículos sobre clientes de la compañía.

Fundada en 2013 por Diego (Dídac) Sánchez Jiménez, un treintañero que se presenta como un emprendedor “hecho a sí mismo” y que es autor del libro El secreto del éxito, Eliminalia ha extendido su red por 12 países. Italia, Suiza, Turquía y EE UU componen un organigrama que tiene uno de sus cuarteles generales en Tbilisi (Georgia), donde la compañía trasladó su sede de Kiev en febrero de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

Junto a Sánchez, el estratega de Eliminalia es José María Hill Prados, de 62 años. Fundador de la organización de acogida de niños rusos Padres para Siempre, este empresario pasa por ser el cerebro de la expansión internacional. Los servicios de inteligencia españoles explican la elección de Ucrania como epicentro de operaciones de Eliminalia hasta el pasado año con una razón fundamental: “Es un país donde los controles de lavado de dinero son casi inexistentes”, señalan.

A través de madejas societarias, el fundador de Eliminalia controla varias compañías con su socio Hill Prados, que fue condenado por la Audiencia de Barcelona a ocho años de prisión por abusar de un menor en 2005.

Sánchez y Hill Prados han declinado contestar a las preguntas de este diario. El despacho parisino de abogados Montmartre, representado por los letrados David y Pascal Winter, ha respondido que “la mayoría de las preguntas remitidas a Eliminalia afectan al secreto profesional o a una solicitud de información sobre clientes de la que no pueden responder”.

Con unos ingresos declarados en 2021 de 791.110 euros, frente a los 1,7 millones del año anterior, la firma con la que opera la compañía en España (Eliminalia 2013 S.L.) cambió el pasado 20 de enero su denominación. Justo cuando encaraba la recta final esta investigación periodística. Su nuevo nombre es Idata Protection S. L., según el Registro Mercantil.

En la planta de un coqueto edificio de negocios de la vía comercial barcelonesa de la Avenida Portal de l’Àngel, un rótulo daba cuenta de esta modificación. “La empresa se llama Idata Protection, pero pertenecemos a Eliminalia”, explica a EL PAÍS una de las tres empleadas de la pequeña oficina. Otra trabajadora confirma por teléfono que la compañía se dedica ahora a la protección de datos y que Sánchez no se encuentra en Barcelona.

Estos son algunos de los clientes más relevantes de Eliminalia en España. Sus fichas incluyen las tarifas que abonaron y el contenido que quisieron aniquilar del ciberespacio.

Adrián de la Joya

Empresario vinculado al comisario jubilado José Manuel Villarejo y salpicado en escándalos de corrupción como el caso Gürtel, El Pequeño Nicolás o la trama Lezo. Fue detenido en la investigación por las andanzas del expolicía. Mantiene una estrecha relación con el mercader de armas libanés Abderramán El Assir: ambos están casados con las hermanas Fernández Longoria, hijas de un exembajador de España en Egipto. De la Joya, investigado en el caso Villarejo, contrató a Eliminalia en diciembre de 2016. Pagó 16.000 euros para que desaparecieran 13 noticias de medios como publico.es o vozpopuli.com. Los artículos denunciaban su relación con Villarejo y el extesorero del PP Luis Bárcenas y sus nexos con el constructor Francisco Hernando, más conocido como Paco, El Pocero. De la Joya ha declinado responder a las preguntas de este diario.

José Mestre Fernández

Empresario catalán, de 64 años, exdirector general de Terminal Cataluña (Tercat), empresa que gestionaba una terminal de carga del puerto de Barcelona. Amigo del rey emérito, está considerado uno de los hombres más ricos de Cataluña. En 2010, recibió un premio como mejor empresario del año en el sector logístico. Y, cinco años después, fue condenado a 12 años de cárcel por facilitar la entrada de 186 kilos de cocaína en el MSC Corinna, un barco de bandera panameña que atracó en la capital catalana en junio de 2010. Mestre figura en la lista de 12 empresarios que Corinna Larsen, expareja de Juan Carlos I, encargó investigar a un detective suizo como supuestos testaferros del exjefe del Estado. El empresario pagó a Eliminalia 30.249 euros entre 2016 y 2020 por desindexar de Google más de 200 noticias publicadas en EL PAÍS, El Mundo, La Vanguardia, La Razón y El Confidencial sobre su condena, presencia en la Lista Falciani y un robo en su casa en Barcelona. Este diario ha intentado recabar sin éxito la versión de Mestre.

Ramón Camp i Batalla

Antiguo diputado y senador de CiU y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, Camp i Batalla, que ejerce como abogado en el despacho Roca Junyent, pagó 7.380 euros para que se ocultaran o desaparecieran noticias como “El TSJC investiga si Ramón Camp prevaricó en unas oposiciones” de emporda.info o “Un informe de la fiscalía vincula a Puigdemont con un empresario de la trama del 3%” de la web de RTVE. El exdiputado asegura que su encargo a Eliminalia fue “absolutamente legítimo y amparado por el derecho al olvido”. Y que contrató a la firma por unas informaciones sobre una querella de 2008 que fue archivada. “Durante diez años tuve que ver y soportar las referencias a esta querella, en las redes, sin ninguna mención a su archivo”, indica.

Juan Hormaechea

Fue alcalde de Santander durante dos legislaturas (1987-1990 y 1991-1995). El exdirigente, que falleció en 2020 a los 81 años, requirió los servicios de esta compañía en 2017. Solicitó la desindexación de seis noticias de EL PAÍS y Periodista Digital, así como de un perfil de Wikipedia. Abonó 4.416 euros. Hormaechea dejó la política tras dimitir de su cargo y ser condenado a seis años de prisión y 14 de inhabilitación por malversación y prevaricación. Evitó la cárcel gracias a un indulto.

Ramón e Higini Cierco

Los máximos accionistas de la extinta Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad intervenida en marzo de 2015 por el presunto blanqueo de fondos de grupos criminales, abonaron a Eliminalia, al menos, 225.489 euros entre 2016 y 2020 para enterrar en la red centenares de noticias sobre la caída de la institución financiera, los fondos ocultos en la BPA por la familia del expresidente catalán Jordi Pujol o la presunta conexión con el excomisario José Manuel Villarejo. Las informaciones a aniquilar se publicaron en medios como El Confidencial, La Vanguardia y Crónica Global. Los Cierco usaron para este cometido las empresas Nearco Estrategias de posicionamiento de crisis y Grup Inmobiliari Cierco S.A. Un abogado de la familia asegura que sus clientes no habrían contratado a Eliminalia de haber conocido sus técnicas.

Xavier Mayol González

El exdirector general adjunto de la extinta BPA contrató a Eliminalia en 2017 para desindexar 18 noticias publicadas en EL PAÍS, El Mundo y Cinco Días, entre otros. Mayol pagó 13.156 euros. El exejecutivo, que está siendo investigado en Andorra, ha declinado responder las preguntas de EL PAÍS.

José Nogueira García

Armador gallego extraditado en 2008 de Uruguay por su participación en una red de narcotráfico que operaba con cocaína entre el Río de la Plata y las costas españolas. Implicado en la Operación Huracán, que permitió la captura en alta mar del barco nodriza Río Manzanares con 2.500 kilos de cocaína. Fue condenado a nueve años de prisión. Pagó entre 2018 y 2019 a Eliminalia 17.725 euros por borrar noticias de diarios como La Voz de Galicia y titulares como “Uruguay extradita al arousano José Nogueira detenido como jefe de una red de narcotráfico”. Este diario ha intentado sin éxito recabar la versión del armador.

Paul Abasolo Amantegui

Exjugador de fútbol del Portugalete condenado a tres años de prisión por delitos de abusos sexuales a tres mujeres e indultado en 2011. Abonó 21.445 euros por desindexar más de 30 enlaces con noticias relacionadas con sus abusos en Abc, El Mundo, El Confidencial y EITB, según figura en su contrato de 2018. Abasolo ha declinado responder a este diario.

Antonio Aguilera Sánchez

Socio del productor y ventrílocuo José Luis Moreno, presunto cabecilla de la Operación Titella (marioneta en catalán), que investiga una red que perpetró millonarias estafas a bancos. Su contrato está fechado en 2020 y establece un pago, como mínimo, de 5.173 euros por borrar noticias de esta trama que supuestamente contrataba créditos que no abonaba y desviaba al extranjero. “Decidimos bloquear cualquier tipo de relación [con Eliminalia] tan pronto nos dimos cuenta de que su forma de operar no era congruente con nuestras buenas prácticas”, indica Andrea Baggio, ejecutivo ReputationUp, el intermediario que usó Aguilera para contratar a Eliminalia, según los documentos.

Antonio Herrero Lázaro

Detenido en la Operación Pompeya, que desmanteló una red de burdeles en España y blanqueo. Un juez de la Audiencia Nacional atribuyó a 32 investigados de esta trama un fraude fiscal de 111 millones de euros. En la cúspide, figura Herrero, que contrató entre 2015 y 2017 por 15.531 euros la desaparición de 17 noticias sobre el caso en laverdademurcia.es, Interviú (reportaje Los amos de los burdeles), elperiodico.com y burbuja.info (El rey de los burdeles). A través de su abogado, Jesús Miana, el empresario ha declinado responder a este diario.

Tomás Sánchez Pacheco

Presunto estafador inmobiliario detenido en 15 ocasiones. Contrató a Eliminalia entre 2020 y 2021. Desembolsó 20.000 euros por ocultar informaciones sobre su supuesta actividad delictiva en la web telecinco.es y foros como burbuja.info, entre otros. Este periódico ha intentado sin éxito recabar su versión.

Eloy Álvarez Suárez

Endocrinólogo condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación por la Audiencia Provincial de León por abusos sexuales a tres jóvenes. Abonó 1.391 euros en 2018 a Eliminalia por ocultar 10 noticias sobre su caso. Este periódico ha intentado sin éxito recabar su versión.

Víctor Bayona Viedma

Policía local condenado a dos años de prisión por violencia contra un detenido de Trinidad y Tobago. En su contrato de 2021, figura un pagó de 1.028 euros por eliminar informaciones sobre su caso. Este periódico ha intentado sin éxito recabar su versión.

David Vargas Pino

Sacerdote expulsado de la Iglesia en 2013 tras un escándalo sexual. Fue detenido por los Mossos d’Esquadra por estafar y saquear a viudas y personas vulnerables. En el contrato con Eliminalia no consta la cantidad que abonó. Este periódico ha intentado sin éxito recabar su versión.

investigacion@elpais.es